LA REFORMA RURAL EN MANOS DE DUQUE Y PETRO

Publicado en EL ESPECTADOR el 3 de junio de 2018

La única reforma de fondo que el estado acordó para reparar los daños del conflicto armado y prevenir su reproducción fue la reforma rural integral, que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial, para significar la urgencia de extender la presencia del estado a la periferia abandonada. Esa reforma requiere hacer un nuevo catastro y un ordenamiento social de la propiedad, para liberar tres millones de hectáreas para distribución a campesinos y formalizar siete millones a favor de pequeños poseedores, exige cerrar la expansión de la frontera agraria y adelantar programas de desarrollo con enfoque territorial, para llevar infraestructura y servicios a la Colombia profunda.

Para José Félix Lafaurie, director de Fedegán, la reforma pactada es un intento del gobierno para entregar las tierras a manos de las Farc y expropiar a los empresarios honestos del campo. Para Álvaro Uribe, la reforma amenaza la confianza inversionista de la gente honorable, como la que compró de buena fe y a precio de remate la tierra de los campesinos aterrorizados de los Montes de María, siguiendo el consejo de su ministro de agricultura. Gremios como la SAC ven una amenaza a la seguridad jurídica para la inversión agraria y María Fernanda Cabal sostiene que los reclamantes de tierras son testaferros de los narcoterroristas. En este clima intelectual, que prevalece en el Centro Democrático, le queda muy difícil a Iván Duque dar los primeros pasos para llevar la justicia social al campo y superar el rentismo ausentista de los grandes terratenientes. Su propuesta es despolitizar las instituciones del sector agrario y dar más incentivos tributarios a la inversión agraria por diez años.

Gustavo Petro ha repetido que cumplirá los acuerdos de paz y ha propuesto estimular la agricultura productiva y la agroindustria para reemplazar progresivamente la economía extractiva, devolviendo a las comunidades el poder de decisión sobre sus territorios. Se compromete con hacer el nuevo catastro y acoge la recomendación de los expertos de elevar el impuesto predial a las tierras ociosas para inducir a sus dueños a producir, arrendar o vender sus tierras para poder pagar el mayor impuesto y devolver a la sociedad el costo de oportunidad de las tierras. Petro asume el compromiso de proteger el agua amenazada por la explotación de minerales a cielo abierto y prohibir el fracking en la extracción de petróleo.
Esas diferencias entre los dos candidatos explican que en los 576 municipios donde ganó el SÍ en el plebiscito de la paz el 34% hubiera votado por Petro en primera vuelta y el 32% por Duque, mientras en los 545 municipios donde ganó el NO el 48% votó por Duque, y sólo el 16% por Petro.

El resultado tan divergente demuestra que la oposición de Uribe al proceso de paz estuvo profundamente anclada en la defensa del status quo del campo, que se sintió amenazado por la modesta reforma rural integral que se acordó, mientras la población campesina, indígena y negra se identificó más con Gustavo Petro, a quien la derecha acusa de estimular peligrosamente la lucha de clases.

Resolver el problema agrario es la condición para ampliar la ciudadanía y los derechos a la población relegada al olvido e integrar el territorio nacional bajo control del estado, pues sin estado no hay derechos que valgan.
http://www.alejandroreyesposada.wordpress.com

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LOS CUATRO FINALISTAS

Publicado en EL ESPECTADOR el 20 de mayo de 2018

La elección presidencial enfrenta varios proyectos de sociedad, cada uno con sus adherentes, sus ganadores y perdedores. Gustavo Petro apuesta a la democracia social en beneficio de las mayorías excluidas y convoca a toda la izquierda para cambiar el modelo de desarrollo extractivo por uno productivo, que valorice el trabajo por encima del capital, los servicios estatales por encima de los negocios privados en la salud y educación, la construcción de paz en los territorios con una reforma rural integral, la defensa del ambiente y el uso de energías renovables no contaminantes. Sus propuestas están sostenidas por el compromiso personal como caudillo del pueblo, heredero de Uribe Uribe, Gaitán, Pizarro y hasta Luís Carlos Galán, todos ellos inmolados como promesas y ninguno probado como ejecutor.

