LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE TERRITORIAL

Publicado en EL ESPECTADOR el 1 de mayo de 2020

Todas las políticas públicas tienen una dimensión territorial y deben focalizarse en la geografía concreta de los barrios, veredas y localidades, cuyas situaciones y problemas críticos son particulares a cada uno, aunque compartan características de sus territorios. Colombia tiene unas regiones integradas al mercado nacional, articuladas a una malla de grandes y medianas ciudades, rodeadas de una periferia poco integrada, que recibe menos inversión pública, está peor comunicada y tiene, por tanto, mayores barreras de acceso a los mercados, mayores costos de transporte y menor competitividad para ganarse la vida y generar servicios e ingresos para las familias.

El mercado, por su naturaleza, es concentrador y excluyente, pues las tasas de ganancia son mayores en las grandes aglomeraciones de población y, dentro de ellas, en los sectores de mayores ingresos, y menores en la población rural dispersa, menos rentable al proveerle bienes y servicios. La ideología del mercado, dominante en las últimas cuatro décadas, ha sido el neoliberalismo, que avasalló los espacios del Estado como regulador de la economía, desmanteló las economías nacionales a favor de la globalización, a su vez la ideología del capital financiero que controla las multinacionales, y el resultado ha sido que el uno por ciento de los más ricos concentre el ingreso del cincuenta por ciento de la población mundial.

La pandemia del coronavirus, por su facilidad de contagio y su letalidad, ha frenado los mercados, tanto en la oferta productiva como en la demanda, ha congelado las transacciones económicas, ha replegado las nuevas inversiones y ha provocado una recesión mundial que frenó el crecimiento, puso en jaque la globalización y la cooperación internacional y amenaza con la hambruna a los que solo tienen su trabajo diario para sobrevivir.

La pandemia es una prueba ácida que pone al desnudo la incapacidad de un Estado desmantelado, con la salud privatizada, penetrado por las mafias, en manos de contratistas que obtienen rentas privadas como retribución por su financiación de las campañas políticas, donde las personas más ricas, según el último estudio de Luís Jorge Garay sobre desigualdad, pagan solo el 2.4% de sus rentas en impuestos y los grandes dueños de la tierra no retribuyen a los municipios el costo de oportunidad del monopolio que impide a los campesinos el acceso a la tierra productiva.

Colombia creó un frágil sistema de asistencia social a raíz de la pequeña recesión de 1999, con el Sisben, Familias en Acción, Adulto Mayor, programas para la infancia como el ICBF, con todos los problemas de registro y focalización imaginables, pero que sirven como infraestructura mínima para desplegar apoyos vitales a la población en situación de precariedad. Como esa nueva clase social del precariato, que ni siquiera tiene el beneficio de ser explotada como clase obrera por estar en el rebusque de la informalidad, va a crecer exponencialmente por la pandemia, es necesario pensar en un escalamiento muy grande de la asistencia social, no basada en grandes plataformas nacionales como las mencionadas, sino controladas desde los territorios y localidades, de abajo hacia arriba, para que los pobladores de cada

vereda, corregimiento, municipio y territorio puedan asistir a quienes lo necesiten y nadie se quede por fuera de los soportes esenciales para la supervivencia.

LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA VIDA Y LA MUERTE

Publicado en EL ESPECTADOR el 17 de abril de 2020

Una pandemia es una amenaza de muerte indiscriminada que nos confronta con la posibilidad de nuestro propio final. La gestión de la muerte es, en primer lugar, un asunto personal, pues cada uno trata de aislarse del contagio al reducir al mínimo los contactos con la comunidad, convertida en la fuente del peligro. Al vivir en sociedad, la amenaza de muerte se vuelve el problema colectivo más importante y la respuesta es la gestión política de la epidemia, que revela, como una radiografía, las formas dominantes de gestión de la vida y la muerte. El debate, en esencia, es cuáles vidas salvar y cuáles sacrificar, en nombre de un bien mayor, la supervivencia de la comunidad.

El coronavirus que se extendió por el planeta podrá matar a los viejos, los enfermos crónicos, los que sufren desnutrición, los confinados en cárceles, asilos y hogares de ancianos, los que no cuentan con servicios de salud adecuados, y los que dependen del rebusque informal para sobrevivir. Están en alto riesgo de morir los médicos y enfermeras que no tengan los elementos de protección adecuados para estar en contacto directo con los infectados, como empezó a suceder.

En el mundo se perfilan dos estrategias distintas para enfrentar la pandemia: las medidas disciplinarias de confinamiento y aislamiento obligatorio de toda la población, con excepción de los servicios esenciales de alimentación, transporte, salud y seguridad, por un lado, y las medidas de vigilancia epidemiológica con tests generalizados y rastreo cuidadoso de los contagiados para aislarlos e impedir que infecten a otros, como en Japón, Singapur, Taiwán y China después del confinamiento inicial para aplanar la curva de contagios.

En ambas estrategias los gobiernos asumen poderes para controlar los cuerpos, impedir aglomeraciones, obligar a usar mascarillas y aumentar distancias entre las personas, y sobre todo lo anterior aumentan su capacidad para rastrear la ubicación y movimientos de los ciudadanos, controlar sus interacciones y sus gastos, e impedir las acciones colectivas que supongan reuniones de la comunidad. En estas circunstancias, el poder se concentra en la cúpula política y se vacía de las manos los ciudadanos, y el temor generalizado es que, después de pasada la pandemia, los gobiernos no quieran ceder el nuevo poder adquirido en la emergencia y lo quieran usar para hacer más exigua la democracia, que descansa en las mayorías.

