LOS CUATRO FINALISTAS

Publicado en EL ESPECTADOR el 20 de mayo de 2018

La elección presidencial enfrenta varios proyectos de sociedad, cada uno con sus adherentes, sus ganadores y perdedores. Gustavo Petro apuesta a la democracia social en beneficio de las mayorías excluidas y convoca a toda la izquierda para cambiar el modelo de desarrollo extractivo por uno productivo, que valorice el trabajo por encima del capital, los servicios estatales por encima de los negocios privados en la salud y educación, la construcción de paz en los territorios con una reforma rural integral, la defensa del ambiente y el uso de energías renovables no contaminantes. Sus propuestas están sostenidas por el compromiso personal como caudillo del pueblo, heredero de Uribe Uribe, Gaitán, Pizarro y hasta Luís Carlos Galán, todos ellos inmolados como promesas y ninguno probado como ejecutor.

Iván Duque defiende las ideas del “presidente eterno” Álvaro Uribe en materia de seguridad, confianza inversionista e imperio de la ley, renovaría los consejos semanales, corregiría los acuerdos de paz para que paguen cárcel los responsables de crímenes antes de hacer política, modernizaría la economía con el uso de sistemas para simplificar trámites y reducir impuestos a las empresas y le daría seguridad al gran capital inversionista. Propone unificar las altas cortes en una de cierre final y agilizar la justicia con instrumentos digitales que simplifiquen los procesos. El hecho de ser “el que diga Uribe” es su fuerza y su mayor debilidad, pues convierte su candidatura en una muy probable reelección de Uribe como poder detrás del presidente, con su carga de odio, venganza, irritabilidad y falta de escrúpulos con la verdad y la honestidad.

Sergio Fajardo propone erradicar la corrupción del sistema político y la compra de favores con votos, invertir cada año un diez por ciento más en educación, combatir la violencia abriendo oportunidades a los jóvenes, concertar los planes y presupuestos con las comunidades locales de manera abierta y transparente y hacer una reforma tributaria para reducir impuestos a las empresas y aumentar la progresividad de las contribuciones según el ingreso de las personas. Su fortaleza es que su forma de obrar en política no polariza entre los extremos y logra fortalecer a las comunidades y organizaciones sociales como protagonistas de su propio destino. Tiene en su favor el haber sido el mejor alcalde y el mejor gobernador, de forma que la presidencia sería su siguiente reto. Es un outsider, pues viene de la academia y no de la clase política, que decidió reformar el sistema desde dentro al ganar apoyo en un diálogo persona por persona y comunidad por comunidad.

Germán Vargas propone cumplir el acuerdo de paz con las Farc, levantaría la mesa con el Eln, haría una reforma política para dar más representación a las regiones en el senado, una reforma a la justicia para descongestionarla, evitar sus funciones electorales y crear un tribunal de aforados para juzgar a magistrados. Contra la corrupción propone fortalecer el proceso de extinción del dominio contra corruptos, para eliminar el estímulo de la riqueza mal habida. Es el candidato con mayor experiencia, que demostró ser un gran ejecutor en el gobierno Santos, aunque arrastra consigo el apoyo de las maquinarias más tradicionales y corruptas de la política.

En este abanico de propuestas de los cuatro candidatos con mayores opciones , yo, como ciudadano, no dudo en votar por Sergio Fajardo en la primera y la segunda vuelta.

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¿POR QUÉ NO DESPEGA LA REFORMA RURAL?

Publicado en EL ESPECTADOR el 15 de abril de 2018

El problema de la mala distribución y peor uso de las tierras pesa como un grillete amarrado a los pies de la economía, en un contexto de globalización que le abre a Colombia un horizonte de modernización fundada en nuestra única ventaja competitiva, los recursos naturales abundantes y el talento para hacerlos productivos. Por eso el gobierno, al reconocer el problema, acordó, como parte del pacto de paz, hacer una reforma rural integral con enfoque territorial, a al que llamó la paz territorial. El Ministro de Agricultura que impulsó ese acuerdo agrario fue Juan Camilo Restrepo, que además había logrado aprobar la restitución de tierras y había construido en dos años una sólida Unidad de Restitución, liderada por Ricardo Sabogal Urrego, blindada del clientelismo por el apoyo directo del presidente Santos para crear una entidad eficiente y comprometida con los campesinos despojados.

