Escenarios pesimista, optimista y realista para la paz, descritos en 1998

 

 

Meses antes del inicio de los diálogos de paz con las Farc en El Caguán escribí este ensayo que describe un escenario pesimista, otro optimista y otro realista frente a la paz negociada. Leerlo ahora sirve para valorar la importancia del actual proceso de conversaciones en La Habana y las diferencias con El Caguán.

Alejandro Reyes Posada

Enero de 1998

1. El escenario pesimista.

El escenario pesimista para la paz es la continuación de las tendencias actuales de la guerra. Entre ellas se destacan:

– continúa existiendo un amplio apoyo de grupos importantes de la élite política, empresarial, militar y territorial a la guerra contrainsurgente privada en cabeza de los grupos paramilitares y las Convivir. Es un apoyo político, ideológico, económico y social. En algunas ocasiones la complicidad llega hasta el señalamiento de víctimas o hasta la combinación de esfuerzos militares y paramilitares. Los grupos paramilitares captan una parte cada vez mayor de las rentas del narcotráfico, de la renta petrolera y de las contribuciones ganaderas para financiarse.

– sigue la falta de autoridad del poder civil sobre las fuerzas armadas y la resistencia de la cúpula militar a una re-estructuración de la línea de mando, que permita desvincular a los altos oficiales responsables de tolerancia con los grupos paramilitares y juzgar crímenes de guerra anteriores.

– los paramilitares continúan cometiendo masacres y desplazando poblaciones campesinas que se refugian en las ciudades, mientras aumentan su cubrimiento territorial.

– las guerrillas continúan cometiendo masacres en regiones sometidas al dominio paramilitar, eliminan a sospechosos de colaborar con el ejército o los paramilitares, continúan ocasionando pérdidas humanas a la fuerza pública y aumentan sus acciones de sabotaje contra el transporte, la infraestructura y la industria petrolera.

– continúa la fumigación de cultivos ilícitos campesinos, la ruina de los cultivadores y el aumento de reclutamiento guerrillero, mientras los Estados Unidos financian la guerra contrainsurgente en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

– son reelegidos muchos de los parlamentarios que han recibido financiación de narcotraficantes y muchos de quienes apoyan a los paramilitares. Aumentan la corrupción pública y privada y la impunidad, disminuye la eficiencia del gasto público, crece el déficit fiscal y disminuye la inversión privada extranjera, mientras aumentan las dificultades para acceder al crédito externo y para privatizar empresas estatales.

– crecen el desempleo y la población bajo la línea de pobreza, se acelera el despoblamiento del campo y la tugurización de las ciudades, mientras aumentan los índices de criminalidad común y se reduce el gasto social.

– surge una nueva estructura mafiosa descentralizada que se hace cargo del negocio del narcotráfico, financia en grande al paramilitarismo y se adueña de grandes sectores de la economía en quiebra, mientras parasita todavía más los órganos de decisión política.

– en estas condiciones, el proceso de paz con las guerrillas no logra despegar del nivel de las escaramuzas de diálogo y el territorio tiende a distribuirse con mayor homogeneidad entre el nor-occidente, dominado por la alianza entre el paramilitarismo y las fuerzas armadas, el sur-oriente selvático, dominado por las guerrillas, y el sur-occidente, el centro y el nor-oriente, bajo control del precario estado que continúe administrando la nueva situación.

2. El escenario optimista.

– surge un rechazo popular amplio a la acción de grupos paramilitares, la presión internacional y nacional obligan al Estado a emprender una acción rápida de captura de los líderes y desmantelamiento de las tropas paramilitares y se logran parar las masacres contra campesinos.

– ejerce el poder un gobierno con autoridad que se siente responsable del orden público y de los derechos humanos, se abre paso una reforma a la cúpula militar y se retira y sanciona a los oficiales comprometidos con la operación de grupos paramilitares y con acciones violatorias de los derechos humanos.

– las guerrillas disminuyen la intensidad de sus acciones para ambientar un proceso de paz, y se comprometen a respetar el derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra. Prevalece internamente el sector más interesado en cambios sociales y políticos, mientras el sector más partidario de la guerra pierde importancia a medida que ésta entra en su fase recesiva.

