ANÁLISIS DE LA COYUNTURA COLOMBIANA

Diciembre 13 de 2017

Un análisis de coyuntura es siempre difícil y arriesgado porque debe tomar en cuenta tanto las estructuras de larga duración como los acontecimientos actuales en curso, los actores sociales y políticos y sus interacciones, además de un elemento inasible, como la lectura que los mismos actores hacen de su circunstancia y cómo influye en sus decisiones y estrategias.

Hechas estas advertencias, la coyuntura colombiana actual está formada por la terminación parcial del conflicto armado y la transición de un gobierno a otro por la vía electoral. La conjunción de las dos cosas las relaciona de manera ineludible e inevitable: la terminación del conflicto generó una polarización de fuerzas políticas a favor y en contra de lo pactado, que se refleja en el debate electoral entre los partidarios de avanzar en la pacificación acordada y los que prefieren aplicar una pacificación sin ventajas para las guerrillas, para aplicar una justicia de vencedores más que una justicia transicional, y restringir la participación política a la condición previa del cumplimiento de las penas aplicadas por el tribunal, para reducir su posibilidad de acceso al poder.

Otro elemento de la coyuntura es que el capital político del presidente Santos se agotó en el proceso de negociación, y la implementación de lo pactado tomó al gobierno con restricciones fiscales severas por la caída de 20 billones de ingreso petrolero. Una condición favorable es haber involucrado a las fuerzas armadas desde el principio de las negociaciones, que las legitimó ante sus miembros y los dispuso a replantear sus estrategias de seguridad, para pensar en el copamiento territorial, el combate a la delincuencia organizada y la seguridad ciudadana, con capacidades aumentadas por el conflicto armado.

El elemento adverso es el crecimiento de la derecha política, que responde a una estructura cultural más profunda, generada por “un conflicto armado al servicio del statu quo”, como sostuvo Daniel Pécaut en un artículo, y que crece precisamente cuando termina el conflicto con la guerrilla más grande y ofensiva del país. La oposición y la deliberada displicencia con la reforma rural indican que los terratenientes y rentistas, muchos enriquecidos con la guerra y el narcotráfico, no están de acuerdo con los cambios necesarios para modernizar las estructuras de tenencia y uso de la tierra.

En la justicia transicional, tampoco aceptaron el juzgamiento de los terceros involucrados en crímenes de guerra, y ni siquiera aceptan que personas que trabajan por los derechos humanos formen parte del tribunal. En otras palabras, la derecha no apoya la paz en los términos en que se negoció. Todo este crecimiento político de la derecha es resultado de su triunfo en el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz el 2 de octubre de 2016, que recogió la Corte Constitucional al permitir al Congreso volver a negociar entre las bancadas el contenido del acuerdo.

Un rasgo de la tradición política colombiana es que las elites, y en general la derecha, temen la emergencia de movilizaciones populares que empoderen a las comunidades, en el contexto de la pacificación, para superar la enorme injusticia en la distribución de los recursos, empezando por la tierra y los bienes públicos, y que las guerrillas desmovilizadas prosperen políticamente al encabezar esas luchas. Aparte de agitar el temor al espectro de ruina del castro-chavismo, reflejado en la destrucción de Venezuela, los asesinatos de líderes sociales son testimonio de que continúa el uso de fuerzas paramilitares para amordazar e inhibir la organización popular. En el mismo sentido debe interpretarse la desfiguración y hundimiento de la reforma política, inicialmente diseñada como una apertura democrática a los sectores populares y una depuración de prácticas corruptas electorales, según lo acordado en el proceso de paz.

Frente a lo anterior, las guerrillas desmovilizadas de las Farc no tiene otra alternativa que conformarse con la paz reducida que les tocó en suerte, y su principal preocupación es su seguridad y supervivencia como organización política. Incluso tomaron la decisión de continuar la organización del PCC, el partido comunista clandestino y permanecer como clandestinos. Es notorio que no hayan elevado su voz con mayor énfasis frente al lento despegue de la implementación de la reforma rural, lo que muestra que se habían disociado hace tiempo de su mito fundador de ser una guerrilla campesina en lucha por sus intereses. Tampoco es claro que puedan representar políticamente a las comunidades rurales, pues en sus regiones de dominio territorial crearon también mucha resistencia y sumisión pasiva, que la población no quiere continuar ni repetir.

El conflicto armado, con sus 220.000 asesinatos y seis millones de desplazados, ha desorganizado las organizaciones populares pero al mismo tiempo ha creado formas de resiliencia y empoderamiento de las víctimas, que pueden ser la semilla de la movilización social en busca de ampliar la democracia y repartir mejor el ingreso nacional una vez desaparezcan las guerrillas.

Todo indica que el tema agrario cumplió el papel de ser el “puente de oro” que permitió a las Farc hacer la negociación, al salvarle el honor como guerrilla cuyo mito fundador es la resistencia campesina contra un estado agresor en Marquetalia, a pesar de haberse disociado de sus intereses, que no parecen tan cercanos al campesinado en su conjunto. Tampoco se aprecia una coalición política fuerte en apoyo a la reforma rural integral comprometida en el acuerdo de paz, aunque hay señales de cambio de políticas públicas para darle mayor atención al tema agrario, como la creación de tres agencias nuevas para el mundo rural, Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio, y el decreto ley 902 de 2017, que dispone hacer el ordenamiento de la propiedad por barrido territorial y unifica los procesos a agrarios en uno solo. Falta la creación de la jurisdicción agraria y la nueva ley de tierras, en etapa de consultas previas. Tampoco se ve gran voluntad para hacer el nuevo catastro multipropósito, que permitiría clarificar la propiedad y elevar los impuestos para los municipios.