Desde ese momento de avance sustancial, en mayo de 2013, han pasado cinco años casi perdidos para la preparación de la reforma comprometida y la explicación de ese retraso es política. La renuncia de Restrepo inició una pendiente en caída acelerada que destruyó la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, con pocas islas, como Corpoica y la Upra, que mantuvieron su nivel técnico.

Después de haber desactivado los paros agrarios de 2013 y 2014 con promesas incumplidas de mermelada a las cumbres y dignidades agrarias, Aurelio Iragorri Valencia asumió el Ministerio de Agricultura durante los siguientes tres años largos, desde agosto de 2014 hasta octubre de 2017. Pasamos de “el tal paro agrario no existe” a “la tal reforma rural no existe”.

Iragorri había sido el gran distribuidor de puestos y contratos, con contratistas amarrados, para comprar congresistas a favor de los proyectos del gobierno. Con su paso a Agricultura, Iragorri adaptó la institucionalidad del sector rural al mismo método. Para lograrlo, llevó su cuadrilla personal de asesores y los nombró gerentes de temas, reemplazando a los directores y gerentes técnicos y eliminando su capacidad de decisión, para concentrar la contratación en manos de los asesores, que desconocían el sector agrario.

A continuación inventó el programa Pares, para distribuir los recursos entre las gobernaciones y contratar a dedo a los operadores, en un festín de rentas de contratación en el que muchos, en cascada, capturaron su participación de las ganancias, diluyendo el impacto de la inversión pública en desarrollo rural y corrompiendo aún más a los operadores privados y las asociaciones campesinas. Mientras hacía esto, poco se ocupó de estructurar el cambio institucional y normativo que se requería para impulsar la reforma rural integral. Sólo a fines de 2015 se dividió el Incoder en las tres agencias que con dificultad dan sus primeros pasos, la de tierras, desarrollo rural y renovación del territorio, diseñadas como superintendencias que subcontratan y sin capacidad operativa real.

El presidente Santos se equivocó al abandonar en manos de Iragorri el cumplimiento del acuerdo agrario y la consecuencia cae sobre los campesinos, indígenas y negros que forjaron grandes esperanzas en que les llegaría la hora de ser tenidos en cuenta para cerrar la brecha con el mundo urbano. Sólo ahora se discute un borrador de decreto para disponer la entrega de tierras a los desmovilizados de las Farc, cuando ya la mayoría ha abandonado los campamentos para ingresar al rebusque, armado o sin armas, y la reintegración socioeconómica hace agua por todas partes. Al fracaso de la construcción de la paz hay que comenzar a ponerle nombres y apellidos.

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El gas explosivo de la indignación

Publicado en EL ESPECTADOR el 24 de febrero de 2018

El pillaje y saqueo de supermercados en los que se lavaba el dinero de comandantes de las Farc, según acusación de la Fiscalía, antes de que las mercancías pasaran a ser incautadas, expresan la indignación no solo contra las Farc sino también contra el Gobierno, por un pueblo que se siente despojado por la corrupción de los políticos y el maltrato extorsivo de los violentos. El poder destructivo de la indignación es similar, en términos sociales, al del gas metano en los socavones de las minas de carbón, pues si se acumula en exceso, una chispa libera la explosión.

