LOS TERRITORIOS SE LEVANTAN POR LA PAZ

Publicado en EL ESPECTADOR el 5 de noviembre de 2017

Los cultivos ilícitos sólo se pueden sustituir con desarrollo de los territorios, como quedó pactado en el acuerdo de paz. La expansión de la coca es la última fase de la colonización campesina en la periferia selvática, con la diferencia de que es el único producto integrado a cadenas eficientes de comercio, dirigidas al mercado internacional, capaces de crear valor para los campesinos y empresarios del narcotráfico. Salvo los narcos, todos los cultivadores preferirían la economía legal, que es casi inexistente en los territorios periféricos donde reina la ilegal.
Existen dos posibilidades para desarrollar la periferia: la estrategia centrífuga, que corresponde a la colonización como política de acceso a tierras para los campesinos, que consiste en ir creando infraestructura y presencia estatal hasta llegar a la periferia coquera, donde las tierras no son productivas por ser suelos selváticos sin capa orgánica y donde el costo por habitante es demasiado alto frente a la opción de invertir en áreas densamente ocupadas. La segunda forma, la estrategia centrípeta, es recoger las colonizaciones coqueras con la relocalización de los cultivadores hacia territorios con infraestructura y acceso a los mercados, donde tengan una verdadera oportunidad de integrarse a cadenas de valor. Es mucho más equitativo y contribuye mucho más a la distribución del ingreso acercar la población a la infraestructura existente, que llevarla a la población dispersa atravesando grandes distancias.

La segunda es la alternativa contenida en los acuerdos de paz, que comprometen al Estado a hacer una reforma rural integral con un enfoque territorial, a la que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial. En ella se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria, dar acceso a tierras a los campesinos que la demanden, formalizar la pequeña posesión, mejorar la competitividad de los territorios con bienes públicos e infraestructura y hacer planes sectoriales nacionales para el mundo rural.

La idea de relocalizar población para acercarla a los buenos suelos integrados a los territorios donde la producción es competitiva sonaría irrealizable si no estuviera empezando a ocurrir ya por el cambio climático, con el pronóstico de que los desplazamientos aumentarán en el futuro próximo por la mayor ocurrencia de los deslizamientos e inundaciones. La adaptación al cambio climático también exige proteger todo el bosque andino, amazónico y pacífico que se conserva y recuperar el 40% de suelos erosionados que arrastran sus sedimentos a los ríos, causando mayores inundaciones. Es la segunda razón para pensar en ordenar mejor la distribución de población en el territorio.

Lo paradógico es que los campesinos, indígenas y negros saben todo lo anterior más que los gobernantes que toman las decisiones del desarrollo. La minga indígena reclama el cumplimiento de cientos de compromisos incumplidos de los gobiernos y los cultivadores de coca piden que se aplique lo previsto en el acuerdo de paz, para ofrecer alternativas a la producción ilícita. En todas las regiones campesinas se pide al gobierno cumplir su promesa de hacer programas de desarrollo con enfoque territorial y confían que por exigirlos no los confundan con guerrilleros y los repriman con la fuerza pública y luego los escarmienten con asesinatos selectivos de los líderes, como es la tradición.

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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA COLOMBIANA

Diciembre 13 de 2017

Un análisis de coyuntura es siempre difícil y arriesgado porque debe tomar en cuenta tanto las estructuras de larga duración como los acontecimientos actuales en curso, los actores sociales y políticos y sus interacciones, además de un elemento inasible, como la lectura que los mismos actores hacen de su circunstancia y cómo influye en sus decisiones y estrategias.

Hechas estas advertencias, la coyuntura colombiana actual está formada por la terminación parcial del conflicto armado y la transición de un gobierno a otro por la vía electoral. La conjunción de las dos cosas las relaciona de manera ineludible e inevitable: la terminación del conflicto generó una polarización de fuerzas políticas a favor y en contra de lo pactado, que se refleja en el debate electoral entre los partidarios de avanzar en la pacificación acordada y los que prefieren aplicar una pacificación sin ventajas para las guerrillas, para aplicar una justicia de vencedores más que una justicia transicional, y restringir la participación política a la condición previa del cumplimiento de las penas aplicadas por el tribunal, para reducir su posibilidad de acceso al poder.

