¿Por qué restituir las tierras despojadas por violencia?

Colombia está terminando una larga guerra civil de cerca de 30 años de duración y ha avanzado parcialmente en la recuperación del control territorial por el Estado. Si uno considera que las comunidades que fueron desarraigadas de la tierra y las familias que perdieron sus predios también ejercían control territorial de sus áreas vitales, lo perdieron cuando grupos armados aterrorizaron a la población y los desplazaron hacia las ciudades. La tarea que falta por realizar es precisamente la recuperación de ese control territorial de cada comunidad, de cada vereda y finalmente de cada familia campesina, indígena o negra que perdió la tierra.

Ese es el horizonte verdadero en el cual opera la ley de restitución de tierras: se trata de concluir la recuperación de control territorial que corresponde al Estado colombiano, a las Fuerzas Armadas, a las estructuras políticas, a la justicia, a la opinión pública y a las organizaciones de la sociedad en su conjunto a favor de las víctimas del despojo de la tierra.

Esta guerra civil hizo colapsar los derechos de propiedad por dos vías. En primer lugar, por la apropiación ilegal de la tierra en Colombia, que comenzó desde principios de los años 80 con la masiva compra de tierras por narcotraficantes y continuó desde mediados de los años 80 ininterrumpidamente, pero con un pico de elevación más alto a finales de los años 90, con la apropiación criminal por parte de grupos armados ilegales.

Hay que decirlo con claridad: en Colombia, tanto las guerrillas despojaron tierras y colapsaron la propiedad, como los grupos paramilitares lo hicieron – probablemente en mayor medida que las guerrillas y en otras regiones del país – pero ambos, o sea la intervención de grupos armados colapsando derechos de propiedad de los campesinos y apropiándose de la tierra, ese es el fenómeno al cual nos enfrentamos.

La guerra civil creó nuevas territorialidades, el narcotráfico buscó crear su propia territorialidad, con zonas de cultivo, con zonas de transformación, con corredores de salida, rutas de embarque. Y se apropiaron a sangre y fuego de esa territorialidad para poder realizar los negocios de enriquecimiento ilícito por la vía no sólo del narcotráfico sino de otros negocios ilegales, como la extorsión sistemática y la apropiación de recursos públicos.

Los grupos armados, como es obvio, crearon cada uno su propia territorialidad para contar con zonas seguras y desalojar a la población que consideraban hostil de sus territorios y por lo tanto asegurar intereses militares. El Estado también intentó recuperar territorialidad y a eso nos hemos dedicado los últimos ocho años o más, a la recuperación del control estatal sobre el territorio.

Más aún, el gran latifundio en Colombia igualmente no sólo recuperó sino que expandió su propia territorialidad. En Colombia se ha aumentado la concentración de la propiedad de la tierra a unos niveles que el Catastro no ha registrado por la desactualización catastral del país, pero que sitúan a Colombia, entre los dos o tres primeros lugares en el mundo en concentración de la propiedad de la tierra.

Y finalmente, los grandes perdedores de esta guerra civil, han sido los campesinos, los indígenas y los negros, cuya territorialidad fue disminuida, encogida, en muchas comunidades perdida del todo y que pasaron a colonizar ciudades, o mejor, tugurios de las ciudades en condiciones de miseria y pobreza absoluta extremas.

Hay que decir que es afortunado que la Corte Constitucional, en el año 2004, hubiera declarado que todo esto es un estado de cosas inconstitucional, y que hubiera obligado al Gobierno a invertir recursos y a definir políticas públicas para afrontar las consecuencias de la violencia.

Sin embargo, también hay que decir que esta última guerra civil de 30 años, es sólo el último largo y doloroso episodio de un conflicto por la tierra de varios siglos, en el cual los campesinos han sufrido de despojos recurrentemente, en la cual, finalmente si uno mira el mapa de la distribución de la propiedad en Colombia, se da cuenta que las mejores tierras del país, planas, fértiles, con agua, con acceso al mercado, comunicadas, quedaron en manos de una pequeña élite de grandes propietarios, mientras el grueso del campesinado ha sido barrido hacia zonas pendientes periféricas, o a colonizar las selvas y a destruir la reserva de bosques que Colombia puede aportar a la estabilización del cambio climático y que esa última fase de colonización de las selvas también en los últimos 30 años se nos convirtió en la expansión de los cultivos ilícitos como única posibilidad económica de supervivencia de un campesinado que fue desalojado de los centros de productivos importantes comunicados del país.