Iván Duque defiende las ideas del “presidente eterno” Álvaro Uribe en materia de seguridad, confianza inversionista e imperio de la ley, renovaría los consejos semanales, corregiría los acuerdos de paz para que paguen cárcel los responsables de crímenes antes de hacer política, modernizaría la economía con el uso de sistemas para simplificar trámites y reducir impuestos a las empresas y le daría seguridad al gran capital inversionista. Propone unificar las altas cortes en una de cierre final y agilizar la justicia con instrumentos digitales que simplifiquen los procesos. El hecho de ser “el que diga Uribe” es su fuerza y su mayor debilidad, pues convierte su candidatura en una muy probable reelección de Uribe como poder detrás del presidente, con su carga de odio, venganza, irritabilidad y falta de escrúpulos con la verdad y la honestidad.

Sergio Fajardo propone erradicar la corrupción del sistema político y la compra de favores con votos, invertir cada año un diez por ciento más en educación, combatir la violencia abriendo oportunidades a los jóvenes, concertar los planes y presupuestos con las comunidades locales de manera abierta y transparente y hacer una reforma tributaria para reducir impuestos a las empresas y aumentar la progresividad de las contribuciones según el ingreso de las personas. Su fortaleza es que su forma de obrar en política no polariza entre los extremos y logra fortalecer a las comunidades y organizaciones sociales como protagonistas de su propio destino. Tiene en su favor el haber sido el mejor alcalde y el mejor gobernador, de forma que la presidencia sería su siguiente reto. Es un outsider, pues viene de la academia y no de la clase política, que decidió reformar el sistema desde dentro al ganar apoyo en un diálogo persona por persona y comunidad por comunidad.

Germán Vargas propone cumplir el acuerdo de paz con las Farc, levantaría la mesa con el Eln, haría una reforma política para dar más representación a las regiones en el senado, una reforma a la justicia para descongestionarla, evitar sus funciones electorales y crear un tribunal de aforados para juzgar a magistrados. Contra la corrupción propone fortalecer el proceso de extinción del dominio contra corruptos, para eliminar el estímulo de la riqueza mal habida. Es el candidato con mayor experiencia, que demostró ser un gran ejecutor en el gobierno Santos, aunque arrastra consigo el apoyo de las maquinarias más tradicionales y corruptas de la política.

En este abanico de propuestas de los cuatro candidatos con mayores opciones , yo, como ciudadano, no dudo en votar por Sergio Fajardo en la primera y la segunda vuelta.

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¿POR QUÉ NO DESPEGA LA REFORMA RURAL?

Publicado en EL ESPECTADOR el 15 de abril de 2018

El problema de la mala distribución y peor uso de las tierras pesa como un grillete amarrado a los pies de la economía, en un contexto de globalización que le abre a Colombia un horizonte de modernización fundada en nuestra única ventaja competitiva, los recursos naturales abundantes y el talento para hacerlos productivos. Por eso el gobierno, al reconocer el problema, acordó, como parte del pacto de paz, hacer una reforma rural integral con enfoque territorial, a al que llamó la paz territorial. El Ministro de Agricultura que impulsó ese acuerdo agrario fue Juan Camilo Restrepo, que además había logrado aprobar la restitución de tierras y había construido en dos años una sólida Unidad de Restitución, liderada por Ricardo Sabogal Urrego, blindada del clientelismo por el apoyo directo del presidente Santos para crear una entidad eficiente y comprometida con los campesinos despojados.

Desde ese momento de avance sustancial, en mayo de 2013, han pasado cinco años casi perdidos para la preparación de la reforma comprometida y la explicación de ese retraso es política. La renuncia de Restrepo inició una pendiente en caída acelerada que destruyó la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, con pocas islas, como Corpoica y la Upra, que mantuvieron su nivel técnico.

