El gas explosivo de la indignación

Publicado en EL ESPECTADOR el 24 de febrero de 2018

El pillaje y saqueo de supermercados en los que se lavaba el dinero de comandantes de las Farc, según acusación de la Fiscalía, antes de que las mercancías pasaran a ser incautadas, expresan la indignación no solo contra las Farc sino también contra el Gobierno, por un pueblo que se siente despojado por la corrupción de los políticos y el maltrato extorsivo de los violentos. El poder destructivo de la indignación es similar, en términos sociales, al del gas metano en los socavones de las minas de carbón, pues si se acumula en exceso, una chispa libera la explosión.

La indignación también describe el estado de ánimo de quienes consideran intolerable una situación que se disponen a cambiar con el peso de las mayorías. La figura del caudillo redentor que asume la indignación como bandera para redimir al pueblo ha surgido una y otra vez en nuestra historia y la de otros pueblos, que siempre termina en la autocracia y la pérdida de libertades y derechos. El crecimiento de Gustavo Petro en las encuestas capitaliza esa indignación y le envía una bofetada a la clase política corrupta aliada de las mafias y paramilitares, que le roban al pueblo su presente y futuro. Ese endoso de la indignación colectiva al capital de poder de un solo hombre providencial, que se vuelve pronto proveedor que dilapida el tesoro público, es un cheque en blanco, pues no se funda en un pacto entre gobernante y gobernados, sino que su cumplimiento queda suspendido del hilo de la voluntad voluble del poderoso de turno.

Hay indignación constructiva cuando nace de la comprobación de que se violan las líneas de lo justo, lo igualitario, lo decente, lo ético, con el argumento falso de que el fin justifica los medios. De esta indignación se han alimentado las voces resonantes de políticos de oposición como Jorge Enrique Robledo, Claudia López e Iván Cepeda, que han hecho los grandes debates contra el paramilitarismo y la corrupción en el Congreso y la opinión.

La indignación también puede ser un producto fabricado e inoculado en las redes sociales para fines políticos como arma química para ganar un plebiscito, como el triunfo del No al acuerdo de paz, el triunfo de Trump o el brexit en Inglaterra, y en ese caso sus banderas se separan de los hechos y la situación social. Su fuerza reside en la simplificación grosera de la realidad, como es el caso del fantasma del castrochavismo, y su efecto más evidente es la polarización entre amigos y enemigos, que convoca el estallido de la violencia.

Hay una forma serena y constructiva de salir de la indignación y es la de afrontar en serio las causas que la generan. La corrupción política es la moneda de pago que enriquece a quienes cobran sus votos en contratos y camarillas de empleados para robar en la burocracia, que es la tiranía sin tirano, como la llamó Hanna Arendt. La indignación constructiva es renovar la clase política con gobernantes y legisladores que no negocien con las necesidades y los recursos del pueblo, sino que escuchen al pueblo y concierten con la gente la manera de hacer reales los derechos. Si el ejemplo viene desde arriba, se desactiva la carga explosiva de la indignación y se canaliza hacia la construcción de soluciones que impactan en las condiciones de vida de todos, ampliando la unidad de propósitos y acabando con la polarización tóxica que nos conduce al estallido social.

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LA REFORMA RURAL PENDE DEL HILO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Publicado en EL ESPECTADOR el 24 Marzo de 2018

En Colombia siempre ha sido difícil cambiar las leyes agrarias, pues aunque beneficien a la mayoría, afectan privilegios que tienen gran influencia en las altas esferas del poder. El Gobierno decidió dividir la nueva Ley de Tierras en dos cuerpos, un Decreto-ley expedido en uso de facultades concedidas al presidente, el 902 de 2017, y un proyecto de ley que se puede presentar al Congreso cuando surta el trámite de la consulta previa. El Decreto 902 está siendo examinado por la Corte Constitucional y su próxima decisión definirá si por fin puede arrancar la reforma rural en su componente de tierras.

