El problema agrario y la paz

Escrito inedito de 2005

La negación de los derechos de la población rural y los desequilibrios en la distribución y uso de los recursos naturales, principalmente la tierra, han originado históricamente los conflictos sociales en el campo, y la falta de articulación y resolución de esos conflictos ha contribuido decisivamente para que se haya extendido la confrontación armada en la mayor parte del territorio nacional. La guerra, a su turno, impide a los adversarios de los conflictos sociales tramitarlos con los medios de la democracia, y los alinea detrás de las presiones y la suerte de las confrontaciones militares. No es solamente el poder reformador del Estado el que desaparece en condiciones de confrontación armada, sino aún su función más básica de garantizar la vida y los derechos de la población.

Lo anterior significa que, desde la perspectiva programática, la solución de los desequilibrios más importantes del sector agrario sólo puede concebirse dentro de un gran acuerdo para ponerle fin a la confrontación armada. El acuerdo de paz debe reconocer a los grupos humanos implicados en las consecuencias de la guerra un conjunto negociado de derechos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del mismo Estado y de los particulares. Parte del acuerdo es la garantía de respeto a la organización de los intereses comunes, tanto gremiales como populares, y la formulación de demandas de cambio social, para poder reconstruir y tramitar los conflictos acumulados.

El acuerdo de paz debe priorizar la reparación de los daños sufridos por la población desplazada por la guerra. El primer criterio es la recuperación de la propiedad o la tenencia perdidas por violencia mediante la acción del Estado, sea para devolverla a sus titulares o para aumentar el Fondo Agrario, con destino a la distribución social de la propiedad, si los titulares no quieren o no pueden regresar a ella. No recuperarla equivale a legitimar la violencia de robo como forma de enriquecimiento ilícito no sancionado.

La distribución de la tierra no puede concebirse independientemente de sus usos, de los impactos ambientales y de las consecuencias sociales que la concentración de la tenencia produce en el sector rural. Una gran síntesis permite afirmar que la propiedad está excesivamente monopolizada en muchas regiones, con un conflicto de usos en favor de la ganadería extensiva y en perjuicio de los bosques y de la agricultura campesina.  El conflicto límite de usos del suelo se presenta en las áreas de mayor aptitud agrícola dedicadas a ganadería extensiva o semi-intensiva, donde se propone dar prioridad a la distribución de la propiedad.

Como criterio esencial, llama la atención el hecho de que Colombia no es principalmente un país de aptitud agrícola y debe, por lo tanto, abandonar la ecuación campesinos-agricultura, para dar paso a un espectro mucho más amplio de usos del suelo y de empleo productivo, donde tengan cabida la preservación y manejo productivo de bosques, la reforestación, la acuacultura, el manejo multi-estrato con ganadería, la agroindustria, etc., como actividades económicas importantes para la población rural.

Una política de tierras exige coordinar los usos del suelo, la distribución social de la propiedad y la protección ambiental con la estructura de impuestos a la propiedad territorial. El Estado debe disminuir drásticamente el atesoramiento de tierras en manos de grandes propietarios, que es posible porque la tenencia improductiva no tiene costos de oportunidad, por la casi inexistencia de impuestos prediales. A partir de una elevación sustancial del impuesto, pueden estudiarse exenciones sobre las áreas dedicadas a la preservación o recuperación ambiental y las áreas vinculadas a proyectos productivos asociados con la población campesina.

La política agraria en las regiones donde se ha dado la guerra debe orientarse a reconstruir el tejido social, desde planes de relocalización de desplazados hasta formas de asociación productiva entre grandes, medianos y pequeños productores.

El país debe cerrar cuanto antes la expansión de su frontera agropecuaria, pues el mejor uso de los suelos que quedan es la conservación de la cubierta boscosa protectora y su aprovechamiento racional, no su transformación en pastos temporales para ganadería extensiva, seguida por la erosión y la desertificación. Debe pensarse incluso en programas de relocalización de cultivadores ilícitos a zonas de economía campesina vinculadas a los mercados, como política de reparación de los daños sociales causados por el narcotráfico.

Los territorios de minorías étnicas han sido afectados en su mayoría por una combinación de presiones violentas: confrontaciones armadas entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares, compra de tierras por narcotraficantes, grandes proyectos de inversión petrolera o minera, colonización y cultivos ilícitos. Es urgente garantizar la integridad territorial de las minorías y definir una legalidad que les otorgue derechos reales sobre sus recursos naturales, en sustitución de la licencia gubernamental con el trámite de aprobación por parte de la comunidad, que los relega al papel de espectadores del desarrollo en su territorio, a costa de sus recursos de supervivencia del hábitat.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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