LA HIPÓTESIS DE SEGURIDAD DEL POSCONFLICTO

Alejandro Reyes Posada

21 de noviembre de 2013

El posconflicto cambia la hipótesis de guerra del Estado colombiano, que en esencia ha consistido en la idea de que las guerrillas se infiltran entre las comunidades campesinas, obreras y estudiantiles para instrumentarlas, y que por tanto, esas comunidades deben ser objeto de vigilancia y represión, y sus protestas deben tratarse como provocaciones manipuladas por el enemigo interno. Aunque esta visión tenga algunos elementos ciertos, comprobados por inteligencia, el paradigma tiene un sesgo que lleva a ignorar igualmente las resistencias de las comunidades contra la manipulación y la opresión de los grupos armados, que conforman un panorama mucho más complejo.

La hipótesis anterior, que sigue prevaleciendo en la práctica, es el camino que conduce a tratar a las comunidades rurales como parte del problema de seguridad, y contribuyó a la generación de las autodefensas y finalmente el paramilitarismo, que llevaron al límite la hipótesis de asociar comunidades y subversión y en consecuencia desató la práctica del terror mediante la realización de masacres y asesinatos de líderes sociales para conseguir dominio territorial.

La hipótesis de guerra es claramente compartida por las elites territoriales, pues les ha permitido no solo conseguir respaldo público y privado a su seguridad, amenazada por las guerrillas, sino además les permitió extender sus propiedades a costa del desplazamiento campesino y la depresión de los precios en áreas en conflicto, para recuperarlos a favor de quienes pudieron comprar o usurpar la tierra cuando se desplazaba a las guerrillas con la cooperación de los señores de la guerra.

La otra cara de la hipótesis de guerra es la pérdida del monopolio de la fuerza por el estado, que abrió la puerta para que se asociaran a la seguridad nacional las mafias que habían comprado extensas propiedades y que pudieron crear ejércitos privados, como fue el caso de Rodríguez Gacha, y cuyos sucesores no se quedaron en la alianza de seguridad, sino que se asociaron con políticos regionales e intimidaron al resto, para avanzar hacia el control de las administraciones locales y regionales en sus áreas de influencia, para asaltar sus arcas.

Esta lección ya la aprendió el país y corregir sus consecuencias es parte esencial del posconflicto: cuando la fuerza pública comparte el monopolio de la fuerza también está entregando al resto del estado, y la población señalada por los aliados sociales como enemiga o colaboradora del enemigo queda desprotegida e indefensa como blanco fácil de la guerra. El daño social es tan profundo que tarda años restablecer la confianza entre vecinos, en comunidades donde la mitad lleva el estigma de apoyar a guerrillas y la otra mitad de apoyar a paramilitares, cuando lograron resistir al desplazamiento.

En el posconflicto cambia la hipótesis de guerra. No son las elites territoriales, anteriores y emergentes, las aliadas privadas de la seguridad nacional, ni la población civil es el agua donde se mueve el pez de la subversión, para ser tratada con hostilidad, sino que la fuerza pública es la garante de los derechos ciudadanos, con especial prioridad los de la población vulnerada por el conflicto armado.

La actualización de esos derechos de las víctimas, y en muchos sentidos toda la población rural ha sido víctima, exige confrontar intereses vitales de una parte de las elites territoriales, por ejemplo los de quienes se beneficiaron del despojo de tierras. Si el despojo fue un encuentro entre victimarios armados y víctimas indefensas, la restitución es un nuevo conflicto, esta vez entre el estado, con la fuerza pública a la cabeza, que protege a las víctimas, y los victimarios, ya despojados de sus ejércitos privados, que se defienden con violencia alquilada a las Bacrim o al sicariato.

En la medida en que la fuerza pública neutralice la amenaza de violencia privada contra la restitución de tierras, en una nueva alianza con el campesinado, aumentará su legitimidad y pondrá en práctica el nuevo paradigma de la seguridad en el posconflicto, que es poner la seguridad al servicio de los derechos de todos, empezando con los de la población rural abandonada por el estado, y no como el instrumento de defensa de privilegios abusivos o mafiosos de las élites territoriales.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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