El decreto es enteramente instrumental y no afecta derechos sustantivos de propiedad. En esencia dispone cuatro cosas: una, ordena al Gobierno hacer planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por oferta estatal; dos, crea el registro de sujetos de ordenamiento (RESO) para priorizar los sectores más vulnerables; tres, unifica en uno sólo los engorrosos procesos agrarios, para ir barriendo los territorios con la solución de los diversos casos jurídicos en un solo trámite administrativo, para enviar a los jueces sólo los casos donde hay controversia entre ciudadanos o con el Estado; y cuatro, elimina la ocupación previa, y por lo tanto la deforestación, como condición para la adjudicación de tierras, con lo cual el Estado recupera su poder de asignar tierras según las necesidades de la población, como la relocalización por razones distributivas o ambientales, o de lucha contra los cultivos ilícitos, para víctimas o desmovilizados del conflicto, y se frena la apropiación especulativa que está acabando con el bosque amazónico en Meta, Caquetá y Guaviare, pues la ocupación no genera propiedad si no se cumplen los requisitos del RESO para ser sujeto de ordenamiento.

Colombia ha tenido leyes de reforma agraria cuidadosamente diseñadas para que su aplicación sea casi imposible por la ausencia de instrumentos operativos, y este decreto, sometido al escrutinio de la Corte, crea esos instrumentos por primera vez. No se puede aplazar más el ordenamiento y la formalización de los derechos de propiedad sobre la tierra como una tarea que asume el Estado por su cuenta, en ejercicio del dominio eminente sobre el territorio, para comenzar a solucionar los conflictos y las distorsiones acumuladas que tanto han contribuido a la violencia y el desplazamiento.

Como las facultades del Gobierno para expedir el decreto tenían una fecha de vencimiento, se hizo una rápida divulgación y consulta étnica, que no satisfizo las ansias de capturar rentas de algunos delegados negros, que se negaron a ajustarse al tiempo corto de la consulta solicitado por el Ministerio del Interior, práctica recurrente con la que convierten el derecho a la consulta en poder de veto, ingenuamente avalado por la Corte en ocasiones anteriores. Para que la consulta étnica conserve su esencia de derecho constitucional debe distinguirse de su abuso extorsivo, y negarse a ella en los tiempos previstos no puede sancionarse como incumplimiento del Gobierno, sino como violación del deber contenido en el derecho. Por no deliberar ni votar perdió su investidura una senadora en días pasados por decisión del Consejo de Estado. Igual criterio debe usarse para resolver el impasse creado por las consultas malogradas.

Siendo la reforma rural integral una tarea pendiente para dar el salto cualitativo hacia la modernidad y el desarrollo, y para resolver los conflictos sociales que han afectado a una tercera parte de la población colombiana, la Corte Constitucional debe dar vía libre a la Agencia Nacional de Tierras para desplegar los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad y comenzar en serio la implementación y construcción de la paz.

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LA ENCRUCIJADA CON EL ELN

LA ENCRUCIJADA CON EL ELN

publicado en EL ESPECTADOR el 11 de febrero de 2018

El paro armado del Eln revelará los territorios donde su amenaza es creíble y medirá la capacidad o incapacidad del gobierno para contener sus efectos de parálisis del transporte y la actividad económica. Sin mesa de conversaciones, la iniciativa está en las decisiones del Eln y el gobierno sólo puede reaccionar con amenazas y medidas de fuerza. Esa dinámica de acción y reacción puede escalar hasta acabar con el oxígeno de una posible negociación y puede fortalecer los extremos políticos que inoculan polarización y odio criminal como recursos políticos.

Si el gobierno reinicia conversaciones en Quito, recobra la iniciativa y puede mantener el principio de que los hechos del conflicto no afectan la mesa, mientras que ésta puede conducir a un desescalamiento que ahorra vidas, hasta acordar un nuevo cese al fuego que permita la participación de las víctimas del conflicto. La ventaja de mantener la negociación es que se juega simultáneamente en dos escenarios, la diplomacia del diálogo y la atención al conflicto armado.

Después de un año de conversaciones, el gobierno ha debilitado la capacidad negociadora de su delegación oficial al autorizar la mediación de Álvaro Leiva e Iván Cepeda, que representan los intereses de las Farc en la negociación del Eln y por tanto los hacen sentir el trato humillante de parecer los vagones de cola de las Farc, que ellos rechazan para reclamar un reconocimiento de su diferencia. La activación de sabotajes y el asesinato de policías y soldados al terminar el cese al fuego ponen el conflicto armado en el centro de la mesa, como su objeto específico de negociación. Se negocia la paz porque hay un conflicto activo.

