NUEVO CICLO DE MOVILIZACIONES RURALES

Alejandro Reyes Posada

10 de julio de 2013

El reto de la movilización social

Todo indica que está empezando un nuevo ciclo de movilizaciones rurales para buscar mejores condiciones de bienestar para las comunidades marginadas del desarrollo. Esa acción colectiva pone a prueba la capacidad estatal para responder a las demandas populares, cuyos escenarios y métodos de presión se alejan de los canales regulares y entran a la órbita del orden público y la seguridad. Este análisis puede aportar orientaciones de política para aprovechar las movilizaciones rurales para ambientar las transformaciones que deben realizarse en el posconflicto.

Las movilizaciones combinan los reclamos locales y el activismo de organizaciones que buscan representar intereses sociales con fines políticos, algunas incluso parcialmente vinculadas a las guerrillas. Los partidos tradicionales y sus disidencias no han agenciado intereses rurales populares desde el reformismo agrario del partido liberal  bajo el liderazgo de Carlos Lleras, en los años sesenta, derrotado en los setenta por la fuerte representación política de las elites regionales propietarias de la tierra.

Destrucción y reconstrucción de las organizaciones rurales

En las pasadas tres décadas, la organización campesina, cuyo paradigma fue la ANUC, fue sucumbiendo progresivamente a medida que avanzaba la confrontación entre la fuerza pública, las guerrillas y los grupos paramilitares y narcotraficantes, que polarizaron las comunidades y persiguieron el liderazgo social que no lograban subordinar a sus fines. Ese proceso significó la pérdida de control de las comunidades sobre sus condiciones de vida y sus formas de asociación y representación de intereses sociales, el aumento de la indigencia y la pobreza, y la mayor dependencia de programas asistenciales del estado, las iglesias y las ONGs, financiadas por la cooperación internacional.

El conflicto armado produjo una transformación profunda de las formas de organización campesina y popular, que buscaron afrontar el deterioro del tejido social de las comunidades. Surgieron movimientos de víctimas, asociaciones de desplazados , iniciativas como los programas de desarrollo y paz en 20 regiones de violencia, siguiendo el ejemplo del Magdalena Medio, y aparecieron múltiples esfuerzos locales de autogestión y autoayuda lideradas principalmente por mujeres. Las únicas organizaciones que tuvieron continuidad fueron las indígenas, nacidas en los setenta, y las negras, desde los noventa, por la estrecha vinculación entre las identidades étnicas y los territorios, profundamente afectados por el conflicto armado.

Un denominador común de este cambio organizacional es que el poder y la capacidad de representación de intereses sociales de los aparatos gremiales nacionales, en contextos de violencia, tiende a desplazarse a favor de organizaciones locales, con base territorial.

Paralela a la destrucción y reorganización de los movimientos rurales, las autoridades e instituciones locales y regionales fueron cooptadas por organizaciones armadas y mafiosas en regiones donde el estado central perdió el control territorial a favor de dominaciones locales. Esta captura del estado local compromete la capacidad del estado para responder a las demandas locales, cuyos voceros no encuentran interlocutor legítimo en el entorno local y, por tanto, buscan interpelar al gobierno nacional.

Los nuevos paradigmas del desarrollo rural como orientación política para el posconflicto y el manejo de movilizaciones colectivas

Se pueden destacar tres paradigmas de la nueva visión sobre desarrollo rural, contenidas en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural y en el acuerdo agrario de la negociación de paz con las Farc, con implicaciones directas en la movilización social:

1) el enfoque territorial del desarrollo, que supera la dicotomía rural-urbana para incluir las relaciones complejas que se dan en los territorios, como espacios geográficos, económicos y sociales donde interactúan todos los sectores productivos, para regionalizar las políticas públicas, definir la corresponsabilidad de los entes territoriales y cofinanciar los planes de inversión.

El enfoque territorial permite definir los espacios geográficos que es necesario delimitar para la aplicación de programas y la concertación de políticas sociales y de desarrollo. Definir conjuntos de comunidades como territorios, con su propia capacidad de representación y acción colectiva, facilita la interlocución con el gobierno central y la concertación horizontal entre comunidades locales, para sumar capacidades de gestión y ejecución.

2) el mayor protagonismo de las organizaciones sociales de base territorial, llamadas a definir prioridades de ordenamiento productivo del territorio y de atención de necesidades sociales y a concertarlas con autoridades locales, regionales y nacionales. Las juntas de acción comunal, cuyo ámbito es la comunidad veredal, pueden recuperar su capacidad de representación local.

La movilización social puede canalizarse justamente como un proceso de creación de identidades colectivas en espacios que comparten problemas y posibilidades, como ocurre actualmente en el Catatumbo. El paso crucial es facilitar que las movilizaciones deriven hacia el fortalecimiento de organizaciones sociales con base territorial, capaces de representar intereses locales y asumir compromisos de participación en los programas y acciones en el territorio. De esta manera se puede reparar el daño principal del conflicto armado, que es la pérdida de la capacidad de control de las comunidades sobre su territorio, sus recursos vitales y su proceso de desarrollo. La fortaleza de las organizaciones locales, desde la vereda hasta el territorio, neutraliza y hace irrelevantes las infiltraciones de grupos políticos o armados con agendas de demandas nacidas fuera del territorio.

3) la necesidad de desarrollar instituciones territoriales capaces de agenciar el desarrollo, que superen la crisis de legitimidad y eficacia de los gobiernos municipales y departamentales y coordinen las acciones sectoriales en el territorio. Finalmente, si las movilizaciones denotan identidades territoriales compartidas, como es el caso del Catatumbo, el gobierno debe también promover la articulación entre instituciones y autoridades locales del territorio, para ir creando instituciones territoriales con capacidades para enfrentar los problemas coordinadamente.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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