LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE TERRITORIAL

Publicado en EL ESPECTADOR el 1 de mayo de 2020

Todas las políticas públicas tienen una dimensión territorial y deben focalizarse en la geografía concreta de los barrios, veredas y localidades, cuyas situaciones y problemas críticos son particulares a cada uno, aunque compartan características de sus territorios. Colombia tiene unas regiones integradas al mercado nacional, articuladas a una malla de grandes y medianas ciudades, rodeadas de una periferia poco integrada, que recibe menos inversión pública, está peor comunicada y tiene, por tanto, mayores barreras de acceso a los mercados, mayores costos de transporte y menor competitividad para ganarse la vida y generar servicios e ingresos para las familias.

El mercado, por su naturaleza, es concentrador y excluyente, pues las tasas de ganancia son mayores en las grandes aglomeraciones de población y, dentro de ellas, en los sectores de mayores ingresos, y menores en la población rural dispersa, menos rentable al proveerle bienes y servicios. La ideología del mercado, dominante en las últimas cuatro décadas, ha sido el neoliberalismo, que avasalló los espacios del Estado como regulador de la economía, desmanteló las economías nacionales a favor de la globalización, a su vez la ideología del capital financiero que controla las multinacionales, y el resultado ha sido que el uno por ciento de los más ricos concentre el ingreso del cincuenta por ciento de la población mundial.

La pandemia del coronavirus, por su facilidad de contagio y su letalidad, ha frenado los mercados, tanto en la oferta productiva como en la demanda, ha congelado las transacciones económicas, ha replegado las nuevas inversiones y ha provocado una recesión mundial que frenó el crecimiento, puso en jaque la globalización y la cooperación internacional y amenaza con la hambruna a los que solo tienen su trabajo diario para sobrevivir.

La pandemia es una prueba ácida que pone al desnudo la incapacidad de un Estado desmantelado, con la salud privatizada, penetrado por las mafias, en manos de contratistas que obtienen rentas privadas como retribución por su financiación de las campañas políticas, donde las personas más ricas, según el último estudio de Luís Jorge Garay sobre desigualdad, pagan solo el 2.4% de sus rentas en impuestos y los grandes dueños de la tierra no retribuyen a los municipios el costo de oportunidad del monopolio que impide a los campesinos el acceso a la tierra productiva.

Colombia creó un frágil sistema de asistencia social a raíz de la pequeña recesión de 1999, con el Sisben, Familias en Acción, Adulto Mayor, programas para la infancia como el ICBF, con todos los problemas de registro y focalización imaginables, pero que sirven como infraestructura mínima para desplegar apoyos vitales a la población en situación de precariedad. Como esa nueva clase social del precariato, que ni siquiera tiene el beneficio de ser explotada como clase obrera por estar en el rebusque de la informalidad, va a crecer exponencialmente por la pandemia, es necesario pensar en un escalamiento muy grande de la asistencia social, no basada en grandes plataformas nacionales como las mencionadas, sino controladas desde los territorios y localidades, de abajo hacia arriba, para que los pobladores de cada

vereda, corregimiento, municipio y territorio puedan asistir a quienes lo necesiten y nadie se quede por fuera de los soportes esenciales para la supervivencia.

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LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA VIDA Y LA MUERTE

Publicado en EL ESPECTADOR el 17 de abril de 2020

Una pandemia es una amenaza de muerte indiscriminada que nos confronta con la posibilidad de nuestro propio final. La gestión de la muerte es, en primer lugar, un asunto personal, pues cada uno trata de aislarse del contagio al reducir al mínimo los contactos con la comunidad, convertida en la fuente del peligro. Al vivir en sociedad, la amenaza de muerte se vuelve el problema colectivo más importante y la respuesta es la gestión política de la epidemia, que revela, como una radiografía, las formas dominantes de gestión de la vida y la muerte. El debate, en esencia, es cuáles vidas salvar y cuáles sacrificar, en nombre de un bien mayor, la supervivencia de la comunidad.

El coronavirus que se extendió por el planeta podrá matar a los viejos, los enfermos crónicos, los que sufren desnutrición, los confinados en cárceles, asilos y hogares de ancianos, los que no cuentan con servicios de salud adecuados, y los que dependen del rebusque informal para sobrevivir. Están en alto riesgo de morir los médicos y enfermeras que no tengan los elementos de protección adecuados para estar en contacto directo con los infectados, como empezó a suceder.