Después de haber desactivado los paros agrarios de 2013 y 2014 con promesas incumplidas de mermelada a las cumbres y dignidades agrarias, Aurelio Iragorri Valencia asumió el Ministerio de Agricultura durante los siguientes tres años largos, desde agosto de 2014 hasta octubre de 2017. Pasamos de “el tal paro agrario no existe” a “la tal reforma rural no existe”.

Iragorri había sido el gran distribuidor de puestos y contratos, con contratistas amarrados, para comprar congresistas a favor de los proyectos del gobierno. Con su paso a Agricultura, Iragorri adaptó la institucionalidad del sector rural al mismo método. Para lograrlo, llevó su cuadrilla personal de asesores y los nombró gerentes de temas, reemplazando a los directores y gerentes técnicos y eliminando su capacidad de decisión, para concentrar la contratación en manos de los asesores, que desconocían el sector agrario.

A continuación inventó el programa Pares, para distribuir los recursos entre las gobernaciones y contratar a dedo a los operadores, en un festín de rentas de contratación en el que muchos, en cascada, capturaron su participación de las ganancias, diluyendo el impacto de la inversión pública en desarrollo rural y corrompiendo aún más a los operadores privados y las asociaciones campesinas. Mientras hacía esto, poco se ocupó de estructurar el cambio institucional y normativo que se requería para impulsar la reforma rural integral. Sólo a fines de 2015 se dividió el Incoder en las tres agencias que con dificultad dan sus primeros pasos, la de tierras, desarrollo rural y renovación del territorio, diseñadas como superintendencias que subcontratan y sin capacidad operativa real.

El presidente Santos se equivocó al abandonar en manos de Iragorri el cumplimiento del acuerdo agrario y la consecuencia cae sobre los campesinos, indígenas y negros que forjaron grandes esperanzas en que les llegaría la hora de ser tenidos en cuenta para cerrar la brecha con el mundo urbano. Sólo ahora se discute un borrador de decreto para disponer la entrega de tierras a los desmovilizados de las Farc, cuando ya la mayoría ha abandonado los campamentos para ingresar al rebusque, armado o sin armas, y la reintegración socioeconómica hace agua por todas partes. Al fracaso de la construcción de la paz hay que comenzar a ponerle nombres y apellidos.

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El gas explosivo de la indignación

Publicado en EL ESPECTADOR el 24 de febrero de 2018

El pillaje y saqueo de supermercados en los que se lavaba el dinero de comandantes de las Farc, según acusación de la Fiscalía, antes de que las mercancías pasaran a ser incautadas, expresan la indignación no solo contra las Farc sino también contra el Gobierno, por un pueblo que se siente despojado por la corrupción de los políticos y el maltrato extorsivo de los violentos. El poder destructivo de la indignación es similar, en términos sociales, al del gas metano en los socavones de las minas de carbón, pues si se acumula en exceso, una chispa libera la explosión.

La indignación también describe el estado de ánimo de quienes consideran intolerable una situación que se disponen a cambiar con el peso de las mayorías. La figura del caudillo redentor que asume la indignación como bandera para redimir al pueblo ha surgido una y otra vez en nuestra historia y la de otros pueblos, que siempre termina en la autocracia y la pérdida de libertades y derechos. El crecimiento de Gustavo Petro en las encuestas capitaliza esa indignación y le envía una bofetada a la clase política corrupta aliada de las mafias y paramilitares, que le roban al pueblo su presente y futuro. Ese endoso de la indignación colectiva al capital de poder de un solo hombre providencial, que se vuelve pronto proveedor que dilapida el tesoro público, es un cheque en blanco, pues no se funda en un pacto entre gobernante y gobernados, sino que su cumplimiento queda suspendido del hilo de la voluntad voluble del poderoso de turno.