Es una paradoja que en Colombia y muchos otros países se hubiera extendido desde noviembre del año pasado un movimiento de protestas ciudadanas para exigir mejores políticas sociales, que convocaron aglomeraciones en plazas y calles, mientras se expandía desde China el virus que nos obligaría a aislarnos y disolver las protestas en el confinamiento obligatorio, para dejar al Gobierno las manos libres para enfrentar la pandemia y la depresión económica como única prioridad. La agenda de cambios estructurales que los jóvenes, los movimientos territoriales, las minorías étnicas y los sindicatos querían poner sobre la mesa quedó relegada ante la gestión política de la epidemia, que, en últimas, es la decisión del Gobierno de quiénes viven y quiénes mueren.

LA GUERRA MUNDIAL CONTRA EL VIRUS

Publicado en EL ESPECTADOR el 20 de marzo de 2020

Cada ser se complace en su ser, dijo Platón, y el virus no es distinto. Encontró en los humanos su medio ideal de propagación y ahora nos corresponde, como especie, detenerla. El antecedente inmediato de una gran pandemia, la mal llamada gripa española, en 1918, mató a cerca de cuarenta millones de personas en el mundo, en especial adultos jóvenes sin inmunización. Europa estaba devastada por la primera guerra mundial y eso impidió que los gobiernos actuaran para contener la epidemia.

Si se extrapola lo que ocurrió en China, se puede calcular una afectación del uno por ciento de la población mundial en los próximos meses, unos setenta millones de contagios, de los cuales una quinta parte tendrá síntomas graves, que amenazan la vida si no hay asistencia médica intensiva. La afectación será diferenciada por edades, estado de salud, ingresos y condiciones de vivienda y transporte. Los peor librados serán los mayores de ochenta, con una tasa de mortalidad probable del cuarenta por ciento, y los de setenta, con una mortalidad del ocho por ciento. Los mejor librados serán los niños y jóvenes, según la edad, y los campesinos aislados, con menores probabilidades de transmisión, comparados con los pobladores urbanos de alta aglomeración.

El virus cambió de inmediato todas las prioridades, que ceden su puesto a la salud pública. Se aceleran los cambios de comportamiento, empezando por todas las actividades presenciales que reúnan grupos de personas, como la educación, el trabajo en fábricas y oficinas, el transporte colectivo, los servicios, los deportes y la cultura, y hasta el entretenimiento, incluido el Congreso. Se cierran las fronteras de países y ciudades y, en los casos más graves, se ordena el confinamiento en casa.

La única verdadera línea de defensa colectiva es impedir la movilidad fuera del hogar para disminuir el contagio, pues la mayor parte de los portadores no saben que lo están distribuyendo, pues son asintomáticos. Por eso el crecimiento de los casos es exponencial, y quienes tienen los síntomas son quienes menos contagian, pues ya están aislados. La cuarentena obligatoria de todos los viajeros que lleguen del exterior es indispensable y el toque de queda de los alcaldes elimina las actividades recreativas nocturnas, que no son esenciales para la vida. Cuanto antes se ordene el confinamiento general, salvo los servicios esenciales, más vidas se salvarán, y cuanto más tarde se ordene, más rápido se va a perder la guerra contra la pandemia, y los costos se multiplicarán.  Cada día de tardanza se debe medir en muertos.

El coronavirus es la prueba de fuego para medir la calidad del liderazgo de los gobernantes. Todos tienen frente a sí decisiones con profundas implicaciones éticas: ¿cómo distribuir costos y pérdidas entre el capital y la población? ¿cómo compensar a quienes viven de la informalidad, que depende de la afluencia del público? ¿cuáles grupos de población serán salvados y cuáles serán dejados a su suerte frente a recursos hospitalarios escasos? Una vez pasada la emergencia quedará en claro el nuevo panorama de perdedores de la pandemia, que afectará desproporcionadamente a los más vulnerables y desprotegidos por el Estado y sus sistemas de seguridad social.

CARTA A LA MINISTRA DE AGRICULTURA

Carta a la ministra de Agricultura

Alejandro Reyes Posada

08 de enero de 2024 – 09:05 p. m.

El Espectador

Ministra, el país espera este año una aceleración en la compra y distribución de tierras productivas a campesinos. Las tierras largamente trabajadas en agricultura de monocultivos y ganadería de pastoreo, que se concentran en la gran propiedad, han sufrido una degradación acelerada, que las hace improductivas sin el paquete agroquímico, cuyo costo es acelerar la erosión. Entre más degradadas, mejor negocio es salir de ellas, más aún cuando el Gobierno pretende comprar las que le ofrezcan. Eso garantiza que se repita la frustración de los años 60 y 70, cuando se entregó a los campesinos las peores tierras y ellos acabaron vendiéndolas. Cuando el Gobierno compra tierras para reforma agraria, lo hace como agente de los campesinos beneficiarios y debe pensar en sus intereses.

Propongo un giro radical e imaginativo, que puede asegurar una mayor tasa de éxito en la adquisición y el uso productivo. La fórmula es simple y poderosa: que el Gobierno no compre tierras, que compre suelos. Que valore los predios según el porcentaje de materia orgánica y el estado estructural del suelo, castigando proporcionalmente el avalúo según las restricciones a la fertilidad que tengan y, por tanto, compensando el mayor costo y tiempo requeridos para su regeneración, algo posible si se cambia el paradigma reinante, que es realmente una minería de suelos que los agota, matando la biodiversidad que hace posible una nutrición sana de las plantas alimenticias, sin venenos para el consumidor.