La tardía negociación con el Eln entró en un impasse a final del año con la renuncia del equipo negociador dirigido por Juan Camilo Restrepo, debido, entre otras cosas, a que el presidente designó un equipo paralelo, formado por Ernesto Samper, Álvaro Leiva e Iván Cepeda, que minaba la vocería del equipo negociador. Algo similar ocurrió en la etapa final de negociación con las Farc, con la llegada a la mesa de La Habana de personajes como Álvaro Leiva, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, que aceptaron demandas que el equipo negociador dirigido por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo eran renuentes a aceptar.

El cese al fuego firmado hasta el 9 de enero de 2018 ha sido parcial, pues esa guerrilla continúa los asesinatos de líderes sociales, especialmente indígenas en Chocó, Cauca y Nariño, sigue el secuestro y el reclutamiento forzoso e intenta ocupar, disputando con la disidencia y las bandas criminales del narcotráfico y la minería ilegal del oro, los territorios de las Farc. No es seguro que el cese al fuego se prorrogue en enero, aunque el interés del gobierno sería prolongarlo durante la etapa electoral para evitar interferencias.

La negociación con el Eln arrancó mal desde la definición de la agenda pactada por Frank Pearl, referida a la participación popular en la negociación, que la hace imposible de precisar. El Eln dice que en Quito está en etapa exploratoria y observa con escepticismo la implementación del acuerdo con las Farc para calibrar la voluntad del Estado. Esa guerrilla tampoco cuenta con la estructura piramidal de mando que tenían las Farc y varios de sus bloques son renuentes a las órdenes del Coce. El del Chocó no ha querido enviar delegado a la mesa de negociación.

El futuro para los territorios depende del triunfo electoral de una de las dos coaliciones que se vislumbran hasta ahora: la coalición aglutinada en torno del centro democrático, que debe escoger candidato entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, con sectores conservadores, y la que se está formando en torno de Sergio Fajardo, con el posible apoyo de Humberto de la Calle, Clara López y Gustavo Petro, además del Polo Democrático y el partido de los Verdes. Dependiendo de quiénes pasen a segunda vuelta electoral, si uno de ellos es Fajardo, el otro solo puede ser el del Centro Democrático o Vargas Lleras, y el excluido no tendría opción distinta a aliarse con el vencedor. Si no es Fajardo, la elección estaría entre Vargas Lleras y el candidato de la coalición encabezada por el Centro Democrático.

El tema de la paz probablemente no tenga tanto peso en el debate electoral como los temas de seguridad ciudadana y corrupción. Los electores urbanos, que son la gran mayoría, están cansados del tema de la paz, que dan como un hecho cumplido con la desmovilización y desarme de las Farc, del cual no hay que ocuparse más, y también lo están de la polarización entre Uribe y Santos en torno de la paz, que impide construir una visión del futuro.

Los territorios del conflicto pueden vivir un recrudecimiento de la violencia criminal de bandas organizadas que controlan mercados ilegales y extorsión. Es cierto que las fuerzas de seguridad han aumentado sus operaciones contra ellos y logran cada vez más capturas de cabecillas, que sin embargo son reemplazadas de inmediato por nuevos aspirantes a capos. El problema de fondo en esta periferia es que la economía ilegal irriga más recursos y compra más lealtades que la legal, que tarda en extender sus beneficios en términos de empleo y servicios a la población.
Sin las Farc, muchas comunidades han sentido el alivio de no tener poderes de facto impuestos sobre ellas y han reactivado proyectos de desarrollo y nuevos cultivos e inversiones, pero la frustración de las altas expectativas de implementación de los acuerdos, especialmente el agrario, puede alimentar nuevos movimientos de protesta para reclamar mayor presencia estatal en los territorios.

A mediano plazo, el cambio de paradigma del desarrollo rural hacia el enfoque territorial, que se ha llamado paz territorial, valoriza el papel de las autoridades locales y las organizaciones sociales de cada territorio para ser agentes y protagonistas de sus planes de desarrollo. A corto plazo, la campaña electoral tiene un efecto paralizante de la inversión pública y privada, en espera de la decisión de los electores para conformar el próximo gobierno.

Por último, una paradoja de la coyuntura colombiana es el contraste entre la gran acogida que la paz con las Farc ha tenido en la comunidad internacional, que la considera un caso de éxito, y la polarización interna frente al proceso. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho una apuesta fuerte por el éxito de la paz en Colombia, y continuará apoyándolo para marcar un contraste entre el fracaso de la revolución bolivariana, que se transforma cada vez más en una dictadura apoyada por Cuba, y el éxito de una democracia que supera la guerra en la vecina Colombia. Este apoyo semeja el que recibió Puerto Rico como contraste con la economía comunista cubana en los sesenta y setenta. La desgracia de Venezuela puede terminar siendo la fortuna de Colombia.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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