LAS POLÍTICAS DE TIERRAS DEL POSACUERDO DE PAZ

LAS POLÍTICAS DE TIERRAS DEL POSACUERDO DE PAZ

La tierra es el tema central del posacuerdo y del desarrollo de Colombia. El acuerdo agrario fue el puente de oro que permitió a la guerrilla campesina de las Farc hacer el tránsito a la legalidad. Las tensiones rurales fueron condiciones del conflicto armado y sus consecuencias se ensañaron con los pobladores rurales, que sufrieron perjuicios desproporcionados.

Los recursos naturales son la ventaja comparativa del país, con el potencial de ser la ventaja competitiva en el mercado global, siempre y cuando estén regulados por instituciones legítimas que aseguren los derechos de todos y promuevan un uso adecuado para la sostenibilidad a largo plazo. Como el país tiene muchas más tierras que las que usa, puede encontrarse una regulación que beneficie a todos, con excepción de los especuladores.

En la dinámica de ocupación del territorio han operado fuerzas centrípetas, que aglomeran la población en centros urbanos y crean clusters productivos, y centrífugas, que expanden la frontera agraria por la colonización en busca de nuevas tierras. La principal fuerza centrífuga es el acaparamiento especulativo de tierras subutilizadas dentro del territorio incorporado, que obliga a los demandantes de tierras a colonizar la frontera agraria y localizarse fuera del mercado, donde llevar infraestructura es muy costoso y menos efectivo que hacerlo donde hay aglomeración de población. El motor de las dos fuerzas es la mala regulación de la propiedad y el uso, que permite acaparamiento especulativo, en un extremo, e informalidad e inseguridad jurídicas en el otro.
El resultado agregado es que solo un tercio de la tierra se usa adecuadamente, otro tercio está sobreexplotado y erosionado, y un tercio se encuentra subutilizado como almacenaje de capital de renta para especulación. Este es un punto de partida muy desventajoso frente al cambio climático, que obligará a ordenar la distribución de población en el territorio, para disminuirla en áreas de riesgo de fenómenos extremos y aumentarla donde puede usarse en la producción. El desplazamiento climático ya comenzó y va a aumentar cada año venidero.

Debe diseñarse primero un ordenamiento de los usos del territorio que delimite las reservas ambientales, los suelos para recuperación y los suelos con vocación productiva, y sólo dentro de esos parámetros debe hacerse un ordenamiento social de la propiedad, con formalización masiva y recuperación de las tierras fiscales para distribución.

El poblamiento desordenado ha llevado a ocupar territorios y ecosistemas que deben estar en conservación de bosques y aguas, o en recuperación, como las pendientes erosionadas de las cordilleras andinas, y suelos muy pobres, como en las selvas amazónica y pacífica. El ordenamiento territorial debe comenzar a revertir estas tendencias, empezando con el cierre de la expansión de la frontera agraria, para detener la deforestación a la mayor brevedad, y la protección de las cuencas hídricas contra la erosión, que ya afecta el 40% de los suelos del país.
Los dos principios esenciales para definir políticas públicas sobre tierras son la equidad y la democracia, equidad para preferir el bienestar de los que menos tienen y son más vulnerables, y democracia para fundar las políticas en el conocimiento y la concertación locales sobre los usos del suelo, de manera participativa, que les da mayor legitimidad social, mayor capacidad de soportar impactos externos y un mejor resultado distributivo. De esto se trata el enfoque territorial que se acordó en el proceso de paz con las Farc para adelantar la reforma rural integral, para generar políticas e instituciones locales fundadas en pactos sociales de cumplimiento recíproco entre grupos humanos en territorios concretos.

El enfoque sobre los territorios supone la creación de instituciones para definir la visión del desarrollo, para hacer el ordenamiento ambiental y acompañar el ordenamiento de la propiedad por barrido territorial, en las que se relacionen los agentes sociales de las comunidades y estamentos sociales con las autoridades locales y nacionales, en planes concertados de acción orientados hacia el bienestar colectivo. El papel de las instituciones territoriales es combinar las políticas sectoriales nacionales de acuerdo con las necesidades específicas para elevar la competitividad de cada territorio. El mejor modo de crear instituciones es la participación democrática, que recoge los conocimientos comunitarios para agregarlos como pautas de conductas recíprocas en la interacción social, con estabilidad, predictibilidad y mejores resultados distributivos. La democracia es una meta-institución para generar instituciones legítimas y eficientes.

Aparte de la ley sobre tecnología, aprobada en el Congreso, la única norma existente para la reforma rural integral es el Decreto ley 902 de 2017, que tiene dos grandes ventajas operativas: 1) los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad, por el método de barrido predial, y 2) la creación de un proceso agrario único para resolver todas las situaciones jurídicas de la propiedad rural, con un componente administrativo, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, y otro judicial, a cargo de los jueces que deberán crearse en la nueva jurisdicción agraria, según proyecto preparado por el Ministerio de Justicia. Esta norma crea las herramientas necesarias para hacer, por oferta estatal, el ordenamiento social de la propiedad, que incluye la formalización masiva de la pequeña posesión y la recuperación y distribución de los baldíos indebidamente apropiados para especulación. El último factor que incidirá en el futuro es la voluntad política para cumplir el acuerdo de paz y hacer la reforma rural integral siempre postergada.

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Acerca de Alejandro Reyes Posada

Abogado y sociólogo. Investigador de asuntos agrarios y de tierras desde 1968. Asesor del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y de la delegación del gobierno en la negociación del punto agrario de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Actualmente soy consultor e investigador independiente.
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