– se replantea la fumigación masiva de cultivos ilícitos campesinos y se emprende una re-localización y redistribución de la tierra en regiones incorporadas a los mercados, para reconstruir las economías campesinas ubicadas fuera de la frontera de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Se re-asienta la población campesina desplazada en zonas de reserva campesinas, con apoyo pleno del Estado.

– son derrotados en las elecciones muchos de los políticos comprometidos con el narcotráfico y los paramilitares, mientras surgen nuevos dirigentes que se oponen a esos grupos. La opinión pública sanciona negativamente cualquier intento de legislar a favor de los mismos. Se lleva a cabo un saneamiento de la élite político – administrativa del país y se ordena el gasto público, aumenta la eficiencia del Estado, se reduce la impunidad, se supera el déficit fiscal y se recupera la tasa de inversión privada y pública. La confianza para hacer negocios en Colombia aumenta y se controla la inflación.

– se adelantan reformas sociales para superar los extremos de pobreza, disminuye el desempleo urbano y se estabiliza la población campesina con apoyo efectivo del Estado, mientras se desarma a la población urbana y se reducen rápidamente las tasas de criminalidad común gracias a una mayor inversión y calificación de la fuerza policial y la justicia y a una mayor participación comunitaria en la seguridad ciudadana.

– gracias a una bien pensada estrategia anti-mafias para interceptar su poder en sus puntos críticos, se reduce considerablemente la magnitud de la industria del narcotráfico controlada desde Colombia y el negocio se desplaza a otros países latinoamericanos, mientras avanza con rapidez la extinción del dominio de las tierras y bienes urbanos adquiridos por las mafias y se reduce su influencia económica y política.

– el proceso de paz con las guerrillas avanza satisfactoriamente y culmina con un acuerdo para ofrecer garantías para la participación política y social de las tropas guerrilleras, que pone fin a 35 años de confrontación armada. Se adelanta un exitoso programa de re-inserción de guerrilleros, paramilitares y militares, y de otra parte, se enfoca el esfuerzo en la seguridad ciudadana, en mayor peligro por la privatización de la violencia que caracterizará la etapa post-conflicto armado.

3. El escenario realista.

el gobierno intenta calmar las presiones internacionales que protestan por las masacres cometidas por paramilitares con la captura y sometimiento a juicio de dos o tres docenas de mandos medios y se obliga a los restantes a abandonar campamentos fijos y adquirir mayor movilidad. Se revela a la opinión la mayor conexión de los paramilitares con el negocio del narcotráfico y eso obliga al ejército a replantear la división de tareas con los paramilitares. La Fiscalía y los jueces comienzan a condenar penalmente a los jefes. Se abre paso una amnistía negociada a cambio de la desmovilización individual y de algunos grupos. Los empresarios y ganaderos se muestran renuentes a aumentar contribuciones y los apoyos políticos se tornan más discretos e ineficaces.

– el nuevo código de justicia penal militar permite enjuiciar un número mayor de conductas criminales que anteriormente eran tomadas como actos de servicio. Continúa mejorando el respeto por los derechos humanos de la población civil, pero avanza muy poco el  juicio de hechos anteriores de miembros de la cúpula militar. El ejército mejora su dotación y armamento, pero sigue siendo incapaz de vencer a la subversión armada y de tomar la decisión de atacar eficazmente a los paramilitares. Se hace cada vez más evidente el condicionamiento militar de resultados contra la exigencia de mayores recursos.

– baja un poco la tasa de reelección de parlamentarios al servicio del narcotráfico y los paramilitares y aumenta un poco la fuerza política opuesta a esos grupos. La Fiscalía y los jueces continúan enjuiciando a miembros de la clase política, pero siguen primando los resortes clientelistas y la corrupción en el manejo público. Se conjuga el déficit fiscal con una devaluación pronunciada, que acelera la inflación, para socializar los costos de la quiebra del Estado. Aumentan las presiones para que se reduzca el tamaño de la burocracia y se privaticen empresas estatales.