La indignación también describe el estado de ánimo de quienes consideran intolerable una situación que se disponen a cambiar con el peso de las mayorías. La figura del caudillo redentor que asume la indignación como bandera para redimir al pueblo ha surgido una y otra vez en nuestra historia y la de otros pueblos, que siempre termina en la autocracia y la pérdida de libertades y derechos. El crecimiento de Gustavo Petro en las encuestas capitaliza esa indignación y le envía una bofetada a la clase política corrupta aliada de las mafias y paramilitares, que le roban al pueblo su presente y futuro. Ese endoso de la indignación colectiva al capital de poder de un solo hombre providencial, que se vuelve pronto proveedor que dilapida el tesoro público, es un cheque en blanco, pues no se funda en un pacto entre gobernante y gobernados, sino que su cumplimiento queda suspendido del hilo de la voluntad voluble del poderoso de turno.

Hay indignación constructiva cuando nace de la comprobación de que se violan las líneas de lo justo, lo igualitario, lo decente, lo ético, con el argumento falso de que el fin justifica los medios. De esta indignación se han alimentado las voces resonantes de políticos de oposición como Jorge Enrique Robledo, Claudia López e Iván Cepeda, que han hecho los grandes debates contra el paramilitarismo y la corrupción en el Congreso y la opinión.

La indignación también puede ser un producto fabricado e inoculado en las redes sociales para fines políticos como arma química para ganar un plebiscito, como el triunfo del No al acuerdo de paz, el triunfo de Trump o el brexit en Inglaterra, y en ese caso sus banderas se separan de los hechos y la situación social. Su fuerza reside en la simplificación grosera de la realidad, como es el caso del fantasma del castrochavismo, y su efecto más evidente es la polarización entre amigos y enemigos, que convoca el estallido de la violencia.

Hay una forma serena y constructiva de salir de la indignación y es la de afrontar en serio las causas que la generan. La corrupción política es la moneda de pago que enriquece a quienes cobran sus votos en contratos y camarillas de empleados para robar en la burocracia, que es la tiranía sin tirano, como la llamó Hanna Arendt. La indignación constructiva es renovar la clase política con gobernantes y legisladores que no negocien con las necesidades y los recursos del pueblo, sino que escuchen al pueblo y concierten con la gente la manera de hacer reales los derechos. Si el ejemplo viene desde arriba, se desactiva la carga explosiva de la indignación y se canaliza hacia la construcción de soluciones que impactan en las condiciones de vida de todos, ampliando la unidad de propósitos y acabando con la polarización tóxica que nos conduce al estallido social.

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LA REFORMA RURAL PENDE DEL HILO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Publicado en EL ESPECTADOR el 24 Marzo de 2018

En Colombia siempre ha sido difícil cambiar las leyes agrarias, pues aunque beneficien a la mayoría, afectan privilegios que tienen gran influencia en las altas esferas del poder. El Gobierno decidió dividir la nueva Ley de Tierras en dos cuerpos, un Decreto-ley expedido en uso de facultades concedidas al presidente, el 902 de 2017, y un proyecto de ley que se puede presentar al Congreso cuando surta el trámite de la consulta previa. El Decreto 902 está siendo examinado por la Corte Constitucional y su próxima decisión definirá si por fin puede arrancar la reforma rural en su componente de tierras.

El decreto es enteramente instrumental y no afecta derechos sustantivos de propiedad. En esencia dispone cuatro cosas: una, ordena al Gobierno hacer planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por oferta estatal; dos, crea el registro de sujetos de ordenamiento (RESO) para priorizar los sectores más vulnerables; tres, unifica en uno sólo los engorrosos procesos agrarios, para ir barriendo los territorios con la solución de los diversos casos jurídicos en un solo trámite administrativo, para enviar a los jueces sólo los casos donde hay controversia entre ciudadanos o con el Estado; y cuatro, elimina la ocupación previa, y por lo tanto la deforestación, como condición para la adjudicación de tierras, con lo cual el Estado recupera su poder de asignar tierras según las necesidades de la población, como la relocalización por razones distributivas o ambientales, o de lucha contra los cultivos ilícitos, para víctimas o desmovilizados del conflicto, y se frena la apropiación especulativa que está acabando con el bosque amazónico en Meta, Caquetá y Guaviare, pues la ocupación no genera propiedad si no se cumplen los requisitos del RESO para ser sujeto de ordenamiento.