Hay indignación constructiva cuando nace de la comprobación de que se violan las líneas de lo justo, lo igualitario, lo decente, lo ético, con el argumento falso de que el fin justifica los medios. De esta indignación se han alimentado las voces resonantes de políticos de oposición como Jorge Enrique Robledo, Claudia López e Iván Cepeda, que han hecho los grandes debates contra el paramilitarismo y la corrupción en el Congreso y la opinión.

La indignación también puede ser un producto fabricado e inoculado en las redes sociales para fines políticos como arma química para ganar un plebiscito, como el triunfo del No al acuerdo de paz, el triunfo de Trump o el brexit en Inglaterra, y en ese caso sus banderas se separan de los hechos y la situación social. Su fuerza reside en la simplificación grosera de la realidad, como es el caso del fantasma del castrochavismo, y su efecto más evidente es la polarización entre amigos y enemigos, que convoca el estallido de la violencia.

Hay una forma serena y constructiva de salir de la indignación y es la de afrontar en serio las causas que la generan. La corrupción política es la moneda de pago que enriquece a quienes cobran sus votos en contratos y camarillas de empleados para robar en la burocracia, que es la tiranía sin tirano, como la llamó Hanna Arendt. La indignación constructiva es renovar la clase política con gobernantes y legisladores que no negocien con las necesidades y los recursos del pueblo, sino que escuchen al pueblo y concierten con la gente la manera de hacer reales los derechos. Si el ejemplo viene desde arriba, se desactiva la carga explosiva de la indignación y se canaliza hacia la construcción de soluciones que impactan en las condiciones de vida de todos, ampliando la unidad de propósitos y acabando con la polarización tóxica que nos conduce al estallido social.

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LA REFORMA RURAL PENDE DEL HILO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Publicado en EL ESPECTADOR el 24 Marzo de 2018

En Colombia siempre ha sido difícil cambiar las leyes agrarias, pues aunque beneficien a la mayoría, afectan privilegios que tienen gran influencia en las altas esferas del poder. El Gobierno decidió dividir la nueva Ley de Tierras en dos cuerpos, un Decreto-ley expedido en uso de facultades concedidas al presidente, el 902 de 2017, y un proyecto de ley que se puede presentar al Congreso cuando surta el trámite de la consulta previa. El Decreto 902 está siendo examinado por la Corte Constitucional y su próxima decisión definirá si por fin puede arrancar la reforma rural en su componente de tierras.

El decreto es enteramente instrumental y no afecta derechos sustantivos de propiedad. En esencia dispone cuatro cosas: una, ordena al Gobierno hacer planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por oferta estatal; dos, crea el registro de sujetos de ordenamiento (RESO) para priorizar los sectores más vulnerables; tres, unifica en uno sólo los engorrosos procesos agrarios, para ir barriendo los territorios con la solución de los diversos casos jurídicos en un solo trámite administrativo, para enviar a los jueces sólo los casos donde hay controversia entre ciudadanos o con el Estado; y cuatro, elimina la ocupación previa, y por lo tanto la deforestación, como condición para la adjudicación de tierras, con lo cual el Estado recupera su poder de asignar tierras según las necesidades de la población, como la relocalización por razones distributivas o ambientales, o de lucha contra los cultivos ilícitos, para víctimas o desmovilizados del conflicto, y se frena la apropiación especulativa que está acabando con el bosque amazónico en Meta, Caquetá y Guaviare, pues la ocupación no genera propiedad si no se cumplen los requisitos del RESO para ser sujeto de ordenamiento.

Colombia ha tenido leyes de reforma agraria cuidadosamente diseñadas para que su aplicación sea casi imposible por la ausencia de instrumentos operativos, y este decreto, sometido al escrutinio de la Corte, crea esos instrumentos por primera vez. No se puede aplazar más el ordenamiento y la formalización de los derechos de propiedad sobre la tierra como una tarea que asume el Estado por su cuenta, en ejercicio del dominio eminente sobre el territorio, para comenzar a solucionar los conflictos y las distorsiones acumuladas que tanto han contribuido a la violencia y el desplazamiento.