Otro elemento de la coyuntura es que el capital político del presidente Santos se agotó en el proceso de negociación, y la implementación de lo pactado tomó al gobierno con restricciones fiscales severas por la caída de 20 billones de ingreso petrolero. Una condición favorable es haber involucrado a las fuerzas armadas desde el principio de las negociaciones, que las legitimó ante sus miembros y los dispuso a replantear sus estrategias de seguridad, para pensar en el copamiento territorial, el combate a la delincuencia organizada y la seguridad ciudadana, con capacidades aumentadas por el conflicto armado.

El elemento adverso es el crecimiento de la derecha política, que responde a una estructura cultural más profunda, generada por “un conflicto armado al servicio del statu quo”, como sostuvo Daniel Pécaut en un artículo, y que crece precisamente cuando termina el conflicto con la guerrilla más grande y ofensiva del país. La oposición y la deliberada displicencia con la reforma rural indican que los terratenientes y rentistas, muchos enriquecidos con la guerra y el narcotráfico, no están de acuerdo con los cambios necesarios para modernizar las estructuras de tenencia y uso de la tierra.

En la justicia transicional, tampoco aceptaron el juzgamiento de los terceros involucrados en crímenes de guerra, y ni siquiera aceptan que personas que trabajan por los derechos humanos formen parte del tribunal. En otras palabras, la derecha no apoya la paz en los términos en que se negoció. Todo este crecimiento político de la derecha es resultado de su triunfo en el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz el 2 de octubre de 2016, que recogió la Corte Constitucional al permitir al Congreso volver a negociar entre las bancadas el contenido del acuerdo.

Un rasgo de la tradición política colombiana es que las elites, y en general la derecha, temen la emergencia de movilizaciones populares que empoderen a las comunidades, en el contexto de la pacificación, para superar la enorme injusticia en la distribución de los recursos, empezando por la tierra y los bienes públicos, y que las guerrillas desmovilizadas prosperen políticamente al encabezar esas luchas. Aparte de agitar el temor al espectro de ruina del castro-chavismo, reflejado en la destrucción de Venezuela, los asesinatos de líderes sociales son testimonio de que continúa el uso de fuerzas paramilitares para amordazar e inhibir la organización popular. En el mismo sentido debe interpretarse la desfiguración y hundimiento de la reforma política, inicialmente diseñada como una apertura democrática a los sectores populares y una depuración de prácticas corruptas electorales, según lo acordado en el proceso de paz.

Frente a lo anterior, las guerrillas desmovilizadas de las Farc no tiene otra alternativa que conformarse con la paz reducida que les tocó en suerte, y su principal preocupación es su seguridad y supervivencia como organización política. Incluso tomaron la decisión de continuar la organización del PCC, el partido comunista clandestino y permanecer como clandestinos. Es notorio que no hayan elevado su voz con mayor énfasis frente al lento despegue de la implementación de la reforma rural, lo que muestra que se habían disociado hace tiempo de su mito fundador de ser una guerrilla campesina en lucha por sus intereses. Tampoco es claro que puedan representar políticamente a las comunidades rurales, pues en sus regiones de dominio territorial crearon también mucha resistencia y sumisión pasiva, que la población no quiere continuar ni repetir.

El conflicto armado, con sus 220.000 asesinatos y seis millones de desplazados, ha desorganizado las organizaciones populares pero al mismo tiempo ha creado formas de resiliencia y empoderamiento de las víctimas, que pueden ser la semilla de la movilización social en busca de ampliar la democracia y repartir mejor el ingreso nacional una vez desaparezcan las guerrillas.

Todo indica que el tema agrario cumplió el papel de ser el “puente de oro” que permitió a las Farc hacer la negociación, al salvarle el honor como guerrilla cuyo mito fundador es la resistencia campesina contra un estado agresor en Marquetalia, a pesar de haberse disociado de sus intereses, que no parecen tan cercanos al campesinado en su conjunto. Tampoco se aprecia una coalición política fuerte en apoyo a la reforma rural integral comprometida en el acuerdo de paz, aunque hay señales de cambio de políticas públicas para darle mayor atención al tema agrario, como la creación de tres agencias nuevas para el mundo rural, Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio, y el decreto ley 902 de 2017, que dispone hacer el ordenamiento de la propiedad por barrido territorial y unifica los procesos a agrarios en uno solo. Falta la creación de la jurisdicción agraria y la nueva ley de tierras, en etapa de consultas previas. Tampoco se ve gran voluntad para hacer el nuevo catastro multipropósito, que permitiría clarificar la propiedad y elevar los impuestos para los municipios.