Colombia ha tenido leyes de reforma agraria cuidadosamente diseñadas para que su aplicación sea casi imposible por la ausencia de instrumentos operativos, y este decreto, sometido al escrutinio de la Corte, crea esos instrumentos por primera vez. No se puede aplazar más el ordenamiento y la formalización de los derechos de propiedad sobre la tierra como una tarea que asume el Estado por su cuenta, en ejercicio del dominio eminente sobre el territorio, para comenzar a solucionar los conflictos y las distorsiones acumuladas que tanto han contribuido a la violencia y el desplazamiento.

Como las facultades del Gobierno para expedir el decreto tenían una fecha de vencimiento, se hizo una rápida divulgación y consulta étnica, que no satisfizo las ansias de capturar rentas de algunos delegados negros, que se negaron a ajustarse al tiempo corto de la consulta solicitado por el Ministerio del Interior, práctica recurrente con la que convierten el derecho a la consulta en poder de veto, ingenuamente avalado por la Corte en ocasiones anteriores. Para que la consulta étnica conserve su esencia de derecho constitucional debe distinguirse de su abuso extorsivo, y negarse a ella en los tiempos previstos no puede sancionarse como incumplimiento del Gobierno, sino como violación del deber contenido en el derecho. Por no deliberar ni votar perdió su investidura una senadora en días pasados por decisión del Consejo de Estado. Igual criterio debe usarse para resolver el impasse creado por las consultas malogradas.

Siendo la reforma rural integral una tarea pendiente para dar el salto cualitativo hacia la modernidad y el desarrollo, y para resolver los conflictos sociales que han afectado a una tercera parte de la población colombiana, la Corte Constitucional debe dar vía libre a la Agencia Nacional de Tierras para desplegar los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad y comenzar en serio la implementación y construcción de la paz.

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LA ENCRUCIJADA CON EL ELN

LA ENCRUCIJADA CON EL ELN

publicado en EL ESPECTADOR el 11 de febrero de 2018

El paro armado del Eln revelará los territorios donde su amenaza es creíble y medirá la capacidad o incapacidad del gobierno para contener sus efectos de parálisis del transporte y la actividad económica. Sin mesa de conversaciones, la iniciativa está en las decisiones del Eln y el gobierno sólo puede reaccionar con amenazas y medidas de fuerza. Esa dinámica de acción y reacción puede escalar hasta acabar con el oxígeno de una posible negociación y puede fortalecer los extremos políticos que inoculan polarización y odio criminal como recursos políticos.

Si el gobierno reinicia conversaciones en Quito, recobra la iniciativa y puede mantener el principio de que los hechos del conflicto no afectan la mesa, mientras que ésta puede conducir a un desescalamiento que ahorra vidas, hasta acordar un nuevo cese al fuego que permita la participación de las víctimas del conflicto. La ventaja de mantener la negociación es que se juega simultáneamente en dos escenarios, la diplomacia del diálogo y la atención al conflicto armado.

Después de un año de conversaciones, el gobierno ha debilitado la capacidad negociadora de su delegación oficial al autorizar la mediación de Álvaro Leiva e Iván Cepeda, que representan los intereses de las Farc en la negociación del Eln y por tanto los hacen sentir el trato humillante de parecer los vagones de cola de las Farc, que ellos rechazan para reclamar un reconocimiento de su diferencia. La activación de sabotajes y el asesinato de policías y soldados al terminar el cese al fuego ponen el conflicto armado en el centro de la mesa, como su objeto específico de negociación. Se negocia la paz porque hay un conflicto activo.