Como las facultades del Gobierno para expedir el decreto tenían una fecha de vencimiento, se hizo una rápida divulgación y consulta étnica, que no satisfizo las ansias de capturar rentas de algunos delegados negros, que se negaron a ajustarse al tiempo corto de la consulta solicitado por el Ministerio del Interior, práctica recurrente con la que convierten el derecho a la consulta en poder de veto, ingenuamente avalado por la Corte en ocasiones anteriores. Para que la consulta étnica conserve su esencia de derecho constitucional debe distinguirse de su abuso extorsivo, y negarse a ella en los tiempos previstos no puede sancionarse como incumplimiento del Gobierno, sino como violación del deber contenido en el derecho. Por no deliberar ni votar perdió su investidura una senadora en días pasados por decisión del Consejo de Estado. Igual criterio debe usarse para resolver el impasse creado por las consultas malogradas.

Siendo la reforma rural integral una tarea pendiente para dar el salto cualitativo hacia la modernidad y el desarrollo, y para resolver los conflictos sociales que han afectado a una tercera parte de la población colombiana, la Corte Constitucional debe dar vía libre a la Agencia Nacional de Tierras para desplegar los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad y comenzar en serio la implementación y construcción de la paz.

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LA ENCRUCIJADA CON EL ELN

LA ENCRUCIJADA CON EL ELN

publicado en EL ESPECTADOR el 11 de febrero de 2018

El paro armado del Eln revelará los territorios donde su amenaza es creíble y medirá la capacidad o incapacidad del gobierno para contener sus efectos de parálisis del transporte y la actividad económica. Sin mesa de conversaciones, la iniciativa está en las decisiones del Eln y el gobierno sólo puede reaccionar con amenazas y medidas de fuerza. Esa dinámica de acción y reacción puede escalar hasta acabar con el oxígeno de una posible negociación y puede fortalecer los extremos políticos que inoculan polarización y odio criminal como recursos políticos.

Si el gobierno reinicia conversaciones en Quito, recobra la iniciativa y puede mantener el principio de que los hechos del conflicto no afectan la mesa, mientras que ésta puede conducir a un desescalamiento que ahorra vidas, hasta acordar un nuevo cese al fuego que permita la participación de las víctimas del conflicto. La ventaja de mantener la negociación es que se juega simultáneamente en dos escenarios, la diplomacia del diálogo y la atención al conflicto armado.

Después de un año de conversaciones, el gobierno ha debilitado la capacidad negociadora de su delegación oficial al autorizar la mediación de Álvaro Leiva e Iván Cepeda, que representan los intereses de las Farc en la negociación del Eln y por tanto los hacen sentir el trato humillante de parecer los vagones de cola de las Farc, que ellos rechazan para reclamar un reconocimiento de su diferencia. La activación de sabotajes y el asesinato de policías y soldados al terminar el cese al fuego ponen el conflicto armado en el centro de la mesa, como su objeto específico de negociación. Se negocia la paz porque hay un conflicto activo.

Se trata de resolver con un pacto una guerra de medio siglo, intercambiando reconocimientos: el Eln reconoce la soberanía del Estado y éste reconoce al Eln su existencia sin armas como agente de intereses sociales que caben en la democracia. El Eln no va a cambiar el Estado realmente existente como fruto de la negociación y ésta tampoco va a cambiar la mentalidad ni los objetivos políticos del Eln, aunque sí sus instrumentos de lucha, para prohibir la violencia. Los cambios vendrán como resultado de la activación de la democracia desarmada, que permitirán la representación de los sectores populares y sus iniciativas políticas.

