EL DESPISTE DE AMNISTÍA SOBRE RESTITUCIÓN

Publicado en EL ESPECTADOR el domingo 7 de diciembre de 2014

En la geografía del conflicto y del despojo de tierras desde hace décadas cambian los territorios afectados, de manera que se pueden concebir como guerras locales que se expanden y contraen con el tiempo. Estos conflictos han generado episodios de desplazamiento seguidos por retornos parciales o repoblamiento en ciudades u otros territorios, con una curva de empobrecimiento inicial seguida de una reconstrucción de proyectos de vida para la siguiente generación, proyectos que muchas veces excluyen el retorno al campo. No se puede acumular la cifra de desplazados de tres décadas como si todos requirieran la misma política de asistencia y reparación.

La política para dar atención humanitaria y reparaciones monetarias se ha fundado en un registro de desplazados con un diseño que contiene una puerta de entrada, la inscripción, pero no una puerta de salida, al comprobarse el retorno y la regularización de la vida, para descargar el sistema de quienes no requieren esa ayuda de emergencia sino bienes públicos para reconstruir comunidades urbanas y rurales.

El resultado de este diseño es que todas las políticas de atención, reparación y restitución parten de una base poblacional gruesamente sobrestimada y por tanto cualquier resultado luce insignificante frente al problema. Con esta falacia de las cifras es muy fácil para entidades como Amnistía Internacional descalificar los resultados obtenidos en restitución, cuando contrastan cifras muy exageradas, como la de ocho millones de hectáreas despojadas a 350.000 familias, frente a 85.000 hectáreas restituidas judicialmente y 300.000 pendientes de fallos en dos años.

La realidad parece estar más cerca del cálculo de Ana María Ibáñez, investigadora rigurosa de Los Andes, quien afirma que son 1.3 millones de hectáreas despojadas a muchas menos familias. La tercera encuesta de la Comisión de Seguimiento, de Luís Jorge Garay, hecha a 10.000 desplazados, calculó 4 millones de hectáreas abandonadas y 2 millones despojadas en sentido estricto. Muchas de las abandonadas ya han sido recuperadas por quienes han retornado, según los avances en seguridad, pero no se descargan del inventario de víctimas y de hectáreas despojadas. En el trámite de la restitución, la tendencia creciente es que cada semana se presentan menos reclamaciones y es mayor el porcentaje de rechazo, hoy entre 40% y 50%, por no reunir las condiciones que las califican como despojos. No sería sorprendente que en los diez años de vigencia de la ley de restitución las reclamaciones se acerquen a las 100.000, y no a las 340.000 estimadas provisionalmente en 2011 para dimensionar los cálculos presupuestales de la Unidad y de los jueces.

La política ha creado una adicción a la atención humanitaria y a la reproducción de los dispensadores de ayuda, públicos y privados, quienes tienen interés en mantener alto y creciente el tamaño de sus clientelas dependientes de la ayuda, para lo cual tienen débiles barreras de entrada al registro de víctimas. Una parte creciente de subsidios a la pobreza se disfraza de atención y reparación de víctimas, hasta hacer insostenible el sistema y perder todo principio de focalización y efectividad social.

Una decisión urgente es pedir al sistema de registro de desplazados de la Unidad de Víctimas que haga más estricto el acceso de entrada al sistema de ayuda y reparación, otro de los barriles sin fondo del presupuesto, y, en el caso de despojos, que calcule las hectáreas que recuperaron los que retornaron espontáneamente a sus predios, para restarlas de la enorme cifra de despojos que pesa como una losa sobre la evaluación de la Unidad de Restitución, a quien no corresponde el apoyo y monitoreo del retorno, pero a quien toca afrontar las críticas por la aparente falta de resultados de restitución.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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