Violencia y orden social en Colombia: una nueva perspectiva

Alejandro Reyes Posada

Dos tipos de sociedades

El último libro de Douglas North, Barry Weingast y John Wallis, “Violence and Social Orders”, ofrece una explicación sobre el cambio de los que llaman “estados naturales” o “sociedades de acceso limitado”, a las que llaman “sociedades de acceso abierto” donde vive el 15 por ciento de la humanidad en apenas 25 países desarrollados.

Las sociedades de acceso limitado surgieron con el descubrimiento de la agricultura, hace diez mil años, y caracterizan, aún hoy, al 85 por ciento de la población mundial, mientras que las sociedades de acceso abierto se formaron desde la revolución industrial en Europa, hace 250 años, y hoy lideran la globalización y su relación con las sociedades de acceso limitado.

En las sociedades de acceso limitado, las élites económicas, políticas y religiosas controlan un sistema que les produce rentas al restringir los derechos de propiedad, al mantener sus privilegios, y al controlar la violencia mediante la subordinación de las fuerzas armadas. Con los avances en la división y organización del trabajo, el orden social de los estados naturales evoluciona gradualmente, desde los estados naturales frágiles hasta los establesy los maduros, para luego hacer la posible –pero infrecuente– transición a una sociedad de acceso abierto.

-Los estados naturales frágiles son los que apenas emergen de la violencia como fuerza dominante y la reemplazan con una serie de instituciones que, muy gradualmente, permiten mantener el orden.

-Un estado natural estable es aquél donde el desarrollo de las instituciones amplía los horizontes de los participantes a la especialización y la división del trabajo, para construir una estructura más compleja.

-Un estado natural maduro es aquél, como México, que ha desarrollado estructuras complejas, incluyendo organizaciones independientes del control del gobierno y de intercambios personales, pero donde la estructura dominante es todavía la interacción personal de las élites. Sus privilegios incluyen el control sobre organizaciones sociales poderosas, como la iglesia, los gobiernos, las cortes y las unidades militares.

Por su parte las sociedades de acceso abierto extendieron la ciudadanía a una proporción creciente de su población. Todos los ciudadanos pueden formar organizaciones económicas, políticas, sociales o religiosas para cumplir una serie de funciones, con la única excepción del uso de la violencia.

En sociedades de acceso abierto, el orden se mantiene gracias a la interacción entre la competencia, las instituciones y las creencias. El gobierno controla a los militares pero está limitado por restricciones institucionales y está sujeto al control de la oposición política.

El reto de la transición

La transición hacia una sociedad de acceso abierto es muy difícil, porque en la sociedad de acceso limitado las élites resisten cualquier cambio que mine o que limite sus privilegios. Las sociedades de acceso abierto son justamente el reverso: son económica y políticamente competitivas, son creativas e innovadoras, son eficientes en vez de ser ineficientes.

Douglas North y sus colegas concentran su explicación en tres condiciones esenciales para transitar hacia las sociedades de acceso abierto. Aplicando su hipótesis a Colombia, tendríamos que para moverse hacia una sociedad de acceso limitado estable y aspirar a una madura, para luego pasar a ser una sociedad de acceso abierto, tendríamos que cumplir esas tres condiciones esenciales:

• Extender los derechos de propiedad más allá de las élites, a capas más amplias de la población;

• Multiplicar las instituciones y organizaciones que aprovechen las ventajas de la competencia abierta en la política y en la economía;

• Liberar a las fuerzas armadas, bajo control del gobierno, de su papel de garantes de las rentas de las élites, para garantizar efectivamente los derechos de toda la población.

El retroceso de Colombia

Hasta hace tres décadas, Colombia era una sociedad de acceso limitado estable o si acaso madura, con un sistema político controlado por élites que capturaban la mayor tajada de las ganancias sociales y garantizaron la subordinación de los militares para controlar la violencia y mantener el orden social.

Una de las principales fuentes de esas rentas siempre fue el oligopolio de la tierra, pues desde tiempo inmemorial se había restringido el acceso de la población campesina y luego, mediante la violencia de las últimas décadas, se la había despojado de una tercera parte de su territorio.

Las otras fuentes de rentas eran o son la cooptación de los sistemas políticos regionales y locales, y la subordinación de las unidades militares a las necesidades de protección de las élites.

Otra garantía del sistema de rentas que la violencia ayudó a consolidar, fue la desmovilización de las organizaciones sociales que defendían los intereses de las comunidades campesinas.

La concentración de la tierra aumenta además las rentas por la vía de sobrevalorar los predios y al mismo tiempo rebajar los impuestos prediales que sostienen al Estado local, al costo de la exclusión social del campesinado.

Pero el desbordamiento de la violencia —primero de las guerrillas y luego del narcotráfico y los paramilitares— hizo retroceder la sociedad hacia una de acceso limitado frágil, que gradualmente emerge de la violencia como fuerza dominante y la reemplaza con instituciones capaces de mantener el orden.

Los sistemas de coalición que les permitían a las élites mantener bajo control la violencia fueron insuficientes, y los mafiosos y los señores de la guerra emergieron como élites asociadas o alternativas, que accedieron a rentas ilegales y buscaron capturar los resortes políticos para heredar el sistema de rentas legales de las élites consolidadas.

De la restitución al reordenamiento

Los programas de restitución de tierras pretenden restablecer los derechos que las víctimas tenían antes de ser despojadas pero -aún si tienen éxito- no disminuirían las rentas de oligopolio que reciben las élites regionales, causantes del atraso rural y la marginación económica y política de los campesinos.