A esto se suma la otra propuesta. No comprar tanto en el mercado formal, con precios inflados por la captura de rentas, sino principalmente en el mercado informal, descontando del avalúo según el grado de informalidad. Esto se puede hacer y a la vez se van formalizando las posesiones que se adquieran y distribuyan. Pregunto: ¿cómo hace el Estado cuando precisa adquirir tierras para vías 4G y el trayecto está lleno de poseedores informales? Compra las informales o no construye la vía. Igual puede hacerse para la reforma rural.

La tercera propuesta es difundir aceleradamente los principios de la agricultura y la ganadería regenerativas, sin arado ni agroquímicos, con aplicación de abonos orgánicos y cobertura permanente que proteja la biodiversidad del suelo y restaure la fertilidad de manera creciente y progresiva, volviéndolos sumideros de carbono en vez de emisores, contra el cambio climático y a favor de la salud humana libre de tóxicos, con mayor rentabilidad para los productores que se liberan del gasto en agroquímicos.

Esto último puede hacerse con las tierras de desmovilizados, las de restituidos y retornados, las de minorías étnicas, las de sustitución de cultivos, más todas las tierras entregadas en la reforma agraria, todo eso en apoyo a la paz y la lucha contra el cambio climático. Los programas de la Agencia de Desarrollo Rural y demás institutos agrarios debían ser en agricultura y ganadería regenerativas y no convencionales.

Hay que frenar en seco la guerra química contra la vitalidad biológica de los suelos y los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los suelos contienen más de un cuarto de los organismos vivos del planeta y toda la agricultura convencional, desde los años 60, se ha dedicado a destruir con venenos esos microorganismos, incluyendo lombrices, ácaros, bacterias y hongos, además de los insectos polinizadores y controladores de plagas. La biodiversidad de la que tanto se enorgullece Colombia comienza en los suelos y se destruye al acabar con ellos mediante arado y agroquímicos.

Comprar suelos fértiles no agotados por agroquímicos, comprar en el mercado informal con descuento y parar en seco la guerra química contra la biodiversidad, para promover la regeneración ecológica, son las apuestas seguras para hacer posible la reforma rural que el país espera.

EL RETORNO A LA BONGA

El retorno a La Bonga

Alejandro Reyes Posada

13 de noviembre de 2023 – 09:05 p. m.

El Espectador

La Bonga, dirigida por Canela Reyes y Sebastián Pinzón, es una película documental de extraordinaria belleza y humanidad, que se presenta en la Cinemateca de Bogotá y en muchas otras ciudades del país, después de cuatro años de creación conjunta con el Colectivo de Comunicaciones Kuchá Suto, una iniciativa nacida en Palenque (Bolívar) con muchos integrantes nacidos en el corregimiento La Bonga.

Como tantas comunidades rurales, La Bonga fue desplazada de su territorio por los paramilitares de las AUC en 2001 y la diáspora la llevó a refugiarse en Palenque, San Pablo, Cartagena y otros lugares de Bolívar. Como dice uno de sus protagonistas, todos los días han llorado la pérdida de su territorio, que se conserva en la memoria de los mayores. María de los Santos Cásseres y su nieta Dayanis Herrera recorren el camino que las lleva a La Bonga, pues preparan su retorno al pueblo para iniciar su reconstrucción. Ellas están liderando el esfuerzo para volver a habitar su aldea, donde la naturaleza ha recobrado los espacios que ocupaban las casas, las huertas, la escuela, los niños, la risa y la ternura.

Ese esfuerzo se concreta en el viaje colectivo que emprende la comunidad para reconocer las ruinas donde antes vivían y amaban, para preparar los planes de reconstrucción, llenos de esperanza y futuro. Durante el viaje los mayores van relatando los recuerdos que forman la sustancia de sus vidas y esos recuerdos logran el milagro de revivir los lazos de afecto que forman la comunidad, que sobrevive al despojo forzado de su territorio. Los protege su patrona, la Virgen de Santa Rosa, que llevan en hombros.

Cuando la comunidad llega a las ruinas de La Bonga estallan la fiesta y el baile, la alegría y la catarsis. El anhelo más profundo de los bongueros, como el de los palenqueros, ha sido, desde hace siglos, la libertad, esa condición humana que les quisieron arrebatar los comerciantes y amos de esclavos que los trajeron a la fuerza desde África. La misma que quisieron robarles los paramilitares hace 23 años, cuando los echaron con amenazas de muerte acusándolos de colaborar con las guerrillas. Pero la libertad es un anhelo invencible que nace del alma de las comunidades negras que forjaron sus vidas en América y que tres siglos de esclavitud colonial no lograron extinguir.

Viendo La Bonga se comprende mejor el drama humano de quitarle su territorio a una comunidad y la importancia excepcional de haber dictado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, para defender el derecho de los pueblos indígenas, negros y campesinos a sus territorios. Ahora corresponde a la Unidad de Restitución de Tierras y a la Agencia de Desarrollo Rural hacer su parte de la tarea, en apoyo a los esfuerzos propios de la comunidad de los bongueros, liderados por María de los Santos, una de esas mujeres invencibles, que ya reconstruyó su casa e invita a sus vecinos a sumarse.

La película es un ejemplo del nuevo cine documental colombiano, que va mucho más allá de la denuncia de la violencia para entrar en las profundidades de los sentimientos y las vivencias de quienes la han sufrido, pero sobre todo de la fuerza incontenible de la esperanza, la libertad y la dignidad de un pueblo que se siente autor de su destino. Por eso es una película que deja a los espectadores llenos de esperanza en el futuro, mientras esté en manos de esas mujeres que lideran a sus comunidades para defender la vida contra todas las amenazas de los armados. Nunca serán derrotadas.