De tal forma que si queremos superar las consecuencias de esta larga guerra civil, tenemos que dar cuenta no sólo del despojo final de la tierra por parte de los campesinos, sino que tenemos que enfrentar también, la gravísima distorsión e iniquidad de la distribución de la propiedad.

No solamente podemos hacer justicia restaurativa o reparativa, sino que tenemos que pensarla dentro de un horizonte de justicia distributiva de la propiedad de la tierra y de los recursos que los campesinos, los indígenas y los negros deben tener para garantizar su vida y sus derechos fundamentales.

Un segundo punto que quisiera mencionar es que la decisión del Gobierno actual, de restituir las tierras despojadas, desde el punto de vista político, es un traslado del conflicto por la tierra, del conflicto armado por la tierra. El conflicto se transporta entero, pero la diferencia es que esta vez el conflicto es asumido por el Estado, que el Estado asume la responsabilidad de participar en ese conflicto y de participar con una opción muy clara a favor de las víctimas del despojo y en contra de los despojadores. Pero el conflicto no ha desaparecido, el conflicto se transforma, el conflicto adquiere una dimensión política, judicial y administrativa, pero dentro de esas instancias, todo el conflicto vuelve a plantearse y a estructurarse como un conflicto legal, como un conflicto político, en este momento en el Parlamento y finalmente como un conflicto judicial y administrativo que vamos a presenciar en los próximos años.

La estrategia del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos es claramente una estrategia política de opción por las víctimas, además obedece a la clara comprensión de que si Colombia no es capaz de reparar a sus víctimas y de devolverle sus derechos, lo que estamos haciendo en Colombia es incubando un megaconflicto todavía más grande del que hemos tenido en los últimos 30 años, porque finalmente esa población que fue aterrorizada, desplazada, asesinada, robada de sus bienes y derechos, esa población va a seguir planteando su conflicto y la nueva generación de hijos de los desplazados van a seguir planteando su conflicto, hasta que la sociedad y el Estado decidan resolverlo. Es mejor resolverlo ahora y no esperar el desarrollo de las consecuencias históricas que va a tener el despojo de la tierra para la próxima generación.

Es obvio, como Stephen Holmes, profesor de ciencia política de la Universidad de Nueva York, lo recordaba en un seminario en la Universidad de los Andes, que no se puede quitar la tierra a quien conserva el poder. Por eso la estrategia de restitución de tierras simultáneamente se coordina con una estrategia de seguridad y con una estrategia para ir quitándole poderes abusivos y criminales a quienes lo detentan e ir acorralándolos por medio de la justicia, e ir acorralándolos por la reprobación pública, por el rechazo social, por los medios de comunicación vigilantes que denuncian, como estamos presenciándolo en Colombia. Todo eso está avanzando simultáneamente.

La estrategia de restitución de tierras parte de un reconocimiento de la verdad, el conflicto colombiano es uno de los conflictos mejor documentados en el mundo: tenemos registros detallados sobre actos de violencia desde principios de los años 80s. Pastoral Social hizo un primer aporte sustancial en 1985, presentando el primer estudio sistemático sobre desplazamiento, con base en una encuesta hecha en todas las parroquias del país, que nos ofrece la primera base de datos sistemática e importante y seria sobre derechos perdidos por los desplazados.

El mismo gobierno ha llevado un registro sistemático de desplazados y desde finales de los 90 y comienzos del presente siglo, un registro más o menos detallado de abandonos y despojos de la tierra. Entonces la verdad y el reconocimiento de la verdad debe tener una consecuencia política importante: si Colombia conoce cuál es su conflicto, si sabe en detalle quiénes fueron sus víctimas y quienes sus victimarios, si sabemos dónde ocurrieron los despojos, incluso con un nivel de precisión de municipios y aún de veredas, si todo eso lo sabemos: ¿por qué no ponemos a la verdad a producir las consecuencias judiciales y administrativas que la verdad debe reproducir? Esa es la lógica profunda que está en el proyecto de Ley de Restitución de Tierras, que quedó sumado al proyecto de víctimas.

Entonces, en Colombia vamos a ensayar una restitución que combina dos vías, la vía administrativa y la vía judicial, con un gran peso para la vía administrativa, que es la construcción de un registro de tierras despojadas, al cual se le va a dar valor judicial, porque ese registro determina quiénes perdieron sus predios, en manos de quién están; asocia las causas de violencia generalizada con el abandono de la tierra y con el despojo y por lo tanto invalida las transacciones de propiedad fraudulentas u oportunistas que se hicieron sobre las tierras despojadas, las anula y regresan los derechos de propiedad en cabeza de los verdaderos dueños. Ese es el valor de la verdad cuando la verdad entra a formar parte de un proceso político de justicia reparativa y de restitución. La verdad tiene que tener mucha fuerza y la verdad va a intentar ser reflejada fielmente en el registro de tierras despojadas.

