LA PAZ NECESITA REDISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD

El Espectador, 23 Nov 2012 – 10:37 pm

Por: Alfredo Molano Jimeno

Marco Palacios, profesor de la Universidad de los Andes, analiza el problema del agro en Colombia.

Aunque muchos  se asustan al oír hablar de reforma agraria, el profesor de la Universidad de los Andes dice que  las sociedades modernas han pasado por allí. No se sabe quienes son los dueños del 40% de predios rurales en el país.

Marco Palacio es un abogado colombiano que se ha desempeñado por décadas en ámbito académico. Entre las publicaciones de su autoría aparecen dos textos sobre el problema agrario en Colombia: ¿De quién es la Tierra? y Violencia Pública en Colombia, 1958-2010. A propósito de los diálogos de paz entre gobierno y Farc, que se desarrollan en este momento en La Habana, y donde el primer punto de la agenda es el desarrollo agrario integral, sus tesis de estudio cobran relevancia. Según Palacios Colombia no llegará a una paz real mientras no se adelante un proceso de redistribución de la tierra y cuestiona a un sector de empresarios y terratenientes que se han valido de la violencia para revestirse de poder político y económico.

Usted ha estudiado el problema agrario en Colombia, ¿cuál es la tesis de sus publicaciones?

He averiguado por qué fracaso el primer intento de reforma agraria del siglo XX, con la ley 200 de 1936. Encontré que la república liberal quería ampliar la ciudadanía a todos los colombianos, pero para el país era muy difícil entender que los campesinos eran ciudadanos, porque los campesinos han estado por fuera de la vida política de este país. Pude identificar una serie de movilizaciones campesinas pidiendo o la tierra baldía, que venían cultivando, o mejores condiciones laborales en las haciendas. Eran dos movimientos: los de las haciendas, tanto en el sur occidente de Cundinamarca, como en el sur del Tolima – especialmente en Chaparral-, que eran manejadas por los socialistas radicales de los años 20, y el de la gente que estaba pidiendo titulación de baldíos en zonas que los latifundistas decían que eran ellos. Este último terminó en el gaitanismo. Los liberales se preocuparon y trataron de hacer una legislación que diera cuenta de esos problemas, en especial al de los baldíos, que sigues siendo importante en Colombia, y que no es otra cosa que la tierra pública que se gana por el trabajo. Al a hora de la verdad, de esa la ley, no salió mayor cosa sino remedios puntuales. De no haber resuelto el problema agrario ahí se heredó la Colombia de hoy. Y lo que no se logró fue la redistribución del poder político, no tanto económico. Muchas veces en el corto plazo la agricultura no mejora con redistribuir la tierra, pero en el largo plazo si. Porque la gente, los campesinos, tienen tierra, derechos y es más fácil manejar un país así. Esa es mi tesis.

Uno de sus planteamientos es que después de esa reforma agraria del 36 más que redistribución lo que hubo fue una profunda concentración de la propiedad, ¿cómo es eso?

Desde los años 40 y 50 Colombia es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo. Y es un fenómeno que se agrava entre 1958 y 2010. Allí lo que ocurre es que, en medio de lo que se conoce como La Violencia, los latifundistas ganan la guerra y desalojan al campesinado. Desde el comienzo del Frente Nacional, donde viene la guerra fría, la revolución cubana y las guerrillas marchistas, se llega a una cosa fatídica: la aparición de las drogas. Entonces los Estados Unidos se olvidan de la guerra fría y nos meten en la guerra contra las drogas. Entonces Colombia empieza a ser un productor de hoja de coca en zonas de baldíos y viene un nuevo tipo de violencia, usada por muchos terratenientes para tener ejércitos privados en la lucha contra la guerrilla. La lucha contra la guerrilla les sirve de paraguas para reconcentrar la tierra y desplazar la gente. Ese es el lío actual: que la guerra contra narcotráfico aceleró la formación de una clase propietaria del campo –ganaderos, coqueros, narcotraficantes- que usaron el desorden y la violencia paramilitar y estatal, para apoderarse de tierras y desplazar a los campesinos. Entonces surgió una nueva clase de terratenientes.


¿Entonces el planteamiento es que en la segunda mitad del siglo XX la contrarreforma fue la que se impusó o que la reforma agraria sólo fue un proceso de formalización de la propiedad?