LA ANIQUILACIÓN DEL PUEBLO PALESTINO

La aniquilación del pueblo palestino

30 de octubre de 2023 – 09:00 p. m.

El Espectador

Israel ha decidido la solución final para el pueblo palestino: aniquilarlo de la faz de la tierra. Para conseguir la aprobación del mundo, siguen girando por cuenta del holocausto, que les ha permitido despojar de su territorio a los palestinos y someterlos a un régimen de apartheid en su propia tierra, sin Estado propio ni derechos humanos básicos, ni siquiera el derecho de sentirse víctimas y menos el de luchar por su supervivencia. Los 800 asentamientos de colonos judíos armados en Cisjordania, apoyados por el ejército israelí, matan ahora palestinos todas las noches, al amparo de la oscuridad, mientras Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, su feroz ministro de Defensa, bombardean hospitales, refugios de Naciones Unidas, escuelas y hogares de civiles, en un intento por eliminar las guerrillas terroristas de Hamás, expresión del radicalismo más extremo nacido de la opresión del gueto de la Franja de Gaza.

Una cualidad de la política exterior israelí es su franqueza. Su derecho a la tierra prometida de Palestina se funda en la promesa de Dios a sus antepasados, pasando por encima de todas las resoluciones no vinculantes de las Naciones Unidas, que desprecian, pues cuentan con la aprobación de los Estados Unidos y Europa, además de tener el ejército mejor armado de Oriente Medio. Se han fortalecido como reacción contra las intifadas, las revueltas de jóvenes palestinos contra las fuerzas de ocupación israelíes.

El brillante historiador judío Yuval Noah Harari tiene razón al sostener que Hamás logró sus objetivos políticos con el ataque del 7 de octubre, pues sus propósitos fueron provocar la ira santa de los israelíes para abortar cualquier posibilidad de paz, como hubiera sido la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes vecinos, que Netanyahu estaba a punto de lograr. Esta no es una guerra que se defina por el número de muertos de lado y lado —cuando un lado está armado al máximo y el otro está indefenso, salvo la salida desesperada de las fuerzas terroristas de Hamás y Hezbolá—, sino por la insensibilidad moral de las fuerzas israelíes y la impotencia del mundo para ponerle un límite humanitario a la barbarie de su venganza.

La aniquilación de los palestinos en Gaza es responsabilidad de Israel tanto como de Hamás, aunque por razones distintas. Israel quiere evacuar a los vecinos peligrosos, a los que deshumaniza llamándolos animales, y Hamás está dispuesto a sacrificar a su población para poner fin a la ocupación de su territorio. La posición de la Autoridad Palestina, que figura como remedo de Estado en Cisjordania y que perdió las elecciones en Gaza frente a Hamás, ha sido privilegiar la vida de los palestinos sobre su rivalidad política con Hamás, para clamar ante la opinión mundial por el cese al fuego y la protección internacional de los civiles inocentes, la mitad de los cuales son niños. Lo terrible, como enseña la historia, es que los que sobrevivan, cuando crezcan, serán los nuevos luchadores suicidas que harán invivible a Israel para nivelar la cancha del horror en la región donde nacieron las tres religiones monoteístas del mundo.

El Niño y la producción de alimentos y energía

d

16 de octubre de 2023

El Espectador

La discusión sobre las previsiones que se deben tomar para enfrentar la escasez de agua que traerá El Niño a fines de este año y comienzos del próximo ha olvidado el recurso más importante, que es el almacenaje de agua en los suelos orgánicos. En efecto, se ha establecido a nivel mundial que un centímetro adicional de suelo orgánico vivo, repleto de microorganismos, es capaz de retener 133.000 litros de agua por hectárea al año, que de otra forma iría a la evaporación y la escorrentía, causando erosión y deslizamientos.

El indicador más importante al que se hace seguimiento en tiempos de sequía, como el que se avecina, es el nivel de agua de los embalses que se usan para generación hidroeléctrica, que aportan el 70 % de los 220 gigavatios hora/día de energía que consume el país, y que están en 80 % de su capacidad en promedio. El uso de esa agua debe regularse por los generadores para atender los compromisos adquiridos de suministro de energía, para que no tengan que acudir al mercado de las plantas térmicas, mucho más costosas que las hidroeléctricas, pues dependen de la compra de combustibles como el gas, el diésel y el carbón, con precios internacionales altos por las dos guerras activas que hay en el mundo.

El mayor impacto esperado de El Niño es la disminución de la producción agrícola de alimentos y esa depende íntegramente de la retención de agua en los suelos orgánicos, para compensar la disminución de las lluvias. Sucede, sin embargo, que la agricultura convencional de arado y agroquímicos va en contra del almacenaje de agua en los suelos y contribuye a agravar el problema de El Niño. Esa agricultura, basada en la remoción de la capa orgánica y la calcinación de microorganismos por los rayos solares, sumada a la guerra química de los pesticidas contra lombrices, insectos, hongos, bacterias y microorganismos que liberan los nutrientes químicos para hacerlos accesibles a las plantas de cosecha, va en contravía del cambio climático y la escasez de agua de El Niño.

En el país es generalizado el mal manejo de los suelos, no solo por parte de los grandes cultivadores empresariales sino también de los medianos y pequeños agricultores, educados por los agrónomos, muchos de los cuales, formados en las universidades, son realmente la fuerza de ventas de la industria agrotóxica que domina la producción mundial de alimentos agrícolas. Entre otras razones, por eso es un error craso la idea del Gobierno de comprar Monómeros, la empresa productora de urea del Gobierno venezolano en Cartagena.