Se trata de resolver con un pacto una guerra de medio siglo, intercambiando reconocimientos: el Eln reconoce la soberanía del Estado y éste reconoce al Eln su existencia sin armas como agente de intereses sociales que caben en la democracia. El Eln no va a cambiar el Estado realmente existente como fruto de la negociación y ésta tampoco va a cambiar la mentalidad ni los objetivos políticos del Eln, aunque sí sus instrumentos de lucha, para prohibir la violencia. Los cambios vendrán como resultado de la activación de la democracia desarmada, que permitirán la representación de los sectores populares y sus iniciativas políticas.

La paz es, en sí misma, suficiente ventaja para las dos partes de la mesa de conversaciones y para la sociedad maltratada por la guerra, que reclama participar para exigir a los adversarios que la paren sin más demora. Por eso el gobierno haría bien en organizar suficientes eventos de participación de la población como acompañamiento a la mesa de negociaciones de Quito, pues esas voces apoyan la terminación del conflicto, que es el mismo objetivo del gobierno y la sociedad.

Esta ruta sugerida va en contra de la tendencia más fácil, que es la de responder con toda contundencia los ataques y sabotajes del Eln, como gustan decir el presidente y el ministro de defensa, pero la realidad es que la búsqueda de la paz negociada es el camino difícil y espinoso, pero el único que hace viable a Colombia a largo plazo.

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DEL FEUDALISMO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DEL FEUDALISMO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

publicado en EL ESPECTADOR el 14 de enero de 2018

La opinión bien informada es esencial para la democracia, pero, como bien dijo Nicolás Gómez Dávila, “el universo es un diccionario inútil para quien no aporta su propia sintaxis.” Por eso es tan crucial definir el acuerdo de la sociedad sobre las grandes orientaciones culturales que mueven la acción colectiva, que dan forma a su futuro en un proceso de auto-creación de la sociedad. Sobre ese telón de fondo se pueden valorar las propuestas políticas que compiten por el poder en las próximas elecciones y su diferencia en los resultados que se pueden esperar de los ganadores.

En esencia, esas orientaciones son la ética o concepción del sujeto, la episteme o modelo de conocimiento, y el modelo económico o de inversión, que reparte cargas y beneficios. Cada una de ellas es un campo de batalla en que buscan prevalecer unas concepciones sobre otras y en que los candidatos se diferencian claramente, lo que permite compararlos.

Los conflictos éticos atraviesan los grandes problemas de nuestra sociedad. A una ética señorial excluyente típica de las clases altas, que dominaba la sociedad a expensas de los pobres urbanos, los campesinos y las minorías étnicas, irrumpió la ética del enriquecimiento tramposo del narcotráfico, que subordina cualquier medio al éxito económico y se transforma en vehículo de realización y ascenso social con gran poder de arrastre. El reto ético que plantea el narcotráfico a la sociedad es que la obliga a superar la trampa de deshonestidad generalizada en que han caído las actividades de la economía legal, que se sintetiza como el programa para legalizar al país. Una ética clasista y racista de los dirigentes explica mucho de la exclusión y el abandono de grandes sectores de la población, a quienes no se reconoce la titularidad de sus derechos ni su capacidad de forjar soluciones creativas y eficaces para hacerlos realidad.

El modelo de conocimiento o episteme está en plena evolución acelerada por la revolución informática, que pone al alcance de la sociedad herramientas muy poderosas para usar la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y la cultura para resolver los problemas sociales y generar una nueva economía intensiva en conocimiento. Por eso la gran diferencia para las sociedades del futuro es la inversión en educación a todos los niveles, que forjará la independencia económica y la soberanía. Ninguna sociedad puede dar el salto hacia la modernidad sin haber hecho una revolución educativa y científica.

El modelo de inversión resume todo lo anterior. Una sociedad feudal invertía en tierras y ganados la riqueza colectiva, asegurando que los dueños vivieran de la renta creada por los demás; la sociedad industrial concentró la inversión en los medios de producción y encontró su decadencia en el régimen de los monopolios, que concentran el ingreso al generar rentas cautivas de mercados protegidos y desestimulan la innovación y la competencia; la sociedad del conocimiento genera su propio modelo de inversión y el capital financia la educación, la innovación y la competencia abierta a las corrientes universales donde se perfila el mundo del futuro, respetuoso de la naturaleza y enemigo del despilfarro y el consumismo individual.

