Defensa jurídica del campesinado
10 de julio de 2023
El Espectador
Guardar
Los derechos de los campesinos al territorio y la cultura propia han sido proclamados por la Asamblea de las Naciones Unidas y ratificados en el país por la reciente reforma que los consagró en la Constitución. La sociedad colombiana es profundamente campesina, pues, aunque tres cuartas partes viven ahora en ciudades, ese mismo porcentaje proviene de ancestros campesinos urbanizados a la fuerza y lleva en la memoria familiar el sueño de tener un pedazo de tierra propia para desarrollar sus planes de vida. Aunque ha habido despojo y expulsión masivos de población rural desde hace cuatro décadas, buena parte de los jóvenes urbanos preferirían capitalizar su trabajo en una empresa productiva propia en el campo, antes que andar detrás del rebusque en la informalidad o las bandas delincuenciales en las barriadas urbanas.
La única verdadera ventaja competitiva de Colombia es su dotación de recursos naturales, con sus suelos, bosques, aguas, biodiversidad, minerales, sol y viento, que en conjunto permitirían ocupar una buena parte de la fuerza de trabajo ociosa subempleada en la economía informal de bajísima productividad. Para ello es necesario renovar con jóvenes emprendedores las empresas rurales en todas las ramas de la economía, porque el desarrollo rural es sencillamente el desarrollo del territorio. Una nueva generación con acceso a internet puede aprovechar el milagro actual de masificar el conocimiento para dinamizar el desarrollo y adaptarse al cambio climático. Tierra con acceso a infraestructura e internet es la fórmula del éxito para la nueva generación.
Si los derechos de los campesinos tienen peso y sustancia, más allá de la retórica, es hora de respetarlos. La ley estableció que las tierras de la nación estaban destinadas, en primer lugar, para los sujetos campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Al mismo tiempo, confió al Ministerio de Agricultura la función de hacerlos respetar, obligándolo a clarificar si la tierra era baldía o privada, y, en caso de que fuera baldía, recuperarla para entregarla a los campesinos. Esa es la tarea principal de la Agencia Nacional de Tierras, hacer cumplir la ley agraria, así como el Ministerio de Trabajo debe hacer cumplir la ley laboral.
El mayor despojo histórico de los derechos campesinos ha sido la apropiación fraudulenta de la tierra que estaba destinada para ellos, en manos de una clase voraz de acaparadores de tierra, a la que se sumaron los narcos y los empresarios de la violencia. Si el acopio de tierras fue hecho con medios ilegales, allí está el fondo de tierras para la reforma agraria, sin necesidad de expropiar ni violentar ningún derecho legítimo. Basta con aplicar la ley y desconocer los falsos derechos que dieron origen a los títulos inmerecidos de los que gozan los grandes acumuladores de tierra, que la secuestraron para expulsar al campesinado. Es mejor olvidar la falsa salida de pretender comprar a precios comerciales las tierras ofrecidas por ganaderos al Gobierno y la fácil disculpa de pretextar que se fracasa en esa tarea porque la ley hace engorrosa la compra y que debe cambiarse la ley para simplificar los trámites.
La reforma constitucional que reconoció los derechos del campesinado a la tierra tiene como garantía de esos derechos la obligación del Gobierno de aplicar las leyes agrarias en su beneficio. Si el presidente Petro no lo hace, que Dios y la patria se lo demanden, como dice el juramento que hizo al posesionarse como presidente. Los campesinos piden simplemente que se cumpla la ley. El país se los debe.
Alejandro Reyes Posada 