Ambas cosas. Se formalizan los títulos de los terratenientes, se distribuyen algunos baldíos, se dejan en suspensos una serie de principios jurídicos y al mismo tiempos aparecen nuevos grupos que se van apoderando de la tierra, comprándole a los viejos latifundistas porque ellos no estaban preparados para la formación de Ejércitos. Esta nueva clase si está dispuesta a usar la violencia para peinar los territorios. Todo esto cargado de una ideología impartida desde el poder nacional, que piensa que el territorio había que conquistarlo con cultivos agroindustriales, como la palma. Y ahora viene la última fase, que corresponde a la minería.

Usted dice que uno de los elementos que permitió esa concentración es la carencia de un sistema catastral…

Cualquier Estado moderno tiene un catastro, donde la propiedad debe estar registrada. El Estado tiene que saber de quién es la tierra, bien para poner impuesto bien o bien para asegurarla al propietario. En Colombia, según cifra oficiales, alrededor del 40% de los predios rurales no se saben quiénes son, o no están registrados o hay demasiados dueños para una misma propiedad. Entonces uno se pregunta ¿porque si al propietario es a quien más le conviene que haya un catastro moderno, aquí a los grandes propietario no les interesa? probablemente es porque quienes concentran la tierra, al amparo del Estado, pueden ejercer tranquilamente la violencia. Por eso es que muchas tierras son de quienes tienen el poder para ejercer la violencia.

Pero también hemos encontrado que a través de ese catastro y las entidades de registro de instrumentos públicos se han dado muchos despojos.

Así es. Tenemos un sistema insuficiente de registro pero también tenemos un sistema catastral corrompido y quienes lo corrompen son las personas que tienen el poder. Ahora resulta que además de ser un sistema ineficiente, en muchos lugares es un extraordinariamente corrupto. Y una situación similar se va a presentar en las zonas de concesiones mineras. El eterno conflicto entre propietarios del suelo y del subsuelo. Entonces van a haber muchos líos.

El primer punto de la agenda entre gobierno y Farc es el problema agrario, ¿Cree que algo bueno saldrá de allí?

Lo bueno es que no se habla de negociar reformas agrarias ni nada de eso. Es simplemente tener más claro el problema de territorialidad, para que las comunidades tengan más control. Me imagino que las Farc esta pidiendo el control de territorios que de hecho han dominado y eso, si queremos la paz, habrá que ofrecerlo. En cuanto al acceso a la tierra, ese es el problema histórico de Colombia. Una cosa es decir que se va a restituir y otra es implementar esa política, teniendo en cuenta que cuando se va a hacer la restitución se llega a un lugar y se encuentra con que el inspector de Policía es corrupto y los caciques locales mandan. Y todo esto con un abogado detrás que dicen que el lindero no es claro, a pesar de que el Agustín Codazzi debería tener una cartografía sólida. Pero no veo que el Estado ni la guerrilla quieran imponer posiciones maximalistas. Así que espero que los puntos del tema de tierras se puede resolver.

¿Cuál sería el inicio para resolver este conflicto?

Tiene que haber una reforma política que permita darle representación a las Farc una vez deje las armas. Hay zonas en que ellos podría ser mayoría electoral y tendrán un mayor control de algunos territorios.

Usted ha analizado los procesos agrarios en Colombia, ¿qué quedó debiendo el Estado en esas reformas?

Casi todo. La reforma agraria en un país como Colombia tiene que estar ligada al reconocimiento de la ciudadanía y sobre todo de la gente pobre, la gente que no tiene tierra o tiene muy poca. La reforma agraria es la base material para que el campesinado se constituya como ciudadanía luego vendrán los créditos, las agremiaciones, pero por lo pronto tiene que darles la base material.

¿Usted ve una intención real de hacer una reforma agraria o es de formalización de títulos?

Si de la Habana sale un acuerdo político, no va a ser una reforma agraria radical, como la que necesita este país, pero si va a ser la base para que la ciudadanía pueda plantear temas como estos sin miedo. Necesitamos quitarnos el miedo. El efecto de lo que pase en La Habana, que ojalá se llegue a una cuerdo político, es que se nos va a quitar el miedo a los colombianos de hablar. Y ahí vendrán discusiones serias, con estadísticas y estudio. Entonces se podrá hablar de reforma agraria.

¿Con la ley de restitución de tierras cómo es el tema de los baldíos?