El Centro Democrático se acerca más al modelo excluyente del rentismo feudal, Vargas Lleras encarna el liberalismo rentista de los monopolios empresariales y Sergio Fajardo se aproxima al modelo de la sociedad del conocimiento, que nos puede ayudar a superar la trampa de corrupción en que se está hundiendo Colombia.

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NOS FALTA UNA UTOPÍA DE NACIÓN

Publicado en EL ESPECTADOR el 17 de diciembre de 2017

Es muy curioso que cuando por fin se despeja el futuro, no exista una utopía que convoque y movilice las energías colectivas hacia la construcción de una mejor sociedad. Esa utopía comenzó a dibujarse en el acuerdo de integrar la periferia olvidada y en la voluntad de abandonar la violencia para perseguir fines políticos, que liberan el potencial creativo de la generación joven del país.

Una explicación posible se encuentra en la tesis de Daniel Pecault, el sociólogo francés que dedicó su vida a estudiar a Colombia. Orden y violencia, para él, se refuerzan entre sí como fuerzas que sostienen el statu quo y mantienen el sistema de las élites en equilibrio. Eso explica que, frente a la reducción de la violencia lograda con el proceso de paz, las fuerzas conservadoras del statu quo, que se aglutinan en torno del Centro Democrático, pero que también incluyen a los católicos y cristianos y las clases emergentes, expresen el temor de estar dando un salto al vacío y avizoran el futuro como el desastre de Venezuela, al que nos llevaría el complot de Santos y las Farc para entregar el país al populismo.

Detrás de estos temores está el miedo a la movilización popular que pueda desbordarse, como le ocurrió temprano a Colombia con el asesinato de Gaitán y la revuelta caótica que desató la Violencia de los años cincuenta. La realidad histórica es que la violencia administrada del último medio siglo ha impedido la organización de los movimientos sociales que hubieran podido retar a las élites dominantes, quienes han preferido un crecimiento mediocre aunque sostenido, así sea al costo de excluir a grandes masas de población marginada. El resultado ha sido una estabilidad del sistema que no es democrática ni equitativa, con un saldo de víctimas que duplica al del conjunto de América Latina, que pasó por dictaduras militares.

En otra esquina se está configurando una alianza que mira al futuro, cuyo proyecto aprovecha la oportunidad de superar la violencia y piensa en inclusión, en invertir en las nuevas generaciones con mejor educación y en un salto adelante en la competitividad del país con la modernización del Estado. Para ellos es crucial depurar el sistema político de la corrupción, que cobra una renta excesiva a favor de quienes detentan el poder. Esa coalición está encabezada por Sergio Fajardo, y reúne movimientos políticos de centro izquierda como los Verdes, el Polo, los liberales de Humberto De La Calle, además de una gran franja de electores jóvenes cansados de la polarización y el temor al futuro.

Esa alianza aprecia la promesa de tomar en serio la democracia participativa para tomar las decisiones de inversión y está dispuesta a reconstruir instituciones locales y territoriales de abajo hacia arriba, recogiendo el conocimiento y las visiones del desarrollo de los campesinos, los indígenas y los negros, para que el desarrollo tenga mejores efectos distributivos. Por eso se empeñará en implementar los contenidos modernizadores del acuerdo de paz, como la apertura democrática y la reforma rural integral, y buscará reconciliar a los antiguos adversarios con una justicia de transición, que repare a las víctimas y asegure la no repetición de los ciclos de violencia.
Como esta alianza no descansa en las maquinarias electorales, sus posibilidades de triunfo dependerán de que logren movilizar el entusiasmo de los jóvenes y los votantes independientes de las viejas castas políticas, amarradas a cambio de promesas de contratos y corrupción, que parasitan el sistema político.

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LOS TERRITORIOS SE LEVANTAN POR LA PAZ