La tardía negociación con el Eln entró en un impasse a final del año con la renuncia del equipo negociador dirigido por Juan Camilo Restrepo, debido, entre otras cosas, a que el presidente designó un equipo paralelo, formado por Ernesto Samper, Álvaro Leiva e Iván Cepeda, que minaba la vocería del equipo negociador. Algo similar ocurrió en la etapa final de negociación con las Farc, con la llegada a la mesa de La Habana de personajes como Álvaro Leiva, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, que aceptaron demandas que el equipo negociador dirigido por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo eran renuentes a aceptar.

El cese al fuego firmado hasta el 9 de enero de 2018 ha sido parcial, pues esa guerrilla continúa los asesinatos de líderes sociales, especialmente indígenas en Chocó, Cauca y Nariño, sigue el secuestro y el reclutamiento forzoso e intenta ocupar, disputando con la disidencia y las bandas criminales del narcotráfico y la minería ilegal del oro, los territorios de las Farc. No es seguro que el cese al fuego se prorrogue en enero, aunque el interés del gobierno sería prolongarlo durante la etapa electoral para evitar interferencias.

La negociación con el Eln arrancó mal desde la definición de la agenda pactada por Frank Pearl, referida a la participación popular en la negociación, que la hace imposible de precisar. El Eln dice que en Quito está en etapa exploratoria y observa con escepticismo la implementación del acuerdo con las Farc para calibrar la voluntad del Estado. Esa guerrilla tampoco cuenta con la estructura piramidal de mando que tenían las Farc y varios de sus bloques son renuentes a las órdenes del Coce. El del Chocó no ha querido enviar delegado a la mesa de negociación.

El futuro para los territorios depende del triunfo electoral de una de las dos coaliciones que se vislumbran hasta ahora: la coalición aglutinada en torno del centro democrático, que debe escoger candidato entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, con sectores conservadores, y la que se está formando en torno de Sergio Fajardo, con el posible apoyo de Humberto de la Calle, Clara López y Gustavo Petro, además del Polo Democrático y el partido de los Verdes. Dependiendo de quiénes pasen a segunda vuelta electoral, si uno de ellos es Fajardo, el otro solo puede ser el del Centro Democrático o Vargas Lleras, y el excluido no tendría opción distinta a aliarse con el vencedor. Si no es Fajardo, la elección estaría entre Vargas Lleras y el candidato de la coalición encabezada por el Centro Democrático.

El tema de la paz probablemente no tenga tanto peso en el debate electoral como los temas de seguridad ciudadana y corrupción. Los electores urbanos, que son la gran mayoría, están cansados del tema de la paz, que dan como un hecho cumplido con la desmovilización y desarme de las Farc, del cual no hay que ocuparse más, y también lo están de la polarización entre Uribe y Santos en torno de la paz, que impide construir una visión del futuro.

Los territorios del conflicto pueden vivir un recrudecimiento de la violencia criminal de bandas organizadas que controlan mercados ilegales y extorsión. Es cierto que las fuerzas de seguridad han aumentado sus operaciones contra ellos y logran cada vez más capturas de cabecillas, que sin embargo son reemplazadas de inmediato por nuevos aspirantes a capos. El problema de fondo en esta periferia es que la economía ilegal irriga más recursos y compra más lealtades que la legal, que tarda en extender sus beneficios en términos de empleo y servicios a la población.
Sin las Farc, muchas comunidades han sentido el alivio de no tener poderes de facto impuestos sobre ellas y han reactivado proyectos de desarrollo y nuevos cultivos e inversiones, pero la frustración de las altas expectativas de implementación de los acuerdos, especialmente el agrario, puede alimentar nuevos movimientos de protesta para reclamar mayor presencia estatal en los territorios.

A mediano plazo, el cambio de paradigma del desarrollo rural hacia el enfoque territorial, que se ha llamado paz territorial, valoriza el papel de las autoridades locales y las organizaciones sociales de cada territorio para ser agentes y protagonistas de sus planes de desarrollo. A corto plazo, la campaña electoral tiene un efecto paralizante de la inversión pública y privada, en espera de la decisión de los electores para conformar el próximo gobierno.

Por último, una paradoja de la coyuntura colombiana es el contraste entre la gran acogida que la paz con las Farc ha tenido en la comunidad internacional, que la considera un caso de éxito, y la polarización interna frente al proceso. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho una apuesta fuerte por el éxito de la paz en Colombia, y continuará apoyándolo para marcar un contraste entre el fracaso de la revolución bolivariana, que se transforma cada vez más en una dictadura apoyada por Cuba, y el éxito de una democracia que supera la guerra en la vecina Colombia. Este apoyo semeja el que recibió Puerto Rico como contraste con la economía comunista cubana en los sesenta y setenta. La desgracia de Venezuela puede terminar siendo la fortuna de Colombia.

