El problema de la tierra y el proceso de paz

Empiezo con una idea de sentido común expresada por la gran socióloga alemana Hannah Arendt:

                            “Todo tratado de paz, incluso cuando no es propiamente tratado sino dictado, sirve para regular nuevamente no sólo el estado de cosas previo al inicio de las hostilidades sino también algo nuevo que surge en el transcurso de las mismas y se convierte en común tanto para los que hacen como para los que padecen.” (p.119)

                            “Dicho políticamente, el tratado que vincula a dos pueblos hace surgir entre ellos un nuevo mundo o, para ser más exactos, garantiza la pervivencia de un mundo nuevo, común ahora a ambos, que surgió cuando entraron en lucha y que crearon al hacer y padecer algo igual.” (P.120) Hannah Arendt, Qué es la política, Ediciones Piados, Barcelona, 1997.

Esta reflexión de Hannah Arendt sirve para dibujar un marco preciso para esta intervención: se trata de pensar no sólo el estado de cosas que dio origen al conflicto armado entre nosotros sino, principalmente, de reconocer y regular el estado de cosas creado en el curso de la confrontación, y que constituye ese mundo nuevo que comparten quienes han hecho y quienes han padecido la guerra. Que ese mundo nuevo no incube las futuras confrontaciones depende del alcance de los tratados de paz que ahora celebren el gobierno y los demás poderes armados. Esos tratados no pueden simplemente ratificar el estado de cosas existente entre vencedores y vencidos, sino que deben regular nuevas relaciones entre unos y otros, para que sea posible compartir el mismo mundo a pesar de los daños de la guerra.

Una parte esencial de esos acuerdos tiene que ver con el problema de la tierra, que estuvo presente al comienzo y que sigue presente, en forma agravada, en el período de resolución del conflicto. Porque si al comienzo se trató de responder a la presión de los campesinos sin tierra para lograr que el Estado hiciera la reforma agraria, ahora se trata de decidir si el Estado, para sellar la paz, legitima la usurpación violenta que desplazó una quinta parte del campesinado de sus tierras y a muchos empresarios del campo, a favor de los señores de la guerra.

O, por el contrario, si el Estado, a la par con el monopolio legítimo de la fuerza, recupera también su capacidad de garantizar la legalidad de los derechos de propiedad sobre la tierra, y regula las nuevas relaciones entre victimarios y víctimas de la guerra de tal forma que no premie la violencia de los primeros y que repare los daños patrimoniales sufridos por las últimas. En la medida que avance en esta dirección, la política de seguridad democrática ganará una base social de apoyo en la población, que permitirá consolidar el dominio del Estado sobre el territorio. Si no lo hace, los acuerdos de paz podrán ser sólo una momentánea interrupción de las hostilidades, seguidos por la continuación del conflicto violento bajo nuevas modalidades. En los acuerdos de paz queda sellado el futuro, o la ausencia de futuro, de esa generación de jóvenes campesinos que perdieron su mundo entre el fuego cruzado de la guerra.

La reconquista del territorio por la fuerza pública ha comenzado a recuperar la confianza necesaria para reactivar la inversión privada por cuenta de quienes lograron conservar la tierra, por disponer de seguridad pública o pagar protección a los grupos irregulares que han ejercido control territorial. Para la gran mayoría de campesinos desplazados por la violencia, la seguridad no basta para restablecer los derechos perdidos y se requiere una intervención estatal decidida y prolongada para clarificar la propiedad y reasentar la población que pueda y quiera retornar a sus hogares, pues de facto existe ya conflicto por la posesión o la propiedad de las tierras entre antiguos y nuevos ocupantes. Más de una tercera parte de las tierras perdidas, además, carecen de títulos de propiedad y el eventual retorno requeriría programas de titulación por parte del Estado.

Una lectura rápida de lo que ha ocurrido en las relaciones del campesinado con el territorio durante el conflicto armado aporta los datos fundamentales del problema de la tierra. Durante la violencia de mitad del siglo 20 los territorios más afectados fueron las vertientes andinas de la región central y occidental y los Llanos Orientales, mientras en la violencia de los ochentas y noventas fueron las regiones dominadas por el latifundio en la región Caribe, el Magdalena Medio, el Piedemonte de la Cordillera Oriental y los valles del sur-occidente andino. Estas regiones incluyen tanto las viejas estructuras de la ganadería extensiva como las tierras de frontera donde se reproduce el nuevo latifundio periférico con el subsidio de los cultivos ilícitos.

En las primeras, especialmente en la región Caribe, los grandes hacendados, para evitar la reforma agraria, expulsaron durante los sesentas la población de arrendatarios que habían desmontado la selva para sembrar pastos. Con ello violaron un acuerdo ancestral que había permitido una economía de subsistencia nómada al campesinado costeño, después de haber sido despojado de las tierras comunales por el cercamiento y expansión de las haciendas ganaderas. Por eso la ANUC convocó más de un millón de afiliados, que buscaron regresar a la tierra que cultivaban y mediante invasiones presionaron una modesta distribución por mediación del gobierno a comienzos de los setentas.