En mucha partes los terratenientes dicen no son baldíos sino tierras privadas, y los campesinos dicen que son baldíos. Hay baldíos que mucha gente está reclamando como propiedad privada, argumentando que si no los explotan son baldíos. La gente poderosa siempre tiene abogados para probar que es propiedad privada. En mucha ocasiones lo que pasa es que el campesino no era despojado de una propiedad, sino de lo que se conoce como la posesión. Era poseedor de buena fe y nunca tuvo títulos. Entonces lo que restituye el gobierno es la posesión. Unos terratenientes dicen que él no tenía posesión sino mera tenencia, porque estaba contratado. Es un enredo entre tenencia, posesión y propiedad. Ahí se escudan tanto detractores como gobierno para darse la razón. Pero entrega de baldíos no es reforma agraria. Reforma agraria sería redistribuir tierras a los trabajadores del campo y a los pequeños propietarios, quitándole poder político a los dueños de la tierra. A los colombianos nos conviene eso porque no hay derecho a que todos esos propietarios usen las fuerzas políticas para seguir teniendo a Colombia atrasada con algo tan retrogrado como la estructura rural.

¿La redistribución de la propiedad no está en el panorama actual?

No, inclusive eso se le ha dado una connotación subversiva. Lo que hay que entender es que por eso han pasado casi todas las sociedades modernas y si queremos paz real, a largo plazo, entre otras cosas tenemos que entender esto.

¿Qué responsabilidad tiene el sector empresarial en esa concentración de la propiedad, incluso conseguida mediante el despojo?

El sector empresarial tiene dos clases: los que he llamado dentro de la ley, y los hampones y rufianes con capital, que también son empresarios y se legitiman haciendo empresas. Un hampón, rufián típico fue Vicente Castaño, quien con el proyecto palmero del Chocó-Urabá, pensó que podía presentarse como un empresario, y dejar de ser un narcotraficante, muy violento por lo demás. En ese juego aparecen muchos intermediarios: los parapolíticos y empresarios que conscientes de que quién era Castaño, pensaron que era la forma para limpiar la tierra. Castaño, en connivencia con narcotraficantes, generales y ganaderos, hicieron un proyecto empresarial. No les importó desalojar a las comunidades comprando notarios y oficiales. Ese es un caso de ese tipo de empresarios. Pero ahí también cayeron empresarios de buena fe pero en Colombia hay muchos lugares donde la tierra está bajo el régimen de este tipo de personajes. Su ventaja es tener acceso a la clase política que legisló en su favor, pidiendo créditos blandos y exenciones fiscales. Además tuvieron acceso a gente muy corrupta en el sistema de notariado y registro, a militares dispuestos a peinar el territorio de guerrilleros con tal de que hubiera seguridad para sus cultivos: a eso se le llamó confianza inversionista. Incluso hubo unas líneas de créditos grandísimas del Estado para subsidiar la agroindustria. Incluso hubo casos como el de un tipo llamado Miki Ramírez, que perteneció a la organización de Pablo Escobar, y cooptó todo el sector público: el fondo ganadero del Caquetá, la universidad del Amazonas, el Banco Cafetero y montó una gran estafa en nombre de estos proyectos.

¿Entre esos empresarios usted clasifica a Víctor Carranza?

No conozco ese proceso. He estudiado el de Miki Ramírez y el de los palmeros de Jiguamiandó y Curbaradó, donde hay gente muy elegante. A pesar de que estos son dos procesos muy alejados, sí tenían algo en común, y es lo que llamé el naipe perdido de la baraja: Miguel de la Espriella, un señor muy importante en la política, que impulsó una legislación que permitió que los fondos ganaderos pudieran redescontar las líneas de crédito Finagro. El tipo fue el intermediario entre Vicente Castaño y los Zuñiga de Santamarta, y es el tipo que saca un préstamo inmenso bajo los parapetos de Miki.

Farc piden a EE.UU. indultar a ‘Simón Trinidad’

En una jornada en que las Farc insistieron en pedir a Estados Unidos el indulto para Simón Trinidad, los delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de esa guerrilla continuaron ayer en La Habana (Cuba) con las negociaciones en busca de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país.

Tras un receso el jueves, que se repetirá cada tres días de diálogo bilateral, las partes se volvieron a sentar en la mesa, sin que haya trascendido qué aspectos concretos se están debatiendo del primer punto de la hoja de ruta del proceso: el problema de la tierra y el desarrollo agrario integral.

Como ha sido habitual desde que el pasado lunes arrancaron las conversaciones, los negociadores del Gobierno no hicieron comentarios a la prensa, mientras que los de las Farc, una vez más, aprovecharon para divulgar una nueva declaración, esta vez pidiéndole expresamente al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que indulte a Simón Trinidad para que éste pueda estar presente en los diálogos de paz.

“Inmenso aporte a la paz de Colombia haría el gobierno de Estados Unidos con ese gesto de humanidad”, dijo Rodrigo Granda, encargado de leer el comunicado, en el que además el grupo guerrillero “saludó” la reelección de Obama.

  • Alfredo Molano Jimeno | Elespectador.com
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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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