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LAS POLÍTICAS DE TIERRAS DEL POSACUERDO DE PAZ

LAS POLÍTICAS DE TIERRAS DEL POSACUERDO DE PAZ

La tierra es el tema central del posacuerdo y del desarrollo de Colombia. El acuerdo agrario fue el puente de oro que permitió a la guerrilla campesina de las Farc hacer el tránsito a la legalidad. Las tensiones rurales fueron condiciones del conflicto armado y sus consecuencias se ensañaron con los pobladores rurales, que sufrieron perjuicios desproporcionados.

Los recursos naturales son la ventaja comparativa del país, con el potencial de ser la ventaja competitiva en el mercado global, siempre y cuando estén regulados por instituciones legítimas que aseguren los derechos de todos y promuevan un uso adecuado para la sostenibilidad a largo plazo. Como el país tiene muchas más tierras que las que usa, puede encontrarse una regulación que beneficie a todos, con excepción de los especuladores.

En la dinámica de ocupación del territorio han operado fuerzas centrípetas, que aglomeran la población en centros urbanos y crean clusters productivos, y centrífugas, que expanden la frontera agraria por la colonización en busca de nuevas tierras. La principal fuerza centrífuga es el acaparamiento especulativo de tierras subutilizadas dentro del territorio incorporado, que obliga a los demandantes de tierras a colonizar la frontera agraria y localizarse fuera del mercado, donde llevar infraestructura es muy costoso y menos efectivo que hacerlo donde hay aglomeración de población. El motor de las dos fuerzas es la mala regulación de la propiedad y el uso, que permite acaparamiento especulativo, en un extremo, e informalidad e inseguridad jurídicas en el otro.
El resultado agregado es que solo un tercio de la tierra se usa adecuadamente, otro tercio está sobreexplotado y erosionado, y un tercio se encuentra subutilizado como almacenaje de capital de renta para especulación. Este es un punto de partida muy desventajoso frente al cambio climático, que obligará a ordenar la distribución de población en el territorio, para disminuirla en áreas de riesgo de fenómenos extremos y aumentarla donde puede usarse en la producción. El desplazamiento climático ya comenzó y va a aumentar cada año venidero.

Debe diseñarse primero un ordenamiento de los usos del territorio que delimite las reservas ambientales, los suelos para recuperación y los suelos con vocación productiva, y sólo dentro de esos parámetros debe hacerse un ordenamiento social de la propiedad, con formalización masiva y recuperación de las tierras fiscales para distribución.

El poblamiento desordenado ha llevado a ocupar territorios y ecosistemas que deben estar en conservación de bosques y aguas, o en recuperación, como las pendientes erosionadas de las cordilleras andinas, y suelos muy pobres, como en las selvas amazónica y pacífica. El ordenamiento territorial debe comenzar a revertir estas tendencias, empezando con el cierre de la expansión de la frontera agraria, para detener la deforestación a la mayor brevedad, y la protección de las cuencas hídricas contra la erosión, que ya afecta el 40% de los suelos del país.
Los dos principios esenciales para definir políticas públicas sobre tierras son la equidad y la democracia, equidad para preferir el bienestar de los que menos tienen y son más vulnerables, y democracia para fundar las políticas en el conocimiento y la concertación locales sobre los usos del suelo, de manera participativa, que les da mayor legitimidad social, mayor capacidad de soportar impactos externos y un mejor resultado distributivo. De esto se trata el enfoque territorial que se acordó en el proceso de paz con las Farc para adelantar la reforma rural integral, para generar políticas e instituciones locales fundadas en pactos sociales de cumplimiento recíproco entre grupos humanos en territorios concretos.

El enfoque sobre los territorios supone la creación de instituciones para definir la visión del desarrollo, para hacer el ordenamiento ambiental y acompañar el ordenamiento de la propiedad por barrido territorial, en las que se relacionen los agentes sociales de las comunidades y estamentos sociales con las autoridades locales y nacionales, en planes concertados de acción orientados hacia el bienestar colectivo. El papel de las instituciones territoriales es combinar las políticas sectoriales nacionales de acuerdo con las necesidades específicas para elevar la competitividad de cada territorio. El mejor modo de crear instituciones es la participación democrática, que recoge los conocimientos comunitarios para agregarlos como pautas de conductas recíprocas en la interacción social, con estabilidad, predictibilidad y mejores resultados distributivos. La democracia es una meta-institución para generar instituciones legítimas y eficientes.