En el mundo se perfilan dos estrategias distintas para enfrentar la pandemia: las medidas disciplinarias de confinamiento y aislamiento obligatorio de toda la población, con excepción de los servicios esenciales de alimentación, transporte, salud y seguridad, por un lado, y las medidas de vigilancia epidemiológica con tests generalizados y rastreo cuidadoso de los contagiados para aislarlos e impedir que infecten a otros, como en Japón, Singapur, Taiwán y China después del confinamiento inicial para aplanar la curva de contagios.

En ambas estrategias los gobiernos asumen poderes para controlar los cuerpos, impedir aglomeraciones, obligar a usar mascarillas y aumentar distancias entre las personas, y sobre todo lo anterior aumentan su capacidad para rastrear la ubicación y movimientos de los ciudadanos, controlar sus interacciones y sus gastos, e impedir las acciones colectivas que supongan reuniones de la comunidad. En estas circunstancias, el poder se concentra en la cúpula política y se vacía de las manos los ciudadanos, y el temor generalizado es que, después de pasada la pandemia, los gobiernos no quieran ceder el nuevo poder adquirido en la emergencia y lo quieran usar para hacer más exigua la democracia, que descansa en las mayorías.

Es una paradoja que en Colombia y muchos otros países se hubiera extendido desde noviembre del año pasado un movimiento de protestas ciudadanas para exigir mejores políticas sociales, que convocaron aglomeraciones en plazas y calles, mientras se expandía desde China el virus que nos obligaría a aislarnos y disolver las protestas en el confinamiento obligatorio, para dejar al Gobierno las manos libres para enfrentar la pandemia y la depresión económica como única prioridad. La agenda de cambios estructurales que los jóvenes, los movimientos territoriales, las minorías étnicas y los sindicatos querían poner sobre la mesa quedó relegada ante la gestión política de la epidemia, que, en últimas, es la decisión del Gobierno de quiénes viven y quiénes mueren.

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LA GUERRA MUNDIAL CONTRA EL VIRUS

Publicado en EL ESPECTADOR el 20 de marzo de 2020

Cada ser se complace en su ser, dijo Platón, y el virus no es distinto. Encontró en los humanos su medio ideal de propagación y ahora nos corresponde, como especie, detenerla. El antecedente inmediato de una gran pandemia, la mal llamada gripa española, en 1918, mató a cerca de cuarenta millones de personas en el mundo, en especial adultos jóvenes sin inmunización. Europa estaba devastada por la primera guerra mundial y eso impidió que los gobiernos actuaran para contener la epidemia.

Si se extrapola lo que ocurrió en China, se puede calcular una afectación del uno por ciento de la población mundial en los próximos meses, unos setenta millones de contagios, de los cuales una quinta parte tendrá síntomas graves, que amenazan la vida si no hay asistencia médica intensiva. La afectación será diferenciada por edades, estado de salud, ingresos y condiciones de vivienda y transporte. Los peor librados serán los mayores de ochenta, con una tasa de mortalidad probable del cuarenta por ciento, y los de setenta, con una mortalidad del ocho por ciento. Los mejor librados serán los niños y jóvenes, según la edad, y los campesinos aislados, con menores probabilidades de transmisión, comparados con los pobladores urbanos de alta aglomeración.

El virus cambió de inmediato todas las prioridades, que ceden su puesto a la salud pública. Se aceleran los cambios de comportamiento, empezando por todas las actividades presenciales que reúnan grupos de personas, como la educación, el trabajo en fábricas y oficinas, el transporte colectivo, los servicios, los deportes y la cultura, y hasta el entretenimiento, incluido el Congreso. Se cierran las fronteras de países y ciudades y, en los casos más graves, se ordena el confinamiento en casa.

La única verdadera línea de defensa colectiva es impedir la movilidad fuera del hogar para disminuir el contagio, pues la mayor parte de los portadores no saben que lo están distribuyendo, pues son asintomáticos. Por eso el crecimiento de los casos es exponencial, y quienes tienen los síntomas son quienes menos contagian, pues ya están aislados. La cuarentena obligatoria de todos los viajeros que lleguen del exterior es indispensable y el toque de queda de los alcaldes elimina las actividades recreativas nocturnas, que no son esenciales para la vida. Cuanto antes se ordene el confinamiento general, salvo los servicios esenciales, más vidas se salvarán, y cuanto más tarde se ordene, más rápido se va a perder la guerra contra la pandemia, y los costos se multiplicarán.  Cada día de tardanza se debe medir en muertos.