Se necesita escuchar lo que dice la ciencia y regresar a una agricultura y una ganadería que trabajen con la naturaleza y no contra ella, intentando reemplazar los químicos con nutrientes que solo la vida orgánica es capaz de proveer de manera sostenible y eficiente. Hay que detener y revertir la erosión, que no es otra cosa que la pérdida de la capa orgánica fértil de los suelos, que abarca los primeros 30 o 50 centímetros de la superficie. La retención de agua y oxígeno solo ocurre en los poros creados por la aglomeración de partículas de suelo que logran los microorganismos, los verdaderos trabajadores del campo. Al destruirlos, los suelos se compactan, dejan de almacenar agua y la liberan en escorrentía, que altera el sistema hídrico y ocasiona desastres ambientales.

Colombia debe adaptar sus suelos al cambio climático, no solo para atender la emergencia energética provocada por la reducción de las reservas de agua para generación de energía, sino también la emergencia alimenticia causada por la destrucción de la capa orgánica del suelo, debida a las malas prácticas de arar, exponer al sol y calcinar los microorganismos con energía solar y venenos químicos.

ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN CAMPESINAS, PARA QUÉ?

Organización y movilización campesinas, ¿para qué?

18 de septiembre de 2023 – 09:05 p. m.

El Espectador

El Gobierno ha dicho que quiere promover la organización y movilización campesinas en apoyo de la reforma agraria, como hizo Carlos Lleras Restrepo al crear la ANUC, cuando los terratenientes expulsaron a sus arrendatarios como respuesta a la Ley 1 de 1968, que les prometía volverlos propietarios de las parcelas que ocupaban. Esa gran masa campesina desplazada llenó de contenido y propósito la ANUC, que, ante la parálisis de la reforma agraria en el gobierno de Misael Pastrana, se lanzó a “recuperar” fincas para forzar al Incora a comprarlas y parcelarlas a los campesinos recién expulsados de sus cultivos de pancoger.

El punto más delicado en las actuales circunstancias es el de promover la movilización en el contexto de los dominios territoriales de grupos armados criminales, que están matando líderes locales para afianzar el control de rutas y escenarios de los tráficos ilegales. Todo líder social que emerja lleva un blanco pintado en la espalda, porque su eliminación aterroriza a las comunidades. Hay que lograr articular la movilización con la política de seguridad de las comunidades, pero no al estilo de Tierralta (Córdoba).

Los campesinos son muy pragmáticos y se organizan localmente ante objetivos definidos y concretos. Decir que lo hagan en apoyo de la reforma agraria resulta vago cuando no se ha definido bien el rumbo que tomará la reforma. Esta no parece ser una confrontación social entre terratenientes y campesinos, pues no se pretende quitarles a unos para darles a otros, sino comprar las tierras para distribuir, en lo cual no están en oposición los gremios de propietarios. Se puede preguntar: ¿movilización para qué?, ¿en oposición a quién?

Se puede reorientar la política de promoción de la organización campesina con un enfoque territorial, para convocar a los campesinos desde sus organizaciones políticas, que son las juntas de acción comunal, a que participen integrando los consejos municipales de reforma agraria, y estos en consejos territoriales, como instancias de formulación de demandas campesinas, concertación y veeduría. Se puede incentivar esa participación asignando a los consejos municipales y territoriales la tarea de priorizar la focalización de los núcleos de reforma agraria en sus regiones, para calibrar la demanda de tierras que se manifieste de abajo hacia arriba, para que empate con la focalización de la oferta desde arriba. El último gran ejercicio de participación campesina local fue la creación de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que reunió 11.000 juntas de acción comunal y 220.000 personas en 170 municipios.

Sugiero quitar la palabra movilización del decreto, porque su promoción no es tarea del Estado sino de la sociedad campesina, siguiendo su iniciativa. Es muy sospechoso y difícil de justificar que el Gobierno promueva movilizaciones, cuando estas interrumpen la circulación de productos, bloquean todas las actividades productivas y radicalizan a los afectados. Las movilizaciones pueden ser fecundadas desde dentro por intereses contrarios al campesino, por ejemplo de las guerrillas y disidencias, grupos criminales o narcotraficantes para sus propios intereses. Los campesinos se movilizan cuando la necesidad surge desde adentro, tienen objetivos concretos y sienten que tienen la fuerza necesaria para hacerse visibles y expresarse sin riesgos.

Con enfoque territorial, la organización campesina es la base social del desarrollo rural de los territorios, para que, en concertación con el Gobierno, se haga el ordenamiento ambiental, el ordenamiento social de la propiedad y se defina la visión de desarrollo desde lo local a lo territorial y nacional.

PAGAR PARA CONSTRUIR FUTURO?

Pagar para construir futuro

Alejandro Reyes Posada

24 de julio de 2023 – 09:05 p. m.

El Espectador

Pagar por no matar es, bajo cualquier criterio, una mala idea. Es muy fácil de caricaturizar si se piensa en su consecuencia lógica: hay que tener como oficio matar para que el Estado ceda al chantaje y pague para que no maten. ¿Y los jóvenes que quieren labrarse un futuro sin matar a nadie ni pertenecer a las pandillas criminales? ¿Ellos no califican para el pago?