Aparte de la ley sobre tecnología, aprobada en el Congreso, la única norma existente para la reforma rural integral es el Decreto ley 902 de 2017, que tiene dos grandes ventajas operativas: 1) los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad, por el método de barrido predial, y 2) la creación de un proceso agrario único para resolver todas las situaciones jurídicas de la propiedad rural, con un componente administrativo, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, y otro judicial, a cargo de los jueces que deberán crearse en la nueva jurisdicción agraria, según proyecto preparado por el Ministerio de Justicia. Esta norma crea las herramientas necesarias para hacer, por oferta estatal, el ordenamiento social de la propiedad, que incluye la formalización masiva de la pequeña posesión y la recuperación y distribución de los baldíos indebidamente apropiados para especulación. El último factor que incidirá en el futuro es la voluntad política para cumplir el acuerdo de paz y hacer la reforma rural integral siempre postergada.

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RETORNO A LA REALIDAD

RETORNO A LA REALIDAD
Publicado en EL ESPECTADOR el domingo 3 de diciembre de 2017

Los fundamentos de la paz que se pactó sufrieron daños estructurales desde el 2 de octubre, cuando ganó el NO en el plebiscito. En nombre de la defensa de la Constitución, la Corte decidió que había que negociar de nuevo el acuerdo de paz en el Congreso, al quitarle al gobierno la iniciativa legislativa y admitir todas las proposiciones de los congresistas, lo que hizo más lento y costoso el proceso de aprobación. Desde entonces se ha venido reduciendo el alcance de la paz con las Farc para hacerla equivalente a la que se pactó con otras guerrillas en los noventa, que no cerraron sino que reciclaron el conflicto armado. La coalición política que respaldó el acuerdo de paz se fragmentó con la deserción del partido de Vargas Lleras, cuya principal diferencia con el acuerdo fue el temor al juzgamiento de terceros por la justicia especial de paz, y por la terminación del barril de mermelada con el que se pagaron los votos parlamentarios de implementación de la paz.

Es el mismo temor que tienen todos los aliados de los paramilitares que no quieren confesar la verdad ni reparar a las víctimas devolviendo las ganancias de la guerra. A quienes han ocupado posiciones de poder les cuesta mucho reconocer la responsabilidad de los gobiernos en la reproducción ampliada de la violencia contra la población, pero más les cuesta renunciar al uso de la violencia para mantenerlas. Esa es la razón de fondo para que la derecha no se haya querido sumar a la paz.

Para un adecuado retorno a la realidad hay que redimensionar la paz con las Farc a lo realmente existente, que se reduce a la desmovilización y entrega de las armas, seguida de una esperanza menguante de reconciliación y reincorporación a la sociedad por parte de sus miembros. Habría que sumar a las ganancias de la paz la ilusión de la población campesina afectada por la guerra degradada, que la llevó a renovar sus proyectos productivos y aumentar la siembra de alimentos, con la esperanza de que sus esfuerzos no quedaran en manos de los extorsionistas en nombre de la revolución o la represión.

La reforma rural, primer punto acordado en mayo de 2013, no despegó durante los tres años que estuvo a cargo del actual director del partido de la U, Aurelio Iragorri, y tampoco la dotación de tierras para los desmovilizados campesinos, indígenas y negros, en un claro sabotaje interno a la paz. La sustitución de cultivos ilícitos sigue el ritmo lento de la burocracia, mientras la erradicación forzosa avanza a ritmo de crucero, sumiendo en mayor pobreza y frustración los territorios marginados del desarrollo. La apertura política a nuevos movimientos de víctimas y comunidades olvidadas se hundió por la defensa de los monopolios políticos de clientelas y contratistas enquistados en el tesoro público y la obtención de rentas del gasto social, que finalmente les quitan a los niños desnutridos el pan de la boca.

Una dirigencia rapaz que desangra las finanzas públicas y monopoliza las rentas generadas por la sociedad es incapaz de reconocer sus propias fallas y de terminar el conflicto armado, que tantos dividendos le ha dado como justificación para no hacer las reformas necesarias, como la agraria, para desplegar el potencial de las nuevas generaciones que heredarán el país. La historia tendrá que demandarles no haber estado a la altura de los tiempos para sacar a Colombia de la barbarie de la guerra sin sentido en que estamos entrampados.