Como lo han dicho todas las encuestas y como lo dice la información registral y de notarias, gran parte de la propiedad perdida por los campesinos, los indígenas y los negros, era propiedad informal, por lo menos la de los campesinos. Los indígenas y los negros tienen territorios colectivos que son inalienables e inembargables y no pueden ser despojados jurídicamente, aunque sí de hecho pueden ser ocupados por terceros. Pero en cuanto a la propiedad de los campesinos, los que fueron despojados de la tierra en gran medida tenían una propiedad informal, no tenían escrituras, si las tenían no estaban registradas y sus transacciones se hacían por cartaventas. Y los campesinos no hacen sucesiones, sino tienen un concepto cultural tradicional de reconocimientos de propiedad por la comunidad y por los vecinos. En Colombia existen dos sistemas de registro de la propiedad, el sistema formal y los sistemas campesinos informales.

Este proyecto, y la estrategia de restitución de tierras que está definiendo el gobierno, reconoce ese doble carácter de la prueba de la propiedad y va a darle valor al testimonio de las comunidades, para que nos ayuden a determinar quiénes eran los poseedores o tenedores de la tierra que fue despojada. Eso es a lo que hemos llamado una estrategia de cartografía social, mediante la cual el registro de tierras despojadas, una vez que acopiemos toda la información sistemática que el país tiene sobre violencia, desplazamiento y abandono o despojo de la tierra, con esa información y con mapas catastrales reales vamos a ir a cada vereda a pedirle a los vecinos que nos ayuden a identificar quién tenía derecho sobre cuál predio. Y a esa información de la comunidad, se le va a dar valor para que opere como prueba de despojo para efectos de la restitución y que opere también en un doble sentido, para poder, a continuación, una vez hecha la restitución, formalizar masivamente los derechos de propiedad de los campesinos, que va a ser la segunda gran política que va a hacer el Ministerio de Agricultura y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que es parte de pagar una deuda histórica, no sólo de despojo sino de informalidad de la propiedad campesina, como ha dicho el economista peruano Hernando de Soto: “Los pobres en los países del tercer mundo tienen trillones de dólares de capital no reconocido formalmente, porque no tienen registro de propiedad”. Si les damos registros y títulos de propiedad a los campesinos colombianos, vamos a encontrarnos que ellos tienen mucho más capital del que aparece en la circulación económica y en el aporte de la banca de inversión y la bancarización.

Esa es entonces, la estrategia fundamental de restitución de tierras. Sobra decir que esta tarea del Gobierno es de las más difíciles que ha asumido, sabemos que es muy compleja, sabemos que el solo anuncio de que va a haber una importante restitución de tierras despojadas ya ha comenzado a producir efectos sociales, económicos y políticos. Sabemos que hay dos grandes adversarios de esta iniciativa: el primer adversario, desde arriba, son los despojadores, los testaferros, los compradores que dicen ser compradores de buena fe de tierras despojadas y el gran peligro político es que estos apropiadores abusivos de la propiedad ajena hagan un gran frente común con la propiedad territorial legítima en defensa de la seguridad jurídica de los derechos, tanto tradicionales, como de los nuevos derechos adquiridos mediante el despojo y el crimen, y ese es el primer frente político de oposición contra la restitución de tierras.

El segundo frente político no es menos importante y viene desde abajo, viene de los oportunistas, de campesinos, de avivatos que quieren hacerse pasar como desplazados o despojados de la tierra y que por lo tanto van a intentar disputar los derechos legítimos y, eso sí, auténticos de los verdaderos desplazados. Para ambos riesgos estamos preparándonos con un excelente sistema de información geográfica sobre despojo y con un trabajo muy juicioso de cartografía social, para que sean las mismas comunidades las que nos digan quiénes son esos oportunistas que no pertenecían a la vereda, a quienes nunca habían visto, que se ponen ahora en la cola de los que demandan la restitución.

Con esos instrumentos queremos blindar el proceso de restitución de tierras y necesitamos además el concurso de todas las organizaciones que la comunidad internacional, de los medios de comunicación, de la Iglesia, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, de los empresarios honestos, para que este propósito nacional pueda cumplirse en los próximos años y con eso demos punto final a 30 años de guerra civil, que todos esperamos que termine lo más pronto posible.

Anuncios

Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
Esta entrada fue publicada en Ensayos y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s