Se trata de resolver con un pacto una guerra de medio siglo, intercambiando reconocimientos: el Eln reconoce la soberanía del Estado y éste reconoce al Eln su existencia sin armas como agente de intereses sociales que caben en la democracia. El Eln no va a cambiar el Estado realmente existente como fruto de la negociación y ésta tampoco va a cambiar la mentalidad ni los objetivos políticos del Eln, aunque sí sus instrumentos de lucha, para prohibir la violencia. Los cambios vendrán como resultado de la activación de la democracia desarmada, que permitirán la representación de los sectores populares y sus iniciativas políticas.

La paz es, en sí misma, suficiente ventaja para las dos partes de la mesa de conversaciones y para la sociedad maltratada por la guerra, que reclama participar para exigir a los adversarios que la paren sin más demora. Por eso el gobierno haría bien en organizar suficientes eventos de participación de la población como acompañamiento a la mesa de negociaciones de Quito, pues esas voces apoyan la terminación del conflicto, que es el mismo objetivo del gobierno y la sociedad.

Esta ruta sugerida va en contra de la tendencia más fácil, que es la de responder con toda contundencia los ataques y sabotajes del Eln, como gustan decir el presidente y el ministro de defensa, pero la realidad es que la búsqueda de la paz negociada es el camino difícil y espinoso, pero el único que hace viable a Colombia a largo plazo.

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DEL FEUDALISMO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DEL FEUDALISMO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

publicado en EL ESPECTADOR el 14 de enero de 2018

La opinión bien informada es esencial para la democracia, pero, como bien dijo Nicolás Gómez Dávila, “el universo es un diccionario inútil para quien no aporta su propia sintaxis.” Por eso es tan crucial definir el acuerdo de la sociedad sobre las grandes orientaciones culturales que mueven la acción colectiva, que dan forma a su futuro en un proceso de auto-creación de la sociedad. Sobre ese telón de fondo se pueden valorar las propuestas políticas que compiten por el poder en las próximas elecciones y su diferencia en los resultados que se pueden esperar de los ganadores.

En esencia, esas orientaciones son la ética o concepción del sujeto, la episteme o modelo de conocimiento, y el modelo económico o de inversión, que reparte cargas y beneficios. Cada una de ellas es un campo de batalla en que buscan prevalecer unas concepciones sobre otras y en que los candidatos se diferencian claramente, lo que permite compararlos.

Los conflictos éticos atraviesan los grandes problemas de nuestra sociedad. A una ética señorial excluyente típica de las clases altas, que dominaba la sociedad a expensas de los pobres urbanos, los campesinos y las minorías étnicas, irrumpió la ética del enriquecimiento tramposo del narcotráfico, que subordina cualquier medio al éxito económico y se transforma en vehículo de realización y ascenso social con gran poder de arrastre. El reto ético que plantea el narcotráfico a la sociedad es que la obliga a superar la trampa de deshonestidad generalizada en que han caído las actividades de la economía legal, que se sintetiza como el programa para legalizar al país. Una ética clasista y racista de los dirigentes explica mucho de la exclusión y el abandono de grandes sectores de la población, a quienes no se reconoce la titularidad de sus derechos ni su capacidad de forjar soluciones creativas y eficaces para hacerlos realidad.

El modelo de conocimiento o episteme está en plena evolución acelerada por la revolución informática, que pone al alcance de la sociedad herramientas muy poderosas para usar la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y la cultura para resolver los problemas sociales y generar una nueva economía intensiva en conocimiento. Por eso la gran diferencia para las sociedades del futuro es la inversión en educación a todos los niveles, que forjará la independencia económica y la soberanía. Ninguna sociedad puede dar el salto hacia la modernidad sin haber hecho una revolución educativa y científica.

El modelo de inversión resume todo lo anterior. Una sociedad feudal invertía en tierras y ganados la riqueza colectiva, asegurando que los dueños vivieran de la renta creada por los demás; la sociedad industrial concentró la inversión en los medios de producción y encontró su decadencia en el régimen de los monopolios, que concentran el ingreso al generar rentas cautivas de mercados protegidos y desestimulan la innovación y la competencia; la sociedad del conocimiento genera su propio modelo de inversión y el capital financia la educación, la innovación y la competencia abierta a las corrientes universales donde se perfila el mundo del futuro, respetuoso de la naturaleza y enemigo del despilfarro y el consumismo individual.