La discusión no puede reducirse a esos simplismos, porque ahí termina el debate. Sin embargo, hay una larga tradición colombiana en la que el Estado paga a los integrantes de organizaciones violentas que han renunciado a las armas para facilitarles su sostenimiento y reintegración a la sociedad, con programas de reeducación y oportunidades productivas, que han funcionado bien. También hay muchas instituciones que capacitan a jóvenes campesinos para que puedan emprender proyectos productivos, entre las que se destaca la Universidad de la Salle con su proyecto Utopía en Yopal (Casanare), que desde 2010 convoca a jóvenes de las regiones de violencia y los capacita en convivencia, solución de conflictos, técnicas agropecuarias sostenibles y emprendimiento.

Los jóvenes pandilleros urbanos son parte de una nueva generación cuyos padres fueron desplazados del campo por procesos de violencia y despojo, a quienes les robaron su futuro y frustraron sus planes de vida. El campo que sus padres y abuelos tuvieron que abandonar se está quedando sin jóvenes, en manos de viejos y niños, y es urgente renovar la pirámide de edades con población joven en edad productiva para activar la producción agraria y el desarrollo rural.

Para comenzar a revertir esta tendencia puede diseñarse un programa de acceso a tierras para parejas jóvenes urbanas, tomadas de la población de las barriadas pobres que no encuentran oportunidades en las ciudades y que, al contrario, son objeto del reclutamiento en el mundo delincuencial, para ofrecerles una alternativa que los vuelva productores con derechos y con activos productivos. El millón de pesos pensado para sacar a jóvenes de las pandillas puede ser el aporte inicial de sostenimiento, mientras la parcela adjudicada se vuelve productiva, con acompañamiento del Estado. El SENA tiene programas muy eficientes de capacitación de técnicos agropecuarios y de todos los oficios adicionales que requiere el campo, como mecánicos, electricistas y expertos en sistemas.

La vida comunitaria rural es profundamente sanadora y civilizadora, como saben quienes la viven, retirados del estrés y la competencia salvaje de las grandes ciudades. En ella se imponen la solidaridad, la reciprocidad y el buen trato entre vecinos, pues son valores indispensables para la convivencia amable y productiva. El solo contexto rural es profundamente terapéutico para ofrecer un nuevo comienzo a los jóvenes traumatizados por la violencia de las pandillas.

La promesa de titular tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con muy poca tiene tres categorías de potenciales beneficiarios: primera, los productores campesinos sin tierra; segunda, los que tienen muy poca para salir de la pobreza y requieren más tierra para lograrlo; tercera, las nuevas familias campesinas que no caben en la parcela familiar, si la tienen. A estas se puede añadir una cuarta categoría: los jóvenes urbanos de primera o segunda generación que cayeron en el rebusque delincuencial de las pandillas y quieran disponer de tierra para emprender proyectos productivos, a quienes el Estado podría amparar de manera efectiva dándoles una parcela de tierra, facilidades productivas y conexión a internet, pues sin esta no podrían aprovechar el mundo de relaciones económicas y conocimientos necesarios para ser competitivos. No sería pagar para que no maten, sino para devolverles el futuro que la sociedad les robó con la expulsión de sus padres del campo.

DEFENSA JURÍDICA DEL CAMPESINADO

Defensa jurídica del campesinado

Alejandro Reyes Posada

10 de julio de 2023

El Espectador

Guardar

Los derechos de los campesinos al territorio y la cultura propia han sido proclamados por la Asamblea de las Naciones Unidas y ratificados en el país por la reciente reforma que los consagró en la Constitución. La sociedad colombiana es profundamente campesina, pues, aunque tres cuartas partes viven ahora en ciudades, ese mismo porcentaje proviene de ancestros campesinos urbanizados a la fuerza y lleva en la memoria familiar el sueño de tener un pedazo de tierra propia para desarrollar sus planes de vida. Aunque ha habido despojo y expulsión masivos de población rural desde hace cuatro décadas, buena parte de los jóvenes urbanos preferirían capitalizar su trabajo en una empresa productiva propia en el campo, antes que andar detrás del rebusque en la informalidad o las bandas delincuenciales en las barriadas urbanas.

La única verdadera ventaja competitiva de Colombia es su dotación de recursos naturales, con sus suelos, bosques, aguas, biodiversidad, minerales, sol y viento, que en conjunto permitirían ocupar una buena parte de la fuerza de trabajo ociosa subempleada en la economía informal de bajísima productividad. Para ello es necesario renovar con jóvenes emprendedores las empresas rurales en todas las ramas de la economía, porque el desarrollo rural es sencillamente el desarrollo del territorio. Una nueva generación con acceso a internet puede aprovechar el milagro actual de masificar el conocimiento para dinamizar el desarrollo y adaptarse al cambio climático. Tierra con acceso a infraestructura e internet es la fórmula del éxito para la nueva generación.

Si los derechos de los campesinos tienen peso y sustancia, más allá de la retórica, es hora de respetarlos. La ley estableció que las tierras de la nación estaban destinadas, en primer lugar, para los sujetos campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Al mismo tiempo, confió al Ministerio de Agricultura la función de hacerlos respetar, obligándolo a clarificar si la tierra era baldía o privada, y, en caso de que fuera baldía, recuperarla para entregarla a los campesinos. Esa es la tarea principal de la Agencia Nacional de Tierras, hacer cumplir la ley agraria, así como el Ministerio de Trabajo debe hacer cumplir la ley laboral.