Publicado en EL ESPECTADOR el 5 de noviembre de 2017

Los cultivos ilícitos sólo se pueden sustituir con desarrollo de los territorios, como quedó pactado en el acuerdo de paz. La expansión de la coca es la última fase de la colonización campesina en la periferia selvática, con la diferencia de que es el único producto integrado a cadenas eficientes de comercio, dirigidas al mercado internacional, capaces de crear valor para los campesinos y empresarios del narcotráfico. Salvo los narcos, todos los cultivadores preferirían la economía legal, que es casi inexistente en los territorios periféricos donde reina la ilegal.
Existen dos posibilidades para desarrollar la periferia: la estrategia centrífuga, que corresponde a la colonización como política de acceso a tierras para los campesinos, que consiste en ir creando infraestructura y presencia estatal hasta llegar a la periferia coquera, donde las tierras no son productivas por ser suelos selváticos sin capa orgánica y donde el costo por habitante es demasiado alto frente a la opción de invertir en áreas densamente ocupadas. La segunda forma, la estrategia centrípeta, es recoger las colonizaciones coqueras con la relocalización de los cultivadores hacia territorios con infraestructura y acceso a los mercados, donde tengan una verdadera oportunidad de integrarse a cadenas de valor. Es mucho más equitativo y contribuye mucho más a la distribución del ingreso acercar la población a la infraestructura existente, que llevarla a la población dispersa atravesando grandes distancias.

La segunda es la alternativa contenida en los acuerdos de paz, que comprometen al Estado a hacer una reforma rural integral con un enfoque territorial, a la que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial. En ella se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria, dar acceso a tierras a los campesinos que la demanden, formalizar la pequeña posesión, mejorar la competitividad de los territorios con bienes públicos e infraestructura y hacer planes sectoriales nacionales para el mundo rural.

La idea de relocalizar población para acercarla a los buenos suelos integrados a los territorios donde la producción es competitiva sonaría irrealizable si no estuviera empezando a ocurrir ya por el cambio climático, con el pronóstico de que los desplazamientos aumentarán en el futuro próximo por la mayor ocurrencia de los deslizamientos e inundaciones. La adaptación al cambio climático también exige proteger todo el bosque andino, amazónico y pacífico que se conserva y recuperar el 40% de suelos erosionados que arrastran sus sedimentos a los ríos, causando mayores inundaciones. Es la segunda razón para pensar en ordenar mejor la distribución de población en el territorio.

Lo paradógico es que los campesinos, indígenas y negros saben todo lo anterior más que los gobernantes que toman las decisiones del desarrollo. La minga indígena reclama el cumplimiento de cientos de compromisos incumplidos de los gobiernos y los cultivadores de coca piden que se aplique lo previsto en el acuerdo de paz, para ofrecer alternativas a la producción ilícita. En todas las regiones campesinas se pide al gobierno cumplir su promesa de hacer programas de desarrollo con enfoque territorial y confían que por exigirlos no los confundan con guerrilleros y los repriman con la fuerza pública y luego los escarmienten con asesinatos selectivos de los líderes, como es la tradición.

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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA COLOMBIANA

Diciembre 13 de 2017

Un análisis de coyuntura es siempre difícil y arriesgado porque debe tomar en cuenta tanto las estructuras de larga duración como los acontecimientos actuales en curso, los actores sociales y políticos y sus interacciones, además de un elemento inasible, como la lectura que los mismos actores hacen de su circunstancia y cómo influye en sus decisiones y estrategias.

Hechas estas advertencias, la coyuntura colombiana actual está formada por la terminación parcial del conflicto armado y la transición de un gobierno a otro por la vía electoral. La conjunción de las dos cosas las relaciona de manera ineludible e inevitable: la terminación del conflicto generó una polarización de fuerzas políticas a favor y en contra de lo pactado, que se refleja en el debate electoral entre los partidarios de avanzar en la pacificación acordada y los que prefieren aplicar una pacificación sin ventajas para las guerrillas, para aplicar una justicia de vencedores más que una justicia transicional, y restringir la participación política a la condición previa del cumplimiento de las penas aplicadas por el tribunal, para reducir su posibilidad de acceso al poder.

Otro elemento de la coyuntura es que el capital político del presidente Santos se agotó en el proceso de negociación, y la implementación de lo pactado tomó al gobierno con restricciones fiscales severas por la caída de 20 billones de ingreso petrolero. Una condición favorable es haber involucrado a las fuerzas armadas desde el principio de las negociaciones, que las legitimó ante sus miembros y los dispuso a replantear sus estrategias de seguridad, para pensar en el copamiento territorial, el combate a la delincuencia organizada y la seguridad ciudadana, con capacidades aumentadas por el conflicto armado.