En los setentas, las guerrillas en crecimiento no lograron expandirse a las regiones donde hubo una fuerte organización campesina, cuyos dirigentes prefirieron siempre la vía reformista de integrarse a los beneficios de la acción estatal. Las élites agrarias, en cambio, dominadas por el sector más atrasado y feudal, consideraron que la organización campesina era el mayor riesgo subversivo y lograron destruirla con una combinación de todas las formas de represión al final de los setentas. En las regiones de latifundio y de colonización el ambiente político quedó despejado para la expansión guerrillera de los ochentas, mientras el Estado desmontaba sus mecanismos de intervención en el problema de la tierra. En los setenta se perdió la oportunidad de reformar la tenencia de la tierra en forma pacífica, y se prefirió afrontar por la vía armada la que se juzgaba como remota amenaza guerrillera, cuyos efectivos no pasaban de 1.000 personas en 1978 y que en 1982, luego de la persecución militar a los dirigentes populares, llegó a 4.000 combatientes.

Las guerrillas, especialmente las Farc, se hicieron fuertes durante los setentas en las grandes regiones de colonización como el Urabá, el Magdalena Medio y el piedemonte oriental, donde llenaron el vacío de Estado en un contexto inherentemente conflictivo por la ausencia de reglas y autoridad. Cuando llegó la bonanza de la coca, las Farc asumieron el rol de reguladores del mercado ilegal y capturaron las rentas tributarias que el Estado no podía cobrar. Eso les financió su posterior expansión hasta actuar en casi la mitad de los municipios del país durante los ochentas y noventas, generalizando la amenaza contra los propietarios de la tierra.

En cuanto a los campesinos, la coca resultó ser el único producto rentable en el mercado internacional que podía sembrarse en la frontera agraria, donde el impuesto a la distancia impide cualquier otro cultivo. Por eso han fracasado todos los intentos de generar un desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos en tierras amazónicas marginales al mercado. El problema no es el producto escogido, sino el territorio donde se cultiva, pues para tener éxito se requiere sembrar donde exista infraestructura de transporte y acceso al mercado. La única solución de fondo a los cultivos ilícitos campesinos es la relocalización de los cultivadores a tierras incorporadas al mercado agrario, donde el país ha acumulado inversión en infraestructura y servicios durante décadas. Se trata de frenar la colonización de los bosques amazónico y pacífico y de inducir el retorno del frente de cultivadores de coca a las tierras subutilizadas dentro de la frontera agraria, igual que revertir la colonización amapolera de tierras altas, proveedoras del agua, para reasentar campesinos en los valles productivos.

En el otro polo del negocio, el de los capos de la droga, la rápida acumulación de capital los llevó a convertirse en grandes terratenientes en 400 municipios de las mejores tierras del país y, en las principales regiones, en entusiastas señores de la guerra para proveer su seguridad contra las guerrillas. Los dueños tradicionales inflaron los precios de la tierra y al vender se deshicieron también del conflicto con los campesinos y de la amenaza de secuestro por las guerrillas. El relevo de propietarios no significó el surgimiento de una nueva élite empresarial en el campo y en cambio sí agravó la violencia contra los campesinos envueltos en conflictos por tierra. Muchos narcotraficantes han sido capturados, extraditados o muertos y sus tierras están en manos de terceros, sin vocación agraria, o sometidas al proceso de extinción del dominio. El efecto territorial de la compra de tierras por narcotraficantes fue aumentar notablemente la concentración de la propiedad en grandes fincas, desplazar élites agrarias y reforzar una pauta ineficiente de subutilización de la tierra en ganadería extensiva, a expensas de la conservación y la agricultura.

Las guerrillas aprendieron pronto la rentabilidad de una organización especializada en el ejercicio de la violencia para capturar rentas de la población, empezando por los grandes propietarios y empresarios agrarios, y extremaron la tasa de depredación hasta hacerla insoportable. El despojo de tierras se ensañó contra los verdaderos empresarios del campo, mientras los grandes propietarios ausentistas pagaron vacunas generosas a las guerrillas y lograron incluso en muchos casos que éstas protegieran sus tierras contra colonos o invasores.

Comenzando en el Magdalena Medio, en Urabá-Córdoba y en el Meta, la reacción de los grandes propietarios, auspiciada por la invitación de la fuerza pública y el patrocinio de políticos y empresarios, fue la creación de las autodefensas, que se ocuparon de limpiar las regiones de campesinos influidos por las guerrillas desde principios de los ochentas. Cuando los costos de mantener tropas ascendieron y se agotaron los fondos de los aportes iniciales, algunos de los principales jefes de empresas narcotraficantes, que habían comprado tierras en esas regiones, asumieron la financiación y el liderazgo militar de sus ejércitos privados.