El coronavirus es la prueba de fuego para medir la calidad del liderazgo de los gobernantes. Todos tienen frente a sí decisiones con profundas implicaciones éticas: ¿cómo distribuir costos y pérdidas entre el capital y la población? ¿cómo compensar a quienes viven de la informalidad, que depende de la afluencia del público? ¿cuáles grupos de población serán salvados y cuáles serán dejados a su suerte frente a recursos hospitalarios escasos? Una vez pasada la emergencia quedará en claro el nuevo panorama de perdedores de la pandemia, que afectará desproporcionadamente a los más vulnerables y desprotegidos por el Estado y sus sistemas de seguridad social.

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LA HIBERNACIÓN DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL CAMPO

Publicado en EL ESPECTADOR el 3 de abril de 2020

El período de hibernación al que entró la economía del mundo traerá una contracción simultánea de la producción y el comercio global, con una crisis de oferta y demanda que afectará el empleo, frenará la ilusión del crecimiento indefinido en un planeta con recursos finitos, aumentará la pobreza y traerá posibles explosiones sociales para cambiar estructuras de poder que no sirvan para superar la crisis social que se avecina.

Es muy posible que las democracias liberales, hoy dominadas por el capital financiero de alcance global, frenen el proceso de globalización neoliberal para acelerar el paso a la regionalización nacionalista de las tres potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia y China, que se reparten sus áreas de influencia en conflicto unas con otras. Muchas economías nacionales tendrán que replegarse sobre sí mismas y descansar en sus fortalezas competitivas, asegurando los bienes fundamentales para su seguridad alimentaria y el sostenimiento de la población, que se hunde en la precariedad al no ser absorbida por la economía.

En la nueva economía post-crisis, Colombia no es competitiva en tecnología, producción industrial o hidrocarburos, no tiene una fuerza de trabajo calificada ni disciplinada, y la única ventaja competitiva es su dotación de tierras productivas y agua, que la podrían convertir en un jugador importante en la producción de alimentos para el resto del mundo. Los recursos naturales no bastan para aprovechar esta ventaja si no se resuelven problemas fundamentales del desarrollo del mundo rural, comenzando por un sistema claro y seguro de derechos de propiedad sobre la tierra, aquejados por los dos extremos de un gran campesinado arrinconado en tierras informales y una minoría rentista que acapara, muchas veces de manera ilegal, la mayor parte de la tierra productiva y que no tributa lo que debería para financiar los servicios de los municipios.

Si el país quiere aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece la contracción y posterior recuperación de la economía para enrumbar el modelo de desarrollo sobre los fundamentos de su verdadera competitividad, es hora de tomar en serio al mundo rural y de integrar la periferia descuidada a la producción de alimentos, para lo cual existe la ruta trazada en el acuerdo de paz, que, por ser un país tan diverso en sus regiones, le dio énfasis al enfoque territorial del desarrollo rural, para que los territorios sean competitivos por su localización, sus recursos naturales, las capacidades de su población y los bienes públicos necesarios para lograrlo. La mitigación del cambio climático exige además parar la deforestación que expande innecesariamente la frontera agraria, reducir el área de ganadería extensiva y aumentar la productividad de la agricultura campesina y empresarial y sus canales de comercialización, mejoramiento tecnológico y financiación.

El desarrollo rural post-pandemia debe superar el trauma masivo del conflicto armado y para ello debe invertir más donde la guerra desplazó y confinó a la población campesina, donde se destruyó la economía y el tejido social y donde el poder estatal fue reemplazado por el crimen organizado que explota mercados ilegales, que son las regiones donde operan los programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-.

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EL EXTERMINIO POR SED DE LOS WAYUUS

Publicado en EL ESPECTADOR el 6 de febrero de 2020

Todo el discurso sobre la defensa del ambiente en Colombia se estrella contra realidades en la Guajira, donde un pueblo milenario como los Wayúu, experto en sobrevivir con muy poca agua, se opone a que la empresa multinacional  Carbones del Cerrejón desvíe el Arroyo Bruno, que nace en los Montes de Oca y es afluente del río Ranchería en la media Guajira, porque está acabando con los escasos bosques secos que sobreviven entre los municipios de Albania y Maicao, con la pesca y el agua para sus rebaños de cabras y ovejas, de los que derivan su alimento. El arroyo es el afloramiento de un importante acuífero que Carbones del Cerrejón está secando para dar paso a la extracción de un filón de carbón que quiere explotar antes de que venza su concesión.