El Centro Democrático se acerca más al modelo excluyente del rentismo feudal, Vargas Lleras encarna el liberalismo rentista de los monopolios empresariales y Sergio Fajardo se aproxima al modelo de la sociedad del conocimiento, que nos puede ayudar a superar la trampa de corrupción en que se está hundiendo Colombia.

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NOS FALTA UNA UTOPÍA DE NACIÓN

Publicado en EL ESPECTADOR el 17 de diciembre de 2017

Es muy curioso que cuando por fin se despeja el futuro, no exista una utopía que convoque y movilice las energías colectivas hacia la construcción de una mejor sociedad. Esa utopía comenzó a dibujarse en el acuerdo de integrar la periferia olvidada y en la voluntad de abandonar la violencia para perseguir fines políticos, que liberan el potencial creativo de la generación joven del país.

Una explicación posible se encuentra en la tesis de Daniel Pecault, el sociólogo francés que dedicó su vida a estudiar a Colombia. Orden y violencia, para él, se refuerzan entre sí como fuerzas que sostienen el statu quo y mantienen el sistema de las élites en equilibrio. Eso explica que, frente a la reducción de la violencia lograda con el proceso de paz, las fuerzas conservadoras del statu quo, que se aglutinan en torno del Centro Democrático, pero que también incluyen a los católicos y cristianos y las clases emergentes, expresen el temor de estar dando un salto al vacío y avizoran el futuro como el desastre de Venezuela, al que nos llevaría el complot de Santos y las Farc para entregar el país al populismo.

Detrás de estos temores está el miedo a la movilización popular que pueda desbordarse, como le ocurrió temprano a Colombia con el asesinato de Gaitán y la revuelta caótica que desató la Violencia de los años cincuenta. La realidad histórica es que la violencia administrada del último medio siglo ha impedido la organización de los movimientos sociales que hubieran podido retar a las élites dominantes, quienes han preferido un crecimiento mediocre aunque sostenido, así sea al costo de excluir a grandes masas de población marginada. El resultado ha sido una estabilidad del sistema que no es democrática ni equitativa, con un saldo de víctimas que duplica al del conjunto de América Latina, que pasó por dictaduras militares.

En otra esquina se está configurando una alianza que mira al futuro, cuyo proyecto aprovecha la oportunidad de superar la violencia y piensa en inclusión, en invertir en las nuevas generaciones con mejor educación y en un salto adelante en la competitividad del país con la modernización del Estado. Para ellos es crucial depurar el sistema político de la corrupción, que cobra una renta excesiva a favor de quienes detentan el poder. Esa coalición está encabezada por Sergio Fajardo, y reúne movimientos políticos de centro izquierda como los Verdes, el Polo, los liberales de Humberto De La Calle, además de una gran franja de electores jóvenes cansados de la polarización y el temor al futuro.

Esa alianza aprecia la promesa de tomar en serio la democracia participativa para tomar las decisiones de inversión y está dispuesta a reconstruir instituciones locales y territoriales de abajo hacia arriba, recogiendo el conocimiento y las visiones del desarrollo de los campesinos, los indígenas y los negros, para que el desarrollo tenga mejores efectos distributivos. Por eso se empeñará en implementar los contenidos modernizadores del acuerdo de paz, como la apertura democrática y la reforma rural integral, y buscará reconciliar a los antiguos adversarios con una justicia de transición, que repare a las víctimas y asegure la no repetición de los ciclos de violencia.
Como esta alianza no descansa en las maquinarias electorales, sus posibilidades de triunfo dependerán de que logren movilizar el entusiasmo de los jóvenes y los votantes independientes de las viejas castas políticas, amarradas a cambio de promesas de contratos y corrupción, que parasitan el sistema político.

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