A partir de las experiencias de los ochentas, creció la demanda por servicios de seguridad en el campo y surgieron organizaciones regionales en todas las áreas de acción guerrillera. Se establecieron tarifas anuales por hectárea protegida y pronto las autodefensas fueron tan rentables o más que las guerrillas. Al no poder distinguir a su enemigo entre la población, se especializaron en realizar masacres selectivas que enviaban un mensaje claro a los simpatizantes o colaboradores de las guerrillas. Para ellas, quienes huían de la región confesaban ser proclives a las guerrillas y con los restantes se organizaban las autodefensas locales. El desplazamiento como arma de guerra ha sido usado extensamente en Colombia por los grupos de autodefensa y el robo de la tierra como botín les ha permitido repoblar regiones campesinas con refugiados desplazados por las guerrillas y además transformar a sus principales líderes militares en grandes propietarios. Muchos hacendados que pagaban seguridad vieron también robadas sus tierras o fueron obligados a regalar sus propiedades a los jefes de las autodefensas.

La competencia por el control de territorios con las guerrillas, especialmente con las Farc, obligó a las autodefensas a entrar de lleno al negocio del narcotráfico y por tanto a quedar atrapadas, como las guerrillas, en las tensiones del doble rol de ser empresas ilegales regidas por el lucro y escuadrones armados regidos por las leyes de la guerra. Si en la primera etapa de confrontación entre guerrillas y autodefensas quien controlaba el territorio ganaba las rentas de la coca, en la siguiente fase quien controlara las rentas de la coca definía la guerra a su favor, y con ella la apropiación forzada de la tierra como botín de guerra.

Así lo entendieron los adversarios, que aprovecharon la destrucción de los grandes carteles y la consecuente reorganización del negocio durante los noventa, para dominar todo el proceso de cultivo y procesamiento, mientras las empresas narcotraficantes se especializaron en el contrabando de exportación y la distribución. Si los primeros narcos compraron a sobreprecio a los grandes hacendados, las autodefensas y las guerrillas expropiaron por la fuerza a sus adversarios sociales y crearon una nueva capa de propietarios enriquecidos por la guerra.

La recuperación del territorio por la fuerza pública ha comenzado a revertir estos procesos de expulsión forzada de la población y ha permitido, en algunas regiones, el retorno de sus habitantes. La gran mayoría de los desplazados, sin embargo, sufre los rigores de la tugurización en ciudades y pueblos mayores y la pérdida del patrimonio familiar que les permitía subsistir con dignidad.

En síntesis, el paisaje agrario ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico en la dirección de una mucho mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños campesinos, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la agricultura comercial y campesina. Estos procesos, además, generan reacciones en cadena en las poblaciones grandes y ciudades de todo el país, pues la acumulación de refugiados tarda una generación en incorporarse productivamente a la economía urbana, y mientras tanto desborda la capacidad estatal de provisión de servicios básicos.

El cambio más profundo, sin embargo, fue la ruptura masiva de la legalidad de la propiedad territorial en muchas regiones, producto del robo con violencia o el enriquecimiento ilícito. Como el Estado es el garante último de la propiedad, que es una relación social que impone a las autoridades la obligación de clarificar, titular y ordenar para el bien común de la sociedad, el nuevo mundo creado por décadas de guerra y narcotráfico, que comparten victimarios y víctimas, ha resultado seriamente desordenado e improductivo, jurídicamente ilegítimo, socialmente injusto, semillero de conflictos locales violentos, y ese es el problema que debe ser resuelto para que el estado recobre el dominio sobre el territorio, para que se pueda aprovechar el verdadero potencial productivo del campo, para que la política de seguridad sea sostenible y para que los acuerdos de paz conduzcan a la reconciliación.

Si en el pasado la defensa del monopolio de la tierra descansó siempre en el principio de la propiedad privada, estatuido como pilar del orden social y derecho fundamental del individuo, hoy el monopolio de la tierra carece de tan nobles justificaciones y, al contrario, funda sus pretensiones de legalidad en la violencia de robo y en el lavado de ganancias del enriquecimiento ilícito. Por eso el país tiene hoy un gran fondo de tierras que, mediante una activa política de clarificación y extinción del dominio, podrían quedar a disposición del campesinado desplazado y sin tierras, para hacer un verdadero ordenamiento social de la propiedad. Los narcotraficantes y los violentos hicieron la mitad del trabajo al concentrar la propiedad, y corresponde al Estado hacer la otra mitad, distribuirla para compensar a las víctimas del desarraigo y para hacer una sociedad agraria menos injusta y violenta.

Ponencia presentada en el Seminario de la Serie Houston, convocado por EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, SEMANA, FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ y la Embajada de los Estados Unidos, Cartagena, Septiembre de 2004

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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