Publicado en EL ESPECTADOR el 13 de abril de 2016
Debe hablarse, con propiedad, del posconflicto con las Farc, la principal guerrilla colombiana, porque no hay seguridad de que el Eln inicie la negociación de paz con el Gobierno. Si no lo hace, esa guerrilla buscará reclutar a desmovilizados de las Farc para acrecentar su fuerza de combatientes y continuará planteando un reto a la seguridad en sus regiones de dominio y en las que logre extenderse luego de la desmovilización de las Farc. De esa forma, el Estado tiene todavía por delante la tarea de consolidar su dominio territorial frente al Eln y frente a las bandas criminales que extorsionan a la población y controlan mercados ilegales en regiones de la periferia.
Adicional a los riesgos de la insurgencia y el crimen organizado, el riesgo principal del posconflicto con las Farc es la reactivación de las iniciativas de defensa armada de los grandes propietarios de la tierra si perciben que la movilización agraria para demandar la reforma rural amenaza sus intereses patrimoniales y sus privilegios, en un reciclaje del paramilitarismo. Para ello disponen de una abundante oferta de mano de obra criminal entrenada en el control territorial mediante el terror, recursos del narcotráfico, la justificación política de la continuación de las guerrillas, un partido de derecha opuesto a la negociación con las Farc y a la reforma rural negociada, y la incertidumbre de una parte de los mandos de las fuerzas armadas con la negociación de paz.
A esto se suma la idea de que el partido de oposición es víctima de la persecución judicial auspiciada por el Gobierno, fundada en el peor ejemplo imaginable: la detención, después de 20 años de impunidad, del jefe del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, Santiago Uribe Vélez, cuyo apogeo criminal ocurrió durante la Gobernación de su hermano mayor, Álvaro Uribe, actual jefe de la oposición a Santos y al proceso de paz.
Con la intención de garantizar la no repetición de las hostilidades armadas se pactó que el tribunal de paz juzgará no solo los crímenes de las Farc, sino también los cometidos por miembros de las fuerzas armadas y de civiles en el marco del conflicto, con penas reducidas a cambio de confesión de la verdad y reparación a las víctimas. Tal vez ésta fue una concesión demasiado generosa, que puede resultar ineficaz para disuadir a quienes están activando de nuevo la guerra clandestina con asesinatos de líderes sociales, para detener, según pregonan, la entrega de Colombia al castrochavismo de las Farc. Es la combinación de todas las formas de lucha de la derecha que tenemos, dispuesta a repetir la matanza de la UP y los falsos positivos para salvar a la patria.
En definitiva, el proceso de paz con las Farc puede ser el catalizador que ponga fin al conflicto armado y a la precariedad del control territorial del Estado sólo si éste se logra consolidar como el árbitro final de los conflictos sociales que emergerán en el posconflicto, y logra interrumpir los mecanismos de reproducción de la guerra interna, que documentó con excelencia investigativa María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas.
Alejandro Reyes Posada 