El problema de la tierra en la guerra y la paz

Alejandro Reyes Posada

7-8-09

El estado colombiano tiene características especiales que favorecen la violencia. La primera es que el poder estatal efectivo no alcanza a cubrir su territorio. La infraestructura estatal, es decir, la ¨capacidad institucional de un estado central, despótico o no, para penetrar sus territorios e implementar logísticamente decisiones¨, para usar una definición de Michael Mann[1], escasamente alcanza a las ciudades y a los pueblos mas grandes, y deja por fuera de su poder a la mayoría de la población rural y aun a los marginales urbanos. Este vacio de poder invita a las organizaciones de violencia a ejercer dominaciones locales y a transferir rentas por la fuerza para financiar la dominación.

El régimen político colombiano, en segundo lugar, es más excluyente que incluyente. Las únicas dos oportunidades históricas en las cuales pudo haber llegado al poder un movimiento populista integrador por medio del voto, en 1948 con Jorge Eliecer Gaitán y en 1970 con Gustavo Rojas Pinilla, fueron frustradas por el asesinato del líder, la primera, y por el fraude contra el candidato de la Alianza Nacional Popular, la segunda. La república señorial prefirió asegurar su mandato restringido, en vez de arriesgarse a expandir la democracia con la integración del pueblo a las decisiones políticas.

Tercero, la organización del estado colombiano se acerca mas al tipo ¨patrimonial clientelista¨ que al tipo ¨racional burocrático¨, lo cual debilita todavía mas su eficacia y recorta su legitimidad. [2] Este tipo de organización hizo mucho mas vulnerable al estado frente a la marea de corrupción que trajo consigo el rápido enriquecimiento de nuevas capas sociales por el narcotráfico. También aceleró el deterioro de su poder, poco capaz de contrarrestar la generalización de la violencia de las organizaciones armadas y la criminalidad común.

El precio que Colombia paga por la carencia de una organización estatal democrática y moderna es la violencia. Las guerrillas surgieron como respuesta a la agresión del ejército contra comunidades campesinas y prosperaron porque el estado no empleó la estrategia política ni la fuerza militar necesaria para vencerlas. Los paramilitares nacieron como una alianza de sectores sociales dueños de la tierra, incluidos algunos capos del narcotráfico, y crecieron por la ambivalencia y la incapacidad del estado para enfrentarlos. La criminalidad organizada prosperó en muchos negocios rentísticos, desde el secuestro, el robo de autos o de gasolina, hasta la explotación de esmeraldas o del mercado de las drogas, porque cualquier organización puede acumular la cantidad de fuerza necesaria para funcionar sin sufrir un gran riesgo de ser confrontada eficazmente por el estado.

La superación de la guerra solo parece probable cuando el país se decida a encaminarse hacia un estado moderno, depositario del monopolio legítimo de la fuerza y responsable de la protección de los derechos de toda la población, incluidos los excombatientes de la guerra. De lo contrario, los líderes armados no querrán entregar sus armas a disposición del adversario militar, si juzgan que permanece como miembro o aliado de la dirección política de lo que difícilmente puede llamarse un estado serio. El dilema de la seguridad que planteó, entre otros, Barbara Walter, para referirse a las situaciones en las cuales las partes preferían seguir la guerra en vez de terminarla, por los temores asociados a la deposición de las armas en un pacto de paz, opera con toda su vigencia en Colombia, especialmente después del exterminio de la Unión Patriótica, el partido creado por las Farc en 1986. [3]

La relación del poder estatal con la geografía política y social de Colombia explica muchas de las condiciones estructurales que han influido en la persistencia de la lucha armada y en las dificultades para resolver el conflicto. El Estado no ha sido capaz de reconocer y garantizar derechos de propiedad transparentes sobre la tierra ni ha podido controlar las rutas para movilizar los productos de exportación. Tampoco ha podido imponer un sistema equitativo de impuestos sobre la propiedad o la riqueza y por tanto no tiene los recursos para satisfacer las necesidades básicas de los sectores excluidos de la población.

La confrontación armada en Colombia ha sido fundamentalmente una guerra por el territorio, porque la tierra ha sido históricamente la fuente de rentas privilegiadas para los ricos y el recurso de supervivencia de los pobres. Por eso es necesario examinar en primer lugar las raíces y dimensiones agrarias de la violencia. Las mejores tierras del país han sido colonizadas por campesinos y apropiadas luego sistemáticamente por los hacendados. Así se expandió la ganadería extensiva en la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales, después de haber ocupado durante varios siglos las altiplanicies y los valles interandinos.

El secreto de esta forma primitiva de acumulación de capital para las elites regionales colombianas es la resistencia, negligencia, incapacidad u oposición del estado para reconocer, formalizar, titular y proteger los derechos sobre la tierra de las comunidades campesinas. El campesino ha sido reducido a colonizar nuevos territorios sin apoyo estatal, bajo el supuesto de que el país tenía una frontera abierta ilimitada para conquistar, sin necesidad de repartir la tierra sometida al régimen de monopolio rentístico. Su trabajo sobre la tierra, en ausencia de título, no se capitaliza en el valor de la propiedad y reduce al colono al papel de un vendedor de “mejoras” o posesiones que son acumuladas a continuación en ganadería extensiva.