El mayor despojo histórico de los derechos campesinos ha sido la apropiación fraudulenta de la tierra que estaba destinada para ellos, en manos de una clase voraz de acaparadores de tierra, a la que se sumaron los narcos y los empresarios de la violencia. Si el acopio de tierras fue hecho con medios ilegales, allí está el fondo de tierras para la reforma agraria, sin necesidad de expropiar ni violentar ningún derecho legítimo. Basta con aplicar la ley y desconocer los falsos derechos que dieron origen a los títulos inmerecidos de los que gozan los grandes acumuladores de tierra, que la secuestraron para expulsar al campesinado. Es mejor olvidar la falsa salida de pretender comprar a precios comerciales las tierras ofrecidas por ganaderos al Gobierno y la fácil disculpa de pretextar que se fracasa en esa tarea porque la ley hace engorrosa la compra y que debe cambiarse la ley para simplificar los trámites.

La reforma constitucional que reconoció los derechos del campesinado a la tierra tiene como garantía de esos derechos la obligación del Gobierno de aplicar las leyes agrarias en su beneficio. Si el presidente Petro no lo hace, que Dios y la patria se lo demanden, como dice el juramento que hizo al posesionarse como presidente. Los campesinos piden simplemente que se cumpla la ley. El país se los debe.

LA HORA DE LA REFORMA AGRARIA

La hora de la reforma agraria

Alejandro Reyes Posada

26 de junio de 2023 – 09:05 p. m.

El Espectador

Con la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos se completa el equipamiento necesario para la reforma rural integral, que debe reorientarse para que despegue en profundidad. El mercado de tierras no va a aportar la extensión necesaria para repartir tres millones de hectáreas y es necesario acudir a los procesos agrarios para acopiar el fondo de tierras, que debe crecer hasta los 10 millones si se quiere afectar la distribución de la tenencia en el país.

Las fuentes son muchas. La más importante es que los baldíos ilegalmente apropiados con títulos no consolidados se recuperen para el fin establecido en la ley agraria, que es la distribución a los sujetos de reforma agraria. Esa recuperación debe hacerse con inteligencia geográfica, en dos grandes arcos: desde Urabá al Catatumbo, el primero, pasando por el Magdalena Medio, y en el piedemonte de la cordillera Oriental, desde Arauca al Putumayo, el segundo.

Otra fuente importante para asignar baldíos es la sustracción de las áreas colonizadas en la reserva forestal de la Ley 2 de 1959, que las saca de la condición de reservadas y las convierte en adjudicables, para formalizar a los campesinos ocupantes desde hace décadas. Una tercera fuente es la extinción del dominio de tierras que se mantienen ociosas en espera de valorización, sin indemnización, por el incumplimiento de la función social de la propiedad. Aunque en menor extensión, están las tierras extinguidas al narcotráfico, así como los remanentes que siguen en cabeza de la Agencia de Tierras en el fondo agrario, que quedaron como remanente de la reforma agraria.

Para hacer posibles las medidas anteriores es necesario fortalecer la Agencia Nacional de Tierras con un sólido equipo de abogados especializados en derecho agrario y usar el acopio de información sobre tierras acumulada por la UPRA, la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. La reforma rural tiene enfoque territorial y eso significa que las políticas deben focalizarse para atender la naturaleza propia de cada territorio, distinto a los demás.

Los actores sociales de la reforma social son los campesinos, los indígenas y las comunidades negras y palenqueras, y el Gobierno debe concertarla con las organizaciones de base de cada territorio, dado que no existen organizaciones capaces de representar a los futuros beneficiarios de la reforma.

A diferencia de las otras reformas propuestas por el Gobierno Petro, con riesgo de hundirse en el trámite sin mayorías parlamentarias, la reforma rural ya está aprobada como parte de la paz con las Farc, ya tiene un decreto-ley para hacerla operativa y cuenta, para impulsarla, con una ministra dinámica y orientada a resultados, que se ha comprometido desde hace tiempo con los campesinos y las minorías étnicas.

LA AUTOPRODUCCIÓN DE LA SOCIEDAD

La autoproducción de la sociedad

Alejandro Reyes Posada

12 de junio de 2023 – 09:05 p. m.

 El Espectador

Cada sociedad se produce a sí misma siguiendo sus grandes orientaciones culturales y resolviendo sus conflictos sociales. La sociedad es una creación colectiva y la capacidad para transformarse difiere entre las distintas sociedades según su grado de historicidad, es decir, su capacidad de cambiar conscientemente según nuevas orientaciones culturales y conforme a las maneras como resuelvan sus grandes conflictos sociales.

Las orientaciones culturales se definen según la episteme o modelo de conocimiento, el modelo económico o de inversión, y el modelo ético que depende de la concepción del sujeto. En una sociedad agraria, por ejemplo, prevalece el conocimiento tradicional sobre cultivos y ganadería, la riqueza se mide en tierras y rebaños, y la ética justifica la diferencia entre propietarios y campesinos sin tierra. En la sociedad industrial, la ciencia define el modelo de conocimiento, la inversión se concentra en la empresa, sea capitalista o estatal, que acumula los medios de producción, y la ética se identifica con la ganancia, que segrega a ricos y pobres, ganadores y perdedores.

Los conflictos sociales oponen a grupos que coinciden con las grandes orientaciones culturales de la sociedad, pero difieren sobre la distribución de costos y beneficios de la relación, como sería el caso de empresarios y trabajadores, terratenientes y campesinos, privilegiados y excluidos. Los movimientos sociales reúnen a quienes quieren cambiar su posición relativa en las grandes relaciones de la sociedad, como son los casos del movimiento obrero, los movimientos campesinos y étnicos, el movimiento estudiantil, que se enfrentan a las estructuras de poder establecidas cuyos voceros se oponen a los cambios sociales para defender sus posiciones.

