Pagar para construir futuro
24 de julio de 2023 – 09:05 p. m.
El Espectador
Pagar por no matar es, bajo cualquier criterio, una mala idea. Es muy fácil de caricaturizar si se piensa en su consecuencia lógica: hay que tener como oficio matar para que el Estado ceda al chantaje y pague para que no maten. ¿Y los jóvenes que quieren labrarse un futuro sin matar a nadie ni pertenecer a las pandillas criminales? ¿Ellos no califican para el pago?
La discusión no puede reducirse a esos simplismos, porque ahí termina el debate. Sin embargo, hay una larga tradición colombiana en la que el Estado paga a los integrantes de organizaciones violentas que han renunciado a las armas para facilitarles su sostenimiento y reintegración a la sociedad, con programas de reeducación y oportunidades productivas, que han funcionado bien. También hay muchas instituciones que capacitan a jóvenes campesinos para que puedan emprender proyectos productivos, entre las que se destaca la Universidad de la Salle con su proyecto Utopía en Yopal (Casanare), que desde 2010 convoca a jóvenes de las regiones de violencia y los capacita en convivencia, solución de conflictos, técnicas agropecuarias sostenibles y emprendimiento.
Los jóvenes pandilleros urbanos son parte de una nueva generación cuyos padres fueron desplazados del campo por procesos de violencia y despojo, a quienes les robaron su futuro y frustraron sus planes de vida. El campo que sus padres y abuelos tuvieron que abandonar se está quedando sin jóvenes, en manos de viejos y niños, y es urgente renovar la pirámide de edades con población joven en edad productiva para activar la producción agraria y el desarrollo rural.
Para comenzar a revertir esta tendencia puede diseñarse un programa de acceso a tierras para parejas jóvenes urbanas, tomadas de la población de las barriadas pobres que no encuentran oportunidades en las ciudades y que, al contrario, son objeto del reclutamiento en el mundo delincuencial, para ofrecerles una alternativa que los vuelva productores con derechos y con activos productivos. El millón de pesos pensado para sacar a jóvenes de las pandillas puede ser el aporte inicial de sostenimiento, mientras la parcela adjudicada se vuelve productiva, con acompañamiento del Estado. El SENA tiene programas muy eficientes de capacitación de técnicos agropecuarios y de todos los oficios adicionales que requiere el campo, como mecánicos, electricistas y expertos en sistemas.
La vida comunitaria rural es profundamente sanadora y civilizadora, como saben quienes la viven, retirados del estrés y la competencia salvaje de las grandes ciudades. En ella se imponen la solidaridad, la reciprocidad y el buen trato entre vecinos, pues son valores indispensables para la convivencia amable y productiva. El solo contexto rural es profundamente terapéutico para ofrecer un nuevo comienzo a los jóvenes traumatizados por la violencia de las pandillas.
La promesa de titular tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con muy poca tiene tres categorías de potenciales beneficiarios: primera, los productores campesinos sin tierra; segunda, los que tienen muy poca para salir de la pobreza y requieren más tierra para lograrlo; tercera, las nuevas familias campesinas que no caben en la parcela familiar, si la tienen. A estas se puede añadir una cuarta categoría: los jóvenes urbanos de primera o segunda generación que cayeron en el rebusque delincuencial de las pandillas y quieran disponer de tierra para emprender proyectos productivos, a quienes el Estado podría amparar de manera efectiva dándoles una parcela de tierra, facilidades productivas y conexión a internet, pues sin esta no podrían aprovechar el mundo de relaciones económicas y conocimientos necesarios para ser competitivos. No sería pagar para que no maten, sino para devolverles el futuro que la sociedad les robó con la expulsión de sus padres del campo.
Alejandro Reyes Posada 