Para que la restitución ayude a que las rentas de la tierra sean mejor distribuidas, tendría que ir acompañada de un reordenamiento de la propiedad que cree condiciones para que los campesinos tengan mayor presencia en la producción y en la organización social e institucional de las regiones.

El reordenamiento de la propiedad implicaría recuperar un fondo de tierras de gran magnitud, para asignar derechos a la gran mayoría de los campesinos. Ese fondo no es otro que las tierras y las rentas capitalizadas de manera ilegal por grandes propietarios que titularon baldíos a su nombre con argucias legales y corrupción, apropiándose de bienes fiscales que, según la ley, el Estado tenía en su poder para dotar de tierras a los campesinos.

Ordenar la propiedad supone que el poder central imponga nuevasreglas del juego a las élites regionales, reglas que también resuelvan su asociación con organizaciones armadas que capturaron tierras y se adueñaron del poder local.

La restitución resuelve el problema del despojo violento o la compra oportunista de las tierras despojadas, pero sólo el reordenamiento de la propiedad sienta las bases para una expansión vigorosa del mercado que estimule la competencia económica, social y política y permita integrar a las comunidades afectadas o desde siempre marginalizadas.

La política rural de Santos

Un nuevo arreglo con las élites regionales reforzaría su papel de gestores del desarrollo mediante la competencia, que sustituye las rentas de oligopolio por la productividad, de manera que la tierra pase a manos de los más eficientes, sean ellos los actuales propietarios, nuevos empresarios o asociaciones campesinas de productores.

Esto supone una alianza entre el Estado central y los grupos más modernos e innovadores de las élites regionales, para expulsar a los aliados criminales y romper las barreras ilegales o legales que hoy restringen el acceso de los productores eficientes, y establecer un control institucional sobre la base de reglas impersonales que garantizan los derechos de ciudadanía y de propiedad a toda la población.

La política rural de este gobierno tiene potencial para aportar avances hacia el cumplimiento de las tres condiciones enunciadas:

1. La distribución y formalización de los derechos de propiedad sobre la tierra rompe las rentas del oligopolio y permite la entrada de muchos nuevos productores al mercado, haciéndolo más eficiente y más competitivo.

2. Los derechos reales de superficie, consagrados en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, permiten que el empresario usufructúe la tierra durante un largo plazo, en el mercado abierto y sin necesidad de inmovilizar capital en comprarla. Por otra parte el desarrollo rural con enfoque territorial descansa en la iniciativa de las organizaciones sociales y fortalece la participación de nuevas fuerzas para democratizar la sociedad rural.

3. La restitución de tierras implica reajustar las estrategias de seguridad de la Fuerza Pública, pues la ley las obliga a recuperar las tierras despojadas -por la fuerza si fuera necesario- y además por supuesto de proteger a los campesinos de la violencia o la amenaza de quienes se oponen a la restitución.

Tres aportes, alto riesgo

La restitución es una intervención deliberada en la estrategia frente al conflicto armado, que consiste en tomar partido por los desarraigados de su tierra y así inclinar la balanza de la lealtad campesina hacia el Estado que los protege, que funda de nuevo la legitimidad de las Fuerzas Armadas en la defensa de los derechos de la población vulnerable, y esa alianza es mucho más poderosa para derrotar a los violentos que la defensa armada del latifundio excluyente de unos pocos, que produjo la aberración del paramilitarismo.

La democratización de los derechos de propiedad sobre la tierra, la revitalización de las organizaciones campesinas y la protección de las Fuerzas Armadas a las sociedades rurales, son los tres grandes aportes que la política rural puede hacer al cambio hacia una sociedad de acceso abierto, en ruta hacia la modernización y el desarrollo.

No es una política exenta de riesgos de violencia, pues los despojadores a la fuerza querrán usarla de nuevo para defender lo despojado. Por eso exige que se cumpla la condición de que la fuerza pública, sometida a la dirección del gobierno, identifique el control territorial con la defensa de la población, para liberarla de bandidos estacionarios que la oprimen por violencia y el país logre consolidar la seguridad bajo el imperio de la ley.

 Publicado en Razón Pública

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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2 respuestas a Violencia y orden social en Colombia: una nueva perspectiva

  1. Norma Villarreal Méndez dijo:

    Es una excelente iniciativa la de abrir el debate sobre la tierra por este medio presentando los argumentos que sustentan teóricamente la actuación gubernamental. Tengo la duda de que las nuevas élites que se vinculen a la tierra en las condiciones que se establezcan por el derecho real de superficie, se conviertan en los nuevos detentadores de la tierra y que en la práctica este nuevo pacto sobre la tierra se convierta en una forma “legal de despojo”.

    • Hay una política en marcha para recuperar un buen fondo de tierras baldías ilegalmente tituladas por grandes propietarios, cuando los baldíos son para ocupantes campesinos sin tierra. Habrá distribución de tierras, formalización de la pequeña propiedad, creación de zonas de reserva campesina, restitución de tierras despojadas y programas territoriales de desarrollo rural. El derecho real de superficie busca crear un mercado de usos de la tierra, para que lo plantado o construido tenga seguridad jurídica como derecho real, por escritura, transferible o heredable como si fuera un inmueble. Ese mercado le da acceso a tierras a empresarios igual que a campesinos, pues ellos, o el gobierno, pueden adquirir derechos reales de superficie a 30 años, sin necesidad de comprar la tierra, y pagando por ella una renta periódica que sea una proporción de la productividad, y no las rentas absolutas del sobreprecio generalizado de la tierra que hoy existe.

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