El elemento adverso es el crecimiento de la derecha política, que responde a una estructura cultural más profunda, generada por “un conflicto armado al servicio del statu quo”, como sostuvo Daniel Pécaut en un artículo, y que crece precisamente cuando termina el conflicto con la guerrilla más grande y ofensiva del país. La oposición y la deliberada displicencia con la reforma rural indican que los terratenientes y rentistas, muchos enriquecidos con la guerra y el narcotráfico, no están de acuerdo con los cambios necesarios para modernizar las estructuras de tenencia y uso de la tierra.

En la justicia transicional, tampoco aceptaron el juzgamiento de los terceros involucrados en crímenes de guerra, y ni siquiera aceptan que personas que trabajan por los derechos humanos formen parte del tribunal. En otras palabras, la derecha no apoya la paz en los términos en que se negoció. Todo este crecimiento político de la derecha es resultado de su triunfo en el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz el 2 de octubre de 2016, que recogió la Corte Constitucional al permitir al Congreso volver a negociar entre las bancadas el contenido del acuerdo.

Un rasgo de la tradición política colombiana es que las elites, y en general la derecha, temen la emergencia de movilizaciones populares que empoderen a las comunidades, en el contexto de la pacificación, para superar la enorme injusticia en la distribución de los recursos, empezando por la tierra y los bienes públicos, y que las guerrillas desmovilizadas prosperen políticamente al encabezar esas luchas. Aparte de agitar el temor al espectro de ruina del castro-chavismo, reflejado en la destrucción de Venezuela, los asesinatos de líderes sociales son testimonio de que continúa el uso de fuerzas paramilitares para amordazar e inhibir la organización popular. En el mismo sentido debe interpretarse la desfiguración y hundimiento de la reforma política, inicialmente diseñada como una apertura democrática a los sectores populares y una depuración de prácticas corruptas electorales, según lo acordado en el proceso de paz.

Frente a lo anterior, las guerrillas desmovilizadas de las Farc no tiene otra alternativa que conformarse con la paz reducida que les tocó en suerte, y su principal preocupación es su seguridad y supervivencia como organización política. Incluso tomaron la decisión de continuar la organización del PCC, el partido comunista clandestino y permanecer como clandestinos. Es notorio que no hayan elevado su voz con mayor énfasis frente al lento despegue de la implementación de la reforma rural, lo que muestra que se habían disociado hace tiempo de su mito fundador de ser una guerrilla campesina en lucha por sus intereses. Tampoco es claro que puedan representar políticamente a las comunidades rurales, pues en sus regiones de dominio territorial crearon también mucha resistencia y sumisión pasiva, que la población no quiere continuar ni repetir.

El conflicto armado, con sus 220.000 asesinatos y seis millones de desplazados, ha desorganizado las organizaciones populares pero al mismo tiempo ha creado formas de resiliencia y empoderamiento de las víctimas, que pueden ser la semilla de la movilización social en busca de ampliar la democracia y repartir mejor el ingreso nacional una vez desaparezcan las guerrillas.

Todo indica que el tema agrario cumplió el papel de ser el “puente de oro” que permitió a las Farc hacer la negociación, al salvarle el honor como guerrilla cuyo mito fundador es la resistencia campesina contra un estado agresor en Marquetalia, a pesar de haberse disociado de sus intereses, que no parecen tan cercanos al campesinado en su conjunto. Tampoco se aprecia una coalición política fuerte en apoyo a la reforma rural integral comprometida en el acuerdo de paz, aunque hay señales de cambio de políticas públicas para darle mayor atención al tema agrario, como la creación de tres agencias nuevas para el mundo rural, Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio, y el decreto ley 902 de 2017, que dispone hacer el ordenamiento de la propiedad por barrido territorial y unifica los procesos a agrarios en uno solo. Falta la creación de la jurisdicción agraria y la nueva ley de tierras, en etapa de consultas previas. Tampoco se ve gran voluntad para hacer el nuevo catastro multipropósito, que permitiría clarificar la propiedad y elevar los impuestos para los municipios.

La tardía negociación con el Eln entró en un impasse a final del año con la renuncia del equipo negociador dirigido por Juan Camilo Restrepo, debido, entre otras cosas, a que el presidente designó un equipo paralelo, formado por Ernesto Samper, Álvaro Leiva e Iván Cepeda, que minaba la vocería del equipo negociador. Algo similar ocurrió en la etapa final de negociación con las Farc, con la llegada a la mesa de La Habana de personajes como Álvaro Leiva, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, que aceptaron demandas que el equipo negociador dirigido por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo eran renuentes a aceptar.

