LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA

Alejandro Reyes Posada

El derecho civil es la muralla de garantías del derecho de propiedad contra el despotismo de gobernantes o la arbitrariedad de particulares que quieran vulnerarlo. Pero el sistema anacrónico y desvertebrado de titulación y registro de la propiedad ha sido el verdadero secreto que le ha permitido a la elite colombiana apropiarse de las mejores tierras colonizadas por campesinos y adquiridas como simples mejoras. Cuando el Código Civil fue expedido, en 1887, sólo una pequeña porción del territorio, cercano a las ciudades y las vías, tenía propiedad con títulos registrados. El resto era tierra baldía, que desde 1922 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia confirmó como propiedad de la nación, no susceptible de posesión ni pertenencia, sino de mera ocupación por colonos que la trabajaran, y que sólo salía del dominio de la nación mediante un acto expreso de adjudicación. 

El régimen de baldíos, por tanto, fue el derecho concedido al campesinado para que ocupara el territorio con su trabajo familiar para expandir la frontera agraria, a cambio de la promesa del estado de reconocer esa ocupación como propiedad titulada. Por el incumplimiento del estado, desde los años veinte del siglo pasado estallaron muchos conflictos entre colonos de baldíos y propietarios inscritos, que no ejercían posesión material pero alegaban títulos sobre los baldíos registrados conforme al derecho civil.

Para resolver esos conflictos, la ley 200 de 1936 definió el derecho preferente del poseedor material para hacerse propietario mediante la prescripción o pertenencia y derrotar la pretensión del titular privado que no ejercía posesión. También concretó la función social de la propiedad, que justifica la expropiación o la extinción del dominio cuando deba prevalecer el interés público. Para aplicar esos nuevos conceptos creó la jurisdicción agraria, pero el fisco no pudo sostenerla.

Esta ley introdujo el derecho agrario, progresista con el campesinado, pero su aplicación quedó en manos de jueces civiles, notarios y registradores, que no tenían modo de distinguir entre baldíos y tierras privadas, y que por tanto usaron las reglas del código civil para que los grandes terratenientes reclamaran el derecho de pertenencia para consolidar los títulos precarios de la mayor parte de los baldíos ocupados, despojando así legalmente a los colonos. Todos estos hechos muestran que el estado colombiano no ha controlado el régimen de propiedad de la tierra ni usado con eficiencia las herramientas para hacerlo.

Para solucionar en forma rápida y masiva esta deuda histórica con el campesinado, el gobierno Santos se comprometió en La Habana a actualizar el catastro, fortalecer la eficiencia de los procesos agrarios y de la extinción del dominio y aplicar el derecho agrario, que descansa en la función social de la propiedad, para lo cual será indispensable revivir la jurisdicción agraria especializada, con fuerza de cosa juzgada.

Anuncios

Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
Esta entrada fue publicada en Columnas, Ensayos, Políticas Públicas y etiquetada , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s