La paz es, en sí misma, suficiente ventaja para las dos partes de la mesa de conversaciones y para la sociedad maltratada por la guerra, que reclama participar para exigir a los adversarios que la paren sin más demora. Por eso el gobierno haría bien en organizar suficientes eventos de participación de la población como acompañamiento a la mesa de negociaciones de Quito, pues esas voces apoyan la terminación del conflicto, que es el mismo objetivo del gobierno y la sociedad.

Esta ruta sugerida va en contra de la tendencia más fácil, que es la de responder con toda contundencia los ataques y sabotajes del Eln, como gustan decir el presidente y el ministro de defensa, pero la realidad es que la búsqueda de la paz negociada es el camino difícil y espinoso, pero el único que hace viable a Colombia a largo plazo.

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DEL FEUDALISMO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DEL FEUDALISMO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

publicado en EL ESPECTADOR el 14 de enero de 2018

La opinión bien informada es esencial para la democracia, pero, como bien dijo Nicolás Gómez Dávila, “el universo es un diccionario inútil para quien no aporta su propia sintaxis.” Por eso es tan crucial definir el acuerdo de la sociedad sobre las grandes orientaciones culturales que mueven la acción colectiva, que dan forma a su futuro en un proceso de auto-creación de la sociedad. Sobre ese telón de fondo se pueden valorar las propuestas políticas que compiten por el poder en las próximas elecciones y su diferencia en los resultados que se pueden esperar de los ganadores.

En esencia, esas orientaciones son la ética o concepción del sujeto, la episteme o modelo de conocimiento, y el modelo económico o de inversión, que reparte cargas y beneficios. Cada una de ellas es un campo de batalla en que buscan prevalecer unas concepciones sobre otras y en que los candidatos se diferencian claramente, lo que permite compararlos.

Los conflictos éticos atraviesan los grandes problemas de nuestra sociedad. A una ética señorial excluyente típica de las clases altas, que dominaba la sociedad a expensas de los pobres urbanos, los campesinos y las minorías étnicas, irrumpió la ética del enriquecimiento tramposo del narcotráfico, que subordina cualquier medio al éxito económico y se transforma en vehículo de realización y ascenso social con gran poder de arrastre. El reto ético que plantea el narcotráfico a la sociedad es que la obliga a superar la trampa de deshonestidad generalizada en que han caído las actividades de la economía legal, que se sintetiza como el programa para legalizar al país. Una ética clasista y racista de los dirigentes explica mucho de la exclusión y el abandono de grandes sectores de la población, a quienes no se reconoce la titularidad de sus derechos ni su capacidad de forjar soluciones creativas y eficaces para hacerlos realidad.

El modelo de conocimiento o episteme está en plena evolución acelerada por la revolución informática, que pone al alcance de la sociedad herramientas muy poderosas para usar la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y la cultura para resolver los problemas sociales y generar una nueva economía intensiva en conocimiento. Por eso la gran diferencia para las sociedades del futuro es la inversión en educación a todos los niveles, que forjará la independencia económica y la soberanía. Ninguna sociedad puede dar el salto hacia la modernidad sin haber hecho una revolución educativa y científica.

El modelo de inversión resume todo lo anterior. Una sociedad feudal invertía en tierras y ganados la riqueza colectiva, asegurando que los dueños vivieran de la renta creada por los demás; la sociedad industrial concentró la inversión en los medios de producción y encontró su decadencia en el régimen de los monopolios, que concentran el ingreso al generar rentas cautivas de mercados protegidos y desestimulan la innovación y la competencia; la sociedad del conocimiento genera su propio modelo de inversión y el capital financia la educación, la innovación y la competencia abierta a las corrientes universales donde se perfila el mundo del futuro, respetuoso de la naturaleza y enemigo del despilfarro y el consumismo individual.

El Centro Democrático se acerca más al modelo excluyente del rentismo feudal, Vargas Lleras encarna el liberalismo rentista de los monopolios empresariales y Sergio Fajardo se aproxima al modelo de la sociedad del conocimiento, que nos puede ayudar a superar la trampa de corrupción en que se está hundiendo Colombia.

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