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LA DISPLICENCIA EN EL MANEJO DEL POSCONFLICTO

Publicado en EL ESPECTADOR el domingo 8 de octubre de 2017

Colombia se expone al peor riesgo de los procesos de paz: fracasar en la rápida implementación del posconflicto y pasar a una etapa muy extraña, en la que no hay conflicto armado explícito pero tampoco hay paz en los territorios afectados por la guerra, sino un proceso de mutación de los conflictos anteriores y de reemplazo de grupos armados por nuevas bandas del crimen organizado.

El diccionario define la displicencia como “desaliento en la realización de una cosa, por dudar de su bondad o de su éxito” y también como “desagrado o indiferencia en el trato”. Ambos significados iluminan lo que está ocurriendo con las tareas del posconflicto y describen el estado de ánimo de algunos de los principales encargados de cumplir los compromisos del acuerdo de paz. Esos sentimientos de desaliento, desagrado e indiferencia en el trato reflejan el odio y desprecio acumulados contra las guerrillas, y son exacerbados por el oportunismo político del senador Uribe, quien a su vez articula los intereses de las clases rentistas emergentes que prosperaron con la guerra de guerrillas.

Esa displicencia contrasta abiertamente con la esperanza de los campesinos que sí vivieron la guerra como víctimas, que sienten que la paz las reconoce como agentes de una transformación social profunda que haga realidad sus derechos siempre postergados, y de los jóvenes, que esperan que la paz les devuelva el país de oportunidades que les fue expropiado por el miedo a la violencia. La esperanza defraudada conduce a la frustración, que incuba nueva violencia.

El acuerdo de paz con las Farc, sumado al que se alcance con el Eln, contiene la promesa de una apertura democrática para que las comunidades tengan voz y voto en sus territorios para desarrollarlos desde abajo, con la suma de esfuerzos de todos y con beneficios bien repartidos, no para las multinacionales ni los grandes rentistas de la tierra que pertenece a todos. El acuerdo de paz, además, traza la ruta para integrar los territorios periféricos al desarrollo, con una reforma rural integral que reconozca el derecho a tener bienes públicos esenciales para la dignidad humana, como tierra fértil bien localizada, agua potable, vivienda, educación y salud.

Es notable el contraste entre el enorme esfuerzo que condujo a la paz con las Farc, que contó con el liderazgo de Humberto De La Calle y la inteligencia estratégica de Sergio Jaramillo, con la displicencia con la que se ha manejado el posconflicto, con retraso en todas las tareas y sin un líder asertivo que impulse el trabajo con decisión y entusiasmo. Las Farc, por su parte, aunque cumplieron los compromisos de entrega de armas y desmovilización de combatientes, tampoco aceptaron usar el experimentado aparato de reintegración del gobierno, que les hubiera ahorrado la deserción y desbandada individual de sus miembros y hubiera facilitado su educación y capacitación para el trabajo.

El presidente Santos entregará a su sucesor un país sin conflicto armado y sin posconflicto organizado, con un mayor riesgo de reciclar la violencia. La campaña electoral definirá si los colombianos elegimos a quienes se comprometen a cumplir los acuerdos de paz, o si le dan un cheque en blanco a quienes prometen volverlos trizas y regresarnos al pantano sin salida de la guerra interna.

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LA PAZ SE FUNDA EN EL PERDÓN Y LA PROMESA

Publicado en EL ESPECTADOR el domingo 10 de septiembre de 2017

El perdón es la única manera de impedir que los actos del pasado arrastren su carga de dolor y venganza hacia el futuro, así como la promesa es la única forma de unir el presente al futuro, al hacer posibles los acuerdos, que son promesas recíprocas. Corresponde a Hanna Arendt el mérito de haber situado el perdón y la promesa en el centro del análisis político con estas precisas connotaciones. Seguir leyendo

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INSTRUMENTOS PARA ARREGLAR EL PROBLEMA DE LA TIERRA

Publicado en EL ESPECTADOR el 26 de agosto de 2017

Por primera vez en la historia colombiana, con el decreto ley 902 de 2017, el estado dispone de instrumentos adecuados para hacer efectivamente la tarea, siempre aplazada, de ordenar socialmente la propiedad y uso de la tierra. En los intentos pasados, los legisladores se cuidaron muy bien de consignar en leyes las aspiraciones de reformar la tenencia con declaraciones retóricas, acompañadas siempre de trabas procesales para que nunca pudieran concluir los procesos agrarios, hasta engavetarlos en el congelador del Consejo de Estado. Seguir leyendo

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