– la continuación de la guerra impide adelantar reformas sociales, re-asentar a los desplazados y solucionar el problema social de los cultivadores ilícitos. Continúa el proceso de tugurización de las grandes ciudades y el despoblamiento del campo. Crecen los fondos dedicados a atención asistencial de la población bajo la línea de pobreza, que sigue aumentando.

–  aumenta la resistencia contra la corrupción política e igualmente se radicaliza la defensa de la clase política contra la prensa fiscalizadora y contra la justicia. Buena parte del ejecutivo sigue siendo administrado para devolver favores electorales y apoyo parlamentario a iniciativas del gobierno. Se socializa la quiebra del Estado con una devaluación drástica y elevación de impuestos, que desestimulan la inversión, aunque otorgan ventajas competitivas a la producción nacional contra los bienes importados.

–  hay una ligera mejoría de las condiciones de vida de la población más pobre y surgen movimientos políticos en defensa de las clases medias, sobre las cuales recaen los sacrificios fiscales. El gobierno busca atender mejor a la población campesina para disminuir la violencia rural y quitarle espacio político a las guerrillas.

– el negocio del narcotráfico es controlado por muchas pequeñas empresas que entran y salen rápidamente del escenario, con mayores costos por corrupción y violencia, que le restan competitividad a los colombianos. Hay un creciente desplazamiento del negocio a otros países latinoamericanos. La extinción del dominio avanza contra los capos más notables, pero es casi inexistente contra el grueso de las mafias y contra los autores de la corrupción pública.

– la guerra se concentra cada vez más en la lucha entre guerrillas y paramilitares para controlar las tres grandes fuentes de financiación: las drogas, la renta petrolera y las rentas territoriales derivadas de la ganadería extensiva. Siguen las masacres, cometidas tanto por paramilitares como por las guerrillas, para buscar una homogenización de la población bajo dominio de unos y otros.

– el proceso de paz se inicia con el despeje de varios municipios en el Meta y Caquetá, pero se estanca porque el gobierno no logra reunir la autoridad política suficiente para negociar reformas sociales ni para plantear una re-estructuración de la cúpula de mando militar, ni las guerrillas perciben ventajas en su eventual transformación en fuerzas políticas.

4. El concepto de paz.

A estas alturas del conflicto armado y de la crisis del Estado es necesario replantear el concepto de paz. No se trata de negociar concesiones económicas con las guerrillas, ni tampoco de pactar reformas sociales y políticas futuras mientras continúan dominando la corrupción y el clientelismo, porque ninguno de esos recursos es suficiente para lograr la transformación de las guerrillas en partidos políticos.

Se han agotado las posibilidades de negociar la des-movilización a cambio de una amnistía, de un programa de re-inserción o de una reforma constitucional, que en el pasado inmediato lograron des-movilizaciones parciales. Esos elementos formarán parte de una futura negociación, pero su alcance será mucho mayor.

La futura negociación de paz deberá partir de un reconocimiento sobre la fragmentación de las estructuras de poder en cabeza del Estado, las guerrillas y la derecha paramilitar, y de un acuerdo sobre la necesidad de unificar el poder en una sola estructura político – administrativa. Esa nueva estructura equivaldrá a una re-fundación y consolidación del Estado, que surgirá de un acuerdo sobre tres bases fundamentales:

 – un consenso para democratizar el poder público, sometido al imperio del derecho y la justicia, y de combatir con los instrumentos legales la corrupción y los privilegios estamentales.

  – un acuerdo para distribuir la propiedad y el ingreso nacional, para superar rápidamente la pobreza de las mayorías y asegurarles sus derechos económicos y sociales. La redistribución comenzará por la extinción del dominio sobre la riqueza obtenida ilícitamente, no sólo en cabeza del narcotráfico sino también de la obtenida por corrupción y por apropiación violenta en manos de grandes propietarios, paramilitares y guerrillas.

 –  un acuerdo para reorganizar la seguridad del Estado, titular del monopolio de la fuerza, para reestructurar al ejército y la policía y para mejorar la seguridad ciudadana con la participación local de la población.

 

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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