En 2016 Corpoguajira, sin consultar con las comunidades afectadas, otorgó a Carbones del Cerrejón el permiso para desviar el arroyo y hacer otro artificial, por el que no corre el agua, y tuvo que ser la Corte Constitucional quien ordenara la suspensión de las obras de desvío, mediante sentencia 698 de 2017, ostensiblemente incumplida por la empresa. Sin importar el pronunciamiento de la Corte, la empresa construyó un tapón para secar el arroyo y el agua dejó de correr por él, con la consecuente muerte de árboles y biodiversidad y la crisis de abastecimiento para 34 comunidades Wayúu y algunas afrodescendientes que dependen del arroyo para vivir. Esta crisis del agua se suma al prolongado verano atípico de la Guajira, pues la escasa lluvia dejó de caer durante cuatro años, agravando la crisis alimenticia y de desnutrición infantil que ha soportado el pueblo Wayúu.

Si el conflicto entre un pueblo milenario indefenso y una poderosa multinacional resulta en el exterminio por hambre y sed de los indefensos y la captura desesperada de ganancias de la empresa, entonces ese pueblo indígena no tiene un Estado que lo proteja y esa multinacional no tiene uno que la regule. El taponamiento del arroyo también dice mucho sobre la debilidad y corrupción de la autoridad ambiental de Corpoguajira, pero aún más grave, dice que las decisiones de la Corte Constitucional en defensa de los derechos fundamentales de los Wayúu valen poco frente al sagrado derecho de la multinacional carbonífera de seguir agravando la contaminación atmosférica del planeta antes de que el mundo logre hacer la transición a una economía libre de gases de efecto invernadero.

Colombia es campeón mundial en conflictos socioambientales, pero el causado por desviar un importante arroyo del desierto, donde el agua es la supervivencia, para sacar el carbón que duerme bajo su lecho, a cambio de un puñado de dólares para girar a los accionistas del exterior, a costa de un pueblo que vive al límite del hambre y la sed y aún así reclama su dignidad, es el conflicto que une los dos extremos de la catástrofe climática: la pérdida irremediable del agua para sobrevivir para seguir enviando a la atmósfera los gases de carbono que terminarán volviendo irreversible la extinción de la humanidad.

En vez de tanto desprecio, Colombia debe valorar el conocimiento ancestral que ha permitido a los Wayúu sobrevivir en el mundo futuro de la escasez del agua, que algún día afectará grandes regiones del planeta. Si no se obliga a la empresa a destaponar el arroyo que ilegal y abusivamente taponó, y restaurar el ecosistema que dañó, será tarde para aprender de supervivencia de los maestros del desierto porque habrán desaparecido.    

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DEJAR ATRÁS LA AGENDA DE URIBE Y ABRAZAR LA DEL NUEVO PAÍS

Publicado en EL ESPECTADOR el 13 de diciembre de 2019

Durante más de medio siglo la dirigencia política de Colombia prefirió afrontar una guerra de guerrillas de baja intensidad, propia de la guerra fría que se libró en Latinoamérica desde la revolución cubana, porque ese conflicto armado les permitió disfrutar de una zona de confort, protegida por los militares, en la que pudieron preservar una estructura económica rentística y contener las presiones de cambios sociales tan elementales como la reforma agraria, con el espectro de la infiltración guerrillera como fantasma que justificó todas las formas de represión, legales e ilegales, que culminaron en el paramilitarismo.

La degradación de esa guerra domesticada, que produjo el desastre humanitario de ocho millones de víctimas, llevó a los sectores más modernos de la dirigencia política a plantear el camino de la paz con una apertura hacia le justicia social, empezando con la reforma rural integral para pagar una deuda histórica e incorporar la periferia olvidada, hoy en manos de bandas criminales.

Se logró llegar al acuerdo de paz, pero se perdió la batalla política de unificar al país en un gran consenso para crear las condiciones básicas para hacerla realidad, y el día de la derrota fue el triunfo del NO en el referendo aprobatorio de la paz. La gran equivocación política de las FARC fue mezclar una negociación reservada entre las partes, como se había acordado en la fase secreta, con una campaña electoral para publicitar su ideología y propuestas de redención del pueblo, totalmente desenfocada de la realidad, con la que saturaron la opinión y le sirvieron en bandeja de plata el terreno de juego al más formidable manipulador de la realidad, Álvaro Uribe Vélez, que se topó con la herramienta poderosa de las redes sociales para defender al país del fantasma monstruoso de las FARC en el poder. Fue pelea de tigre con burro amarrado, y el tigre logró convencer a la mitad del país de que el burro venía a quitarles la propiedad, a destruir a las familias y acabar con la democracia y la economía, como sucedió en Venezuela.

