Seguridad para la restitución de tierras despojadas

Alejandro Reyes Posada

La ley de restitución de tierras obliga al conjunto del estado, incluida la fuerza pública, a despojar a los despojadores de la tierra usurpada y restablecer los derechos de los despojados al disfrute pacífico de sus territorios. Se discute si la restitución sólo puede hacerse en los municipios donde está consolidada la seguridad, para evitar violencia contra los reclamantes, o si, por el contrario, la ley obliga a atender todas las reclamaciones gradual y progresivamente, comenzando con las áreas de mayor densidad de despojos, y acompañarlas de una estrategia de seguridad para la restitución y el retorno.

La restitución es una estrategia de intervención en el conflicto armado que consiste en desarrollar una alianza de seguridad con la población despojada, para consolidar el control territorial cimentado en la lealtad de la población. Al reparar los daños en la territorialidad de las comunidades rurales, la consolidación cuenta con el apoyo de la población víctima de situaciones de conflicto armado y que por tanto está más interesada en la seguridad. La restitución es la profundización del control territorial por el Estado y el pago de una deuda de seguridad con las víctimas del desplazamiento.

La ley ordena una intervención a favor de las víctimas del conflicto armado y eso exige replantear el plan de guerra del gobierno, para incluir la protección de la restitución como una política de consolidación de la seguridad. Así como el despojo de territorios fue parte del plan de guerra de los grupos irregulares, la restitución debe ser también parte del plan de guerra de la fuerza pública. El bien jurídico protegido es la reparación de las víctimas del despojo y los agresores potenciales que es necesario contrarrestar son los tenedores de tierras despojadas que están dispuestos a usar violencia contra los reclamantes, los funcionarios o los jueces para impedir la restitución.

La restitución administrativa y judicial de tierras traslada el conflicto violento del despojo al campo institucional. El conflicto conserva un potencial de violencia, que aumenta o disminuye según el diseño del proceso de restitución y según como éste se coordine con la estrategia de seguridad.

El diseño de la restitución está contenido en la ley y su reglamentación, y su operación depende de la capacidad administrativa de la Unidad de Restitución y de la eficiencia del sistema judicial especializado en restitución. La restitución sólo aplica en los lugares donde la violencia haya causado las transferencias forzadas de la tierra, lo que excluye la operación normal del mercado de tierras. La restitución es una intervención del Estado en contra de los despojadores y sus beneficiarios y a favor de las víctimas despojadas, con efectos sobre la situación de seguridad.

La restitución depende del control territorial del estado, en el doble sentido de la seguridad física y la independencia de las autoridades locales de los grupos armados y los despojadores. La aplicación de fuerza pública debe hacerse en los casos en los que los despojadores, testaferros o tenedores actuales estén dispuestos a usar violencia, en vez de medios institucionales, para conservar tierras despojadas e impedir la restitución.

El proceso de restitución depende de una buena adecuación de la oferta institucional para procesar la demanda de reclamaciones, en cuanto al acceso de los reclamantes, el estudio de los casos y la resolución de reclamaciones por los jueces y tribunales. Los intermediarios que reclaman representación de los reclamantes y sustanciación de casos introducen informalidad al proceso de restitución y elevan los riesgos de seguridad, pues no garantizan el rigor necesario al proceso probatorio de los derechos despojados.

Mientras la demanda es de libre acceso, lo que abre la puerta a verdaderos y falsos despojados, la oferta institucional modula la acreditación de derechos despojados para proteger los derechos legítimos de propiedad y somete las reclamaciones a pruebas de consistencia con filtros de información en tres niveles: 1) identificación de despojados y su relación con los predios; 2) presencia de actos generalizados de violencia; y 3) testimonio de vecinos en acciones de cartografía social para comprobar la titularidad de los derechos despojados.

La ley dispone que la Unidad de Restitución estudiará los casos de manera gradual y progresiva, según la densidad de despojos, la situación de seguridad y las condiciones del retorno. El diseño del proceso tiene elementos de una justicia por demanda, al modo de la tutela, con dos meses de plazo, prorrogables a tres, para que la Unidad certifique los despojos una vez los haya estudiado. El plazo breve conspira contra la capacidad administrativa para acopiar y estudiar pruebas. Pero el diseño también tiene elementos de organización de la oferta de justicia, pues exige el estudio de las reclamaciones antes de certificar su legalidad, lo que implica el acopio probatorio sobre la relación del reclamante con el predio, la situación de violencia que influyó y la comprobación de sus derechos por los vecinos y la comunidad. De esta forma se reduce la incertidumbre sobre la legalidad de las reclamaciones, se excluye a falsos reclamantes y se protegen los derechos legítimos de propiedad.

En esa medida, la fortaleza y agilidad institucional para resolver los conflictos de tenencia entre despojadores y despojados reduce los riesgos de seguridad, pues los tenedores de derechos legítimos no sentirán peligrar esos derechos y los tenedores ilegales sabrán que la violencia es inútil para frenar el proceso de restitución. La generación, custodia o utilización de evidencias sobre la violencia que acompañó el despojo y sobre los derechos usurpados es el primer proceso crítico donde se tensionan los intereses encontrados de las partes en conflictos sobre la propiedad de la tierra. Entre mayor sea el papel que pueda cumplir el Estado en la generación de evidencias, menor será la posibilidad de usar eficientemente la violencia entre las partes para impedirlo.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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