El cese al fuego firmado hasta el 9 de enero de 2018 ha sido parcial, pues esa guerrilla continúa los asesinatos de líderes sociales, especialmente indígenas en Chocó, Cauca y Nariño, sigue el secuestro y el reclutamiento forzoso e intenta ocupar, disputando con la disidencia y las bandas criminales del narcotráfico y la minería ilegal del oro, los territorios de las Farc. No es seguro que el cese al fuego se prorrogue en enero, aunque el interés del gobierno sería prolongarlo durante la etapa electoral para evitar interferencias.

La negociación con el Eln arrancó mal desde la definición de la agenda pactada por Frank Pearl, referida a la participación popular en la negociación, que la hace imposible de precisar. El Eln dice que en Quito está en etapa exploratoria y observa con escepticismo la implementación del acuerdo con las Farc para calibrar la voluntad del Estado. Esa guerrilla tampoco cuenta con la estructura piramidal de mando que tenían las Farc y varios de sus bloques son renuentes a las órdenes del Coce. El del Chocó no ha querido enviar delegado a la mesa de negociación.

El futuro para los territorios depende del triunfo electoral de una de las dos coaliciones que se vislumbran hasta ahora: la coalición aglutinada en torno del centro democrático, que debe escoger candidato entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, con sectores conservadores, y la que se está formando en torno de Sergio Fajardo, con el posible apoyo de Humberto de la Calle, Clara López y Gustavo Petro, además del Polo Democrático y el partido de los Verdes. Dependiendo de quiénes pasen a segunda vuelta electoral, si uno de ellos es Fajardo, el otro solo puede ser el del Centro Democrático o Vargas Lleras, y el excluido no tendría opción distinta a aliarse con el vencedor. Si no es Fajardo, la elección estaría entre Vargas Lleras y el candidato de la coalición encabezada por el Centro Democrático.

El tema de la paz probablemente no tenga tanto peso en el debate electoral como los temas de seguridad ciudadana y corrupción. Los electores urbanos, que son la gran mayoría, están cansados del tema de la paz, que dan como un hecho cumplido con la desmovilización y desarme de las Farc, del cual no hay que ocuparse más, y también lo están de la polarización entre Uribe y Santos en torno de la paz, que impide construir una visión del futuro.

Los territorios del conflicto pueden vivir un recrudecimiento de la violencia criminal de bandas organizadas que controlan mercados ilegales y extorsión. Es cierto que las fuerzas de seguridad han aumentado sus operaciones contra ellos y logran cada vez más capturas de cabecillas, que sin embargo son reemplazadas de inmediato por nuevos aspirantes a capos. El problema de fondo en esta periferia es que la economía ilegal irriga más recursos y compra más lealtades que la legal, que tarda en extender sus beneficios en términos de empleo y servicios a la población.
Sin las Farc, muchas comunidades han sentido el alivio de no tener poderes de facto impuestos sobre ellas y han reactivado proyectos de desarrollo y nuevos cultivos e inversiones, pero la frustración de las altas expectativas de implementación de los acuerdos, especialmente el agrario, puede alimentar nuevos movimientos de protesta para reclamar mayor presencia estatal en los territorios.

A mediano plazo, el cambio de paradigma del desarrollo rural hacia el enfoque territorial, que se ha llamado paz territorial, valoriza el papel de las autoridades locales y las organizaciones sociales de cada territorio para ser agentes y protagonistas de sus planes de desarrollo. A corto plazo, la campaña electoral tiene un efecto paralizante de la inversión pública y privada, en espera de la decisión de los electores para conformar el próximo gobierno.

Por último, una paradoja de la coyuntura colombiana es el contraste entre la gran acogida que la paz con las Farc ha tenido en la comunidad internacional, que la considera un caso de éxito, y la polarización interna frente al proceso. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho una apuesta fuerte por el éxito de la paz en Colombia, y continuará apoyándolo para marcar un contraste entre el fracaso de la revolución bolivariana, que se transforma cada vez más en una dictadura apoyada por Cuba, y el éxito de una democracia que supera la guerra en la vecina Colombia. Este apoyo semeja el que recibió Puerto Rico como contraste con la economía comunista cubana en los sesenta y setenta. La desgracia de Venezuela puede terminar siendo la fortuna de Colombia.

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