Con ese enorme capital político del triunfo del NO, resultó fácil a Uribe llevar a Iván Duque al poder, como su instrumento para frenar el cumplimiento del acuerdo, empezando por la reforma rural, y renovar el conflicto con Venezuela, al son de las bravuconadas de Donald Trump, mientras el país paga el costo de recibir la migración, acelerada por el embargo y aislamiento económico del régimen de Maduro.

 Esa, sin embargo, no es la verdadera agenda del país. La verdadera agenda comienza a desplegarse desde el desarme del espectro de las FARC, que trajo una apertura política que permitió el triunfo de gobernadores y alcaldes alternativos en las elecciones regionales, que llegaron al poder por el cansancio con la corrupción de la clase política tradicional y emergente,  continúa con el paro estudiantil y la protesta generalizada de los jóvenes, y se ampliará el año entrante con los paros campesinos, las mingas indígenas y los paros territoriales, para formar un concierto de voces que planteen los verdaderos problemas de cuya solución depende su vida actual y su futuro. 

El presidente Duque tiene la oportunidad de liberarse de la agenda de odio y venganza de Uribe, que derrumbó su aceptación pública, y de liderar al país en las reformas reclamadas en la movilización nacional, para reconciliar al país, recuperar el territorio de grupos criminales y comenzar a cerrar la brecha de oportunidades que amenaza el futuro de la nueva generación, que perdió el miedo y no dejará de expresar su indignación hasta que el presidente escuche y entienda.  

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LA DEFENSA DE TERRITORIOS EN EL CAUCA

Publicado en EL ESPECTADOR el 1 de noviembre de 2019

Las comunidades indígenas y afros del norte del Cauca están en contra del narcotráfico y de la minería ilegal porque destruyen y contaminan su territorio, erosionan sus cabildos, concejos comunitarios y autoridades y frustran sus esfuerzos para lograr una buena vida. Ellos se ilusionaron con la desmovilización de las Farc, con quienes habían logrado negociar su supervivencia, pero desde entonces han visto cómo aumenta el genocidio por parte de la disidencia y las bandas rivales, sin que el gobierno y la justicia puedan contenerlo y revertirlo. Seguir leyendo

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LA RESPONSABILIDAD PERSONAL EN CRÍMENES COLECTIVOS

Publicado en EL ESPECTADOR el 4 de octubre de 2019

Cuando se juzga la responsabilidad personal de un individuo que participó en crímenes cuya ejecución requirió la colaboración de una organización compleja, como una guerrilla o un ejército, surgen cuestiones morales de hondo calado que son muy difíciles de resolver. De entrada, hay que descartar los criterios que tienden a difundir la responsabilidad individual con la afirmación de que todos los miembros son culpables del resultado, pues cuando todos lo son nadie lo es. Tampoco el contexto de las acciones sirve de criterio moral para atribuir o negar responsabilidades, aunque sirva para limitar las opciones o incluso exculpar ciertas conductas, como matar en defensa personal, que es lícito en la gran mayoría de legislaciones. Seguir leyendo

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EL IMPUESTO AL ALMACENAMIENTO DE CAPITAL EN TIERRAS

Publicado en EL ESPECTADOR el 26 de julio de 2019

Algunos años antes de su muerte, le pedí a don Hernán Echavarría Olózaga una página en la que expresara su opinión sobre el impuesto a la tierra y en la siguiente visita me entregó la que hoy publico, como contribución póstuma suya al debate que debe iniciarse al hacer el nuevo catastro multipropósito con el que se empieza a implementar la reforma rural del acuerdo de paz. En una magistral síntesis, dice don Hernán: Seguir leyendo

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LA REFORMA RURAL EN LOS TERRITORIOS ES LA RUTA DE LA PAZ

Publicado en EL ESPECTADOR el 23 de agosto de 2019

La reforma rural con enfoque territorial es un cambio de paradigma del desarrollo rural, que se debe concibir como el desarrollo de los cien territorios del país, definidos geográficamente, que tienen distintos grados de competitividad según sus recursos naturales, infraestructura, conexión con mercados y capacidades de su población. Seguir leyendo

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