Monopolio de las mejores tierras y ausencia del Estado son las dos características de esta fórmula política de la gran propiedad. Con el espíritu feudal de los señores de la tierra, heredado del ansia de honor que se despertó entre los españoles que venían a América, la propiedad privada de la tierra dejó de ser el motor de la prosperidad para ser el capital muerto de cuyas rentas pudo sobrevivir una clase dominante regional llena de pretensión e incompetencia empresarial. Y la casi ausencia de impuestos sobre la tierra reduce a cero el costo de oportunidad de acumular capital en tierras sin producir, al mismo tiempo que mantiene raquíticos a los municipios, ausente al estado y empobrecida a la población rural.

El país debe adoptar políticas para clarificar y formalizar los derechos de propiedad, recuperar las tierras obtenidas por violencia y enriquecimiento ilícito, restituir la tierra a las víctimas de usurpación y desplazamiento y facilitar el acceso a la tierra para poblaciones que deban reubicarse por razones ambientales, productivas y sociales. Es imperioso usar racionalmente el territorio productivo mediante el cultivo  más intensivo de los mejores suelos, la reducción de la presión demográfica sobre las áreas que deberían conservarse y el ordenamiento de la población campesina en el territorio mejor dotado de infraestructura y servicios estatales.

Es muy probable que el conflicto armado con las guerrillas haya pasado su momento de negociación. Colombia optó por recuperar la soberanía estatal sobre el territorio y consolidar la seguridad en todos los frentes del conflicto: desmovilización de los grupos paramilitares, combate frontal con las guerrillas, lucha contra las bandas emergentes del narcotráfico y contra la delincuencia común. La desmovilización paramilitar dejó una secuela de grupos organizados del crimen organizado y un aumento de la delincuencia común en las ciudades de destino y lo más probable es que la desmovilización eventual de grupos de guerrilleros siga el mismo curso. De esta forma, el problema colombiano parece estar derivando hacia un problema de eficacia de la policía y los servicios estatales de justicia, prevención y conciliación de conflictos.

Si se descarta definitivamente la vía de negociar reformas estructurales con las guerrillas como precio de la paz, se abre la perspectiva de resolver los conflictos sociales como resultado de la iniciativa del sistema político para consolidar las ganancias en seguridad y recuperar la lealtad de la población con el estado. Este viraje requiere también cambiar la perspectiva de análisis para volver a la idea de un estado en construcción, en ocasiones cercano a la definición de un estado frágil o casi fallido, que no ha logrado imponer la ley en el territorio.

En esta nueva perspectiva, ningún programa estatal tendría mayor impacto en la distribución de las oportunidades de vida y la consolidación de la seguridad que el reconocimiento de los derechos de propiedad del campesinado sobre los territorios recuperados de los actores armados. Exigiría reordenar la distribución de la población rural en mejores tierras, con oferta de bienes públicos, titular la pequeña propiedad, estabilizar la frontera de colonización y cerrar su expansión, reubicar dentro de la frontera a los cultivadores ilícitos, proteger y sanear las reservas territoriales indígenas y negras, conservar las tierras cuya vocación es la generación del agua y recuperar y restituir la tierra usurpada a los desplazados.

Un nuevo modelo de desarrollo agrario que incluya la economía campesina permite asociar capital y trabajo en la misma población regional, que está interesada, más que cualquier inversionista, en conservar los recursos naturales y mejorar la infraestructura y los servicios estatales de la región. La alternativa es la que tiende a imponerse de hecho si el gobierno no formaliza y restituye los derechos territoriales de la población campesina: la mayor seguridad estimula la confianza de inversionistas, quienes ofrecen comprar posesiones o mejoras a bajo precio para englobar grandes extensiones para monocultivos empresariales y reproducen el ciclo migratorio de los colonos, mientras generan trabajo asalariado. El resultado es menor cohesión social y mayor conflictividad, como muestra claramente el modelo de desarrollo de Urabá. Un programa de consolidación debe transformar la mayor seguridad democrática en confianza inversionista de las comunidades regionales, para que asuman el control de su desarrollo, y en mayor cohesión social, que depende de la amplia distribución de oportunidades de progreso.

La negociación de paz se transforma entonces en una negociación ampliada del estado con la población campesina en las regiones afectadas por la guerra, que se concreta en un pacto social para reconocer los derechos que tienen como ciudadanos, empezando por la propiedad de la tierra. El resultado es la recuperación de la lealtad de la población con el estado y el debilitamiento definitivo del escaso apoyo popular a las guerrillas y otras organizaciones armadas y la legalización del comportamiento económico, para debilitar también la economía ilegal del narcotráfico.

En este marco de ideas cobran todo su valor los programas de desarrollo y paz, como el que se desplegó en el Magdalena Medio y otras 18 regiones del país, así como los programas de consolidación de la seguridad agenciados por el actual gobierno.


[1] 1993, The Sources of State Power, Vol. II, The Rise of Classes and Nation States, 1760 1914, Cambridge, UK, Cambridge University Press., citado por  Jeff Goodwin, No other way out, States and revolutionary movements 1945 1991, Cambridge University Press, 2001.

[2] Esta es la formulación hecha por Jeff Goodwin en una conferencia sobre la crisis colombiana dictada en el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, el 11 de octubre de 2001.

[3] Barbara Walter, Designing Transitions from Civil War, in Barbara Walter and Jack Snyder, Editors, Civil Wars, Insecurity and Intervention, New York, Columbia University Press, 1999.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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