Las anteriores son las ideas principales que sirvieron al sociólogo francés Alain Touraine, quien murió la semana pasada a los 97 años, para marcar su huella en el pensamiento social contemporáneo.

Si se mira a Colombia con sus ideas, es claro que el triunfo de Gustavo Petro representa un movimiento social que busca cambiar parcialmente las grandes orientaciones culturales que jalonan la autoproducción de la sociedad colombiana: la episteme o modelo de conocimiento, para extender la ciencia hacia el pueblo, como recurso común de libre acceso; que también quiere ajustar el modelo de inversión hacia la superación de los combustibles fósiles y la industrialización de la economía popular del campo y las ciudades; y que trae una nueva ética de reconocimiento de la dignidad de los humildes y excluidos, para superar el clasismo y el racismo, de la mano con Francia Márquez. Petro ha tenido éxito en señalar la agenda de los grandes cambios culturales, pero no ha sabido enfrentar los conflictos sociales que justifican y provocan estos cambios.

Petro, y en esto lo acompaña el país, debe vencer a las mafias armadas del multicrimen, debe ser capaz de superar la resistencia de los gremios a las reformas sociales y debe mover las capacidades de ejecución de las instituciones, que parecen paralizadas ante el ruido que generan las disputas ideológicas y las rencillas de cocina de su círculo de poder. Solo así podrá navegar con éxito la ola de expectativas y frustraciones de su ascenso al poder y evitar su caída, que sería un retroceso en la autoproducción de la sociedad colombiana. El presidente, que lidera los debates de fondo, debe dotarse de un eficiente aparato de coordinación y ejecución de políticas públicas en la oficina de la Presidencia, para que cada palabra de los discursos se convierta en hechos de gobierno que transformen la vida de la población. El poder se escurre por la grieta que se abre cuando difieren las palabras y los hechos.

EL IMPERIO DE LA LEY AGRARIA

El imperio de la ley agraria

Alejandro Reyes Posada

15 de mayo de 2023 – 09:05 p. m.

El Espectador

El mayor despojo de tierras en la historia colombiana ha sido la apropiación ilegal de los baldíos, cuya destinación era el reparto de tierras a campesinos sujetos de reforma agraria. Despojo agravado cuando las tierras no se usan para la producción sino para la valorización. A comienzos del siglo XX la mayor parte de las tierras eran baldías, con excepción de las estructuras de propiedad consolidadas de las haciendas cercanas a las ciudades —comunicadas por la incipiente red de carreteras— y del minifundio andino heredero de los resguardos indígenas.

La ley de reforma agraria previó que la ocupación de los nuevos territorios se hiciera de manera ordenada, asignando derechos de propiedad por adjudicación a los colonos que las cultivaran; eso explica que en un siglo el Estado hubiera entregado un poco más de 25 millones de hectáreas. Si se hubiera cumplido la ley, no tendríamos un problema de desigualdad tan severo como el que tenemos. El secreto es que en el proceso de ocupación y titulación hubo un cambiazo generalizado, pues antes de la formalización los colonos vendieron sus derechos de ocupación para habilitar a los compradores extensivos como beneficiarios de las adjudicaciones, o, como ocurrió en la costa Caribe, los ganaderos usaron al campesinado, sometido al arriendo y la aparcería, para desmontar las selvas y transformarlas en potreros, y ese campesinado fue expulsado masivamente cuando el Gobierno Lleras hizo aprobar la Ley 1 de 1968, que prometía titularla a los campesinos arrendatarios.

Como resultado de esta historia, el derecho agrario contempla los modos de arreglar el problema de la concentración de la propiedad en manos de los señores de la tierra y de la guerra, que comienzan con el proceso legal de la clarificación del dominio, que distingue la propiedad privada consolidada de la que ha sido titulada fraudulentamente, por ejemplo, con sentencias de pertenencia sobre tierras que no tienen antecedentes de propiedad en el registro, o sea, baldías, que son imprescriptibles. Cuando ese es el caso, procede el proceso de recuperación de los baldíos para conformar el fondo de tierras para campesinos.

Las otras dos fuentes grandes de tierras proceden de la extinción del dominio, por el principio constitucional de la función social de la propiedad, cuando las tierras se mantienen ociosas en espera de capturar las rentas creadas por la infraestructura pública y de la extinción del dominio de tierras adquiridas con recursos ilícitos como el narcotráfico y la corrupción. Pero las tres fuentes para acopiar las tierras de la reforma agraria exigen un serio compromiso del Ministerio de Agricultura, cuya capacidad fue desmantelada durante los gobiernos de Santos, bajo la cartera de Aurelio Iragorri, quien la sustituyó por un sistema de peajes para captar coimas, y durante el gobierno de Duque, quien no tuvo interés en cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz, que era la paz con los campesinos.

La oferta de tierras de los ganaderos de Fedegán tenía el costo implícito de renunciar al uso de los instrumentos legales de acopio de tierras y su virtual fracaso explica el reemplazo de la ministra Cecilia López por Jhenifer Mojica, quien, siendo subgerente de Tierras del Incoder cuando lo dirigía Miriam Villegas, se atrevió a encarar a los grandes acaparadores de tierras en el Magdalena Medio y la altillanura del Meta y Vichada, para recuperar los baldíos para campesinos. Es obvio que se enfrentará a intereses poderosos, pero resolver los conflictos agrarios exige que el Gobierno aplique las leyes favorables a los campesinos, aunque tenga que plantar cara a los acaparadores ilegales. Dura es la ley, pero es la ley.