El problema de la restitución de las tierras usurpadas

Noviembre de 2008

 El problema del despojo de tierras por violencia puede comprenderse desde tres relaciones fundamentales:

1)      La relación entre los victimarios y las tierras despojadas;

2)      La relación entre las víctimas y las tierras abandonadas o perdidas;

3)      La relación entre la violencia y el abandono de tierras.

La primera determina las posibilidades de recuperación de la tierra despojada de manos de los usurpadores. La segunda se refiere a las pruebas de la anterior relación de las víctimas con las tierras y remite al problema de la precariedad de la titulación que acredita la propiedad campesina de las tierras. La tercera permite la focalización regional y local del despojo de tierras y remite a los dominios territoriales de los grupos armados responsables del despojo y su relación con los cambios de titularidad o posesión de la tierra, igual que a los lugares de origen del desplazamiento y el abandono de tierras.

La relación entre victimarios y tierras es difusa porque está disfrazada bajo diversas formas de ocultamiento, desde la titularidad en cabeza de familiares y testaferros hasta los traspasos sucesivos a terceros de buena fe, a sociedades de inversión e incluso a bancos como dación en pago de créditos. Finalmente resulta difícil probar la relación entre victimarios y los actuales titulares de tierras despojadas. La reparación prevista en la ley 975 (Ley de Justicia y Paz) opera en el marco de esta relación, bien sea por entrega voluntaria de los usurpadores o por persecución a los testaferros que detentan las tierras despojadas. Los nuevos dueños, ajenos a los victimarios, se amparan tras la muralla de garantías legales que protegen los derechos de propiedad  y en el interés colectivo de todos los propietarios de evitar que se abran boquetes en esa muralla legal.

La relación entre víctimas y tierra despojada también es problemática por la precariedad de la titulación de la propiedad campesina y el atraso de la formación y actualización catastral. Solo el 30% de quienes abandonaron predios se declara propietario titular y la mayoría de los despojados declara que tenía posesiones o mera tenencia de la tierra. Existe además el problema de detectar y excluir a los oportunistas que reclaman la restitución de predios sin tener derecho para ello, por el interés de capturar recursos ofrecidos a las víctimas.

La relación más sólida es la que existe entre dominios armados y despojo de la tierra, porque las evidencias sobre los fenómenos están documentadas en los registros de actos de violencia como asesinatos, masacres, desplazamiento y presión armada sobre la población y además pueden ser georreferenciados con gran nivel de detalle. Una vez identificada la región donde ocurrió el despojo de tierras, las relaciones anteriores entre victimario y tierra y entre víctimas y abandono de la tierra se invierten a favor de las víctimas. La mayor focalización permite revelar con claridad las áreas donde se concentró el despojo y por tanto determina una mayor tasa de éxito en la clarificación de los titulares originales de la tenencia, la posesión y la propiedad. También permite invertir la carga de la prueba en contra de los detentadores actuales, cuando se contrastan con los reclamantes que afirman ser los verdaderos dueños.

En esta situación opera un principio de economía procesal para la agencia encargada de recuperar y restituir los derechos perdidos por violencia. Funciona con mayor eficacia el mecanismo de las reclamaciones de las víctimas como un indicio seguro de la existencia de modos ilegales de adquisición de la propiedad. También se puede controlar mejor la infiltración de oportunistas, porque se pueden construir “mapas sociales” si se localizan y contrastan las reclamaciones de las víctimas con los predios en una cartografía predial existente, o si ésta no existe, se puede elaborar con base en los mapas sociales controlados por las comunidades desplazadas. Finalmente, la agencia responsable de la restitución de tierras puede concentrar su tarea por regiones consiguiendo economías de escala y mayor eficiencia en el uso del tiempo y los recursos de los funcionarios encargados de resolver las reclamaciones, en vez de hacerlo adelantando procesos individuales por cada reclamación.

En este enfoque geográfico cobra todo su valor el acopio de informaciones sobre actos de violencia, registros de desplazamiento y denuncias de despojo que se ha acumulado en diferentes bases de datos. La sistematización geográfica de la información opera como un poderoso banco de pruebas que ahorra el dispendioso trabajo de elaborarlas caso por caso y por tanto hace más eficaz y rápido el trabajo de recuperar y restituir los derechos territoriales perdidos.

En los casos de los territorios colectivos de minorías étnicas es todavía más fácil adelantar los procesos, porque se cuenta con la delimitación del territorio usurpado y con la existencia de relaciones comunitarias que reclaman derechos colectivos. Las presunciones a favor de las víctimas de despojo son más fuertes y las posibilidades de oposición legal de los detentadores actuales de la tierra que no pertenezcan a la minoría étnica son casi inexistentes.

 

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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