La gestión social del territorio

 

Colombia ha distribuido mal la población en su territorio y lo ha usado peor, pues ha concentrado la propiedad de las mejores tierras planas y ha forzado a su población campesina a colonizar las pendientes andinas y las selvas amazónica y pacífica, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y políticas cada vez más graves. Durante dos siglos hemos transformado bosques en pastizales, sacrificando tres bienes inestimables que eran la fortaleza colombiana: la biodiversidad, la riqueza en aguas y la productividad de su agricultura campesina, hasta fundir su diversidad regional en un aluvión de desplazados hacinados en los tugurios urbanos.

Mientras los colonos ingleses crearon el régimen de la segregación de las poblaciones negras nativas en Suráfrica, las elites terratenientes colombianas segregaron a los campesinos, sin derechos territoriales, a rebuscarse la vida en las montañas y las selvas, para luego vender las “mejoras” a los ricos del campo. Hoy las mejores tierras son la alcancía donde acumulan capital improductivo los grandes propietarios y donde lavan sus ganancias los narcotraficantes y los predadores del tesoro público, para conservar su sobrerrepresentación en el sistema social y político. La tierra, como decía don Hernán Echavarría Olózaga, está secuestrada por los terratenientes, y el rescate que piden por liberarla para la producción agrícola es el sobreprecio que cobran por venderla, que revienta los costos de cualquier proyecto productivo.

El nudo que frena el desarrollo agrario colombiano es la subutilización de sus mejores tierras planas, que mantiene encogida su agricultura en cuatro millones de hectáreas cuando podrían ser quince, y condena a la pobreza a sus campesinos, indígenas y negros. Los empresarios que quieran expandir la agroindustria para aprovechar los mejores precios internacionales causados por el aumento del consumo de alimentos de China e India no encuentran una oferta suficiente para constituir un mercado competitivo de tierras, porque sus dueños solo las venden a precios que paguen la transferencia de prestigio, privilegio y poder asociados a la gran propiedad.

Si éste es el problema, la solución es el ordenamiento de la población en el territorio y su acercamiento a los usos a los que se puede dedicar según la oferta ambiental. Lo primordial es recuperar y proteger las siete millones de hectáreas de bosques andinos reguladores del agua y las cincuenta de selvas amazónica y pacífica amenazadas por la coca. Para lograrlo el gobierno debe revertir la colonización de las cuencas hídricas de las montañas andinas y drenar la población campesina que cultiva coca en las selvas bajas hacia las tierras fértiles desaprovechadas dentro de la frontera, cambiándoles coca por tierra y eliminando así los cultivos ilícitos con una política de tierras democrática.

El ordenamiento productivo exige regresar al mercado al menos veinte de las cuarenta millones de hectáreas ocupadas en pastos para ganadería extensiva, empezando por desplazar las plantas de sacrificio de ganado hacia las áreas de producción lejos de las ciudades, para crear una cadena de frigoríficos que lleven el producto refrigerado hacia los mercados urbanos y el exterior. De esta manera se puede expandir la frontera agrícola con grandes escalas de producción, asociando al campesinado a los empresarios agroindustriales, para jalonar el desarrollo con prosperidad social para unos y otros.

Parte de la buena tierra monopolizada puede ser recuperada por el Estado para los campesinos por estar en manos ilegales por lavado de activos, corrupción o despojo violento y otra parte puede ser presionada a producir intensivamente con impuestos prediales más altos, que paguen el costo de oportunidad de ahorrar capital en tierras, deducibles del impuesto sobre la renta a quienes la pongan en producción. El presidente Santos, que tiene una visión moderna del desarrollo, sabe que si logra desatar el nudo creado por el monopolio improductivo de las mejores tierras y estabilizar los territorios campesinos con derechos de propiedad, puede lanzar al país hacia el desarrollo y la paz.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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Una respuesta a La gestión social del territorio

  1. Santiago Franco Reyes dijo:

    La tierra en Colombia no ha sido utilizada como factor productivo: es ante todo un medio para concentrar poder y dominar territorios. Es quizás, el medio de control político más utilizado por una sociedad con mentalidad conservadora y feudal que vive de la extracción de rentas. Esto no es nuevo. Se hace desde siempre: encomenderos, hacendados, gamonales, paramilitares, guerrilleros…. La informalidad de la propiedad y de la producción son vergonzosas: Ganadería que registra patrimonialmente solo un 15-18% del hato pero ocupa 40 millones de hectáreas. Tierra que no paga más de un 5% de predial. No solo esto pasa por la falta de catastro, registro y tributo que son realmente síntomas: pasa por el matrimonio entre élites locales y nacionales por la sostenibilidad de un Estado capturado. ¿Voluntad o necesidad?. Ojalá el cambio venga por la claridad de un país mejor.
    y para empezar con hechos concretos: ¿Porqué no “cerrar” la frontera?. Esto lo planteo el entonces candidato Santos.

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