Restitución administrativa de tierras

Según la última encuesta de la Comisión de Seguimiento de la sentencia de la Corte sobre desplazamiento, más del 50% de las tierras abandonadas permanecen en esa condición, sin que hayan sido apropiadas por terceros. 28% de los encuestados respondieron que no saben, 9% las tienen al cuidado de parientes o vecinos y 14% dicen que fueron apropiadas por terceros. Si asumimos que la mitad de las tierras de quienes declaran que no saben fueron ocupadas por terceros, resulta que el despojo propiamente dicho puede haber afectado 30% de los 6.5 millones de hectáreas abandonadas, es decir, casi dos millones de hectáreas.

La encuesta preguntó sobre la tenencia de las tierras abandonadas y sólo el 9% de los encuestados tenía título registrado. Del 91% que no lo tenía, 76% dice ser propietario y sólo 21% dice tener escritura. En total, aunque casi cuatro de cada cinco despojados se siente propietario, sólo 30% tiene título y sólo uno de cada tres lo registró. El abandono y el despojo material de las tierras ocurrieron principalmente a quienes no habían formalizado sus derechos de propiedad. Las ventas forzadas u oportunistas afectaron a quienes tenían títulos registrados.

Uniendo estos datos se consigue un perfil más preciso del problema del desplazamiento y el despojo y, por tanto, de las políticas adecuadas a cada situación. Entre un sexto y un tercio de las tierras fueron ocupadas por terceros, bien sea testaferros de los despojadores o compradores de tierras despojadas por otros. En esta situación se requiere recuperar jurídicamente los derechos despojados mediante los procesos judiciales establecidos en la ley de restitución de tierras.

Entre la mitad y dos tercios de la tierra está abandonada porque no existen condiciones adecuadas para el retorno, sea de seguridad o de desarrollo rural, o porque las comunidades fueron destrozadas por el conflicto y perdieron gran parte de su capital social.

Esta situación requiere contar con la voluntad de retorno y reconstrucción del tejido social de las comunidades territoriales y por parte del Estado lograr  las condiciones de seguridad y desarrollo rural que lo hagan posible. En las tierras abandonadas tiende a haber dominios territoriales armados del narcotráfico y una estructura informal de tenencia, por corresponder a áreas de colonización recientes. En ellas el abandono de la tierra es un escape al control territorial violento del narcotráfico y sólo puede haber retorno en la medida que el Estado recupere el territorio y cree las condiciones que hagan posible la seguridad, las relaciones sociales de cooperación y el trabajo productivo. Desde la perspectiva de la tenencia, la seguridad física debe acompañarse con la seguridad jurídica del título registrado de propiedad como facilitadora del retorno y garantía de no repetición del despojo. En la gran mayoría de abandonos, no hubo transferencia legal de la posesión ni la propiedad y por tanto no hay que vencer en juicio a un tenedor sino recuperar la tenencia con acciones policivas.

En regiones de reciente ocupación existe una alta probabilidad de que las tierras abandonadas sin título sean baldíos de la nación, en cuyo caso la restitución equivale a la adjudicación de una UAF por el INCODER, una vez se establezca quiénes fueron despojados de su posesión. Si se trató de tierras privadas sin título registrado, la restitución es el saneamiento legal del derecho de propiedad en cabeza de quienes fueron despojados de la posesión. Si un tercero obtuvo los títulos registrados a su nombre sin consentimiento del poseedor despojado, la restitución es la impugnación judicial de esos títulos promovida por la víctima, asistida por el Estado.

Un caso emblemático de restitución administrativa ocurre cuando el INCODER revoca las resoluciones ilegales que cancelaron títulos de parcelas que fueron abandonadas por violencia y las readjudicaron a terceros que no tenían derecho a ellas, por ser testaferros de paramilitares. En este caso se trata de aplicar el principio de inconstitucionalidad a actos administrativos que desconocieron derechos de propiedad y legalizaron el despojo de las